POR: EDGARD NORBERTO “BETO” LAJO PAREDES
Empezaremos diciendo que fue un acierto del diputado Luis Aurelio Masco Cáceres, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos de la Cámara de Diputados, para el periodo 2026-2027, realizar en Mollendo, su tierra natal, la primera audiencia pública descentralizada, el viernes 9 de octubre de 2026.
Cuando asumió la presidencia de la comisión parlamentaria, señaló que “hará respetar la Constitución que consagra el derecho de los usuarios y consumidores a ser defendidos por el Estado, a recibir información sobre los bienes y servicios que adquieren y utilizan, así como a velar por la salud y seguridad de la población, mediante la fiscalización tanto de las empresas proveedoras como de los organismos fiscalizadores del Estado”. Continuó: “La población es nuestra prioridad. No nos temblará la mano para fiscalizar y proponer las mejores alternativas de solución, enfrentando la problemática, las trabas legislativas y burocráticas que impiden que los usuarios gocen de un servicio de calidad”.
En la audiencia de Mollendo se expusieron los problemas de abastecimiento de agua, electricidad, telecomunicaciones, fiscalización ambiental y servicios básicos, con la participación de entidades como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Sedapar, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Vivienda, SEAL, Defensoría del Pueblo y el sector Producción (pesca).
Al término del evento, el padre de la patria anunció haber concertado reuniones ministeriales programadas para los días 19, 21 y 28 de octubre de 2026, con el fin de atender las demandas específicas de la provincia de Islay. En ellas se desarrollarán mesas de trabajo con el Ministerio de Vivienda para abordar los problemas de agua y saneamiento; con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Programa Subsectorial de Irrigaciones, a fin de tratar el proyecto de la represa Arapacota; y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para tocar temas de infraestructura vial.
Luego dijo algo importante: realizar una audiencia similar a los tres meses. También gestionará una reunión conjunta con las comisiones de Desarrollo Agrario, Energía y Minas, y Defensa del Consumidor, en Mollendo. Sería histórico que se haga realidad. Ante estos inminentes eventos, corresponde a los gobiernos locales, instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Islay prepararse para, en tales futuras audiencias, presentar documentos previamente elaborados sobre problemas, necesidades y aspiraciones, con antecedentes, estadísticas, alternativas, costos e implicancias legales, y alcanzarlos a las comisiones parlamentarias asistentes.
Resaltamos la participación de los alcaldes distritales Fernando Camargo, de Deán Valdivia, e Irwin Santoy, de Islay (Matarani). El primero emplazó al OEFA y a la Fiscalía. Preguntó: “¿Qué hemos obtenido?”. Se respondió: “¡Nada!”. Exigió compromisos reales. El segundo informó: “Mantener plantas de tratamiento cuesta S/ 300 mil” a la municipalidad; pidió “revisar las disposiciones que condicionan la ejecución de obras de saneamiento”.
Después de la audiencia pública descentralizada, ¿qué? Es de suma necesidad conformar una comisión de seguimiento de lo tratado en el referido evento, integrada por autoridades ediles, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, con la tarea de mantener comunicación permanente con el diputado Masco. De esta forma, asegurar que se cumpla con lo planteado, según las funciones y competencias de las entidades públicas, obtener respuestas en tiempo prudente y evitar frustraciones.
