El proyecto de saneamiento destinado a la provincia de Islay, que años atrás tomó el nombre de Proyfe, continúa sin avances en su fase técnica y administrativa. La Contraloría publicó este martes el Informe de Hito de Control N.° 053-2026-OCI/5303-SCC, en donde señala que la vigencia del convenio firmado en 2016 con la empresa minera Southern Perú impide transferir la ejecución de la obra a favor de Sedapar y de la minera Cerro Verde para impulsar el nuevo proyecto de trasvase de las aguas del río Chili hacia Islay.
CONVENIO DE 2016 IMPIDE TRANSFERENCIA DEL PROYECTO
El informe técnico detalla la imposibilidad legal que afronta el Ministerio de Vivienda para reasignar la Unidad Ejecutora del proyecto. Mientras Sedapar propuso canalizar el expediente técnico a través del Octavo Convenio con la Sociedad Minera Cerro Verde bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, la existencia del Convenio N.° 514-2016-VIVIENDA frena cualquier modificación.
Al respecto, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) argumentó la imposibilidad de resolver el acuerdo vigente:
«En el archivo documentario del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) no se cuenta con la respuesta de la empresa minera Southern Peru Copper Corporation (SPCC) a la Carta n.º D0004-2024-VIVIENDA/VMCS (…) no resultaba procedente gestionar la resolución del Convenio n.º 1050-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSU (…) debido a que el Convenio n.º 514-2016-VIVIENDA de 27 de mayo de 2016 se encontraba vigente», dio cuenta la Contraloría en el informe.
Pese a que el propio ministerio solicitó resolver el compromiso por mutuo acuerdo tras años de paralización, la empresa minera manifestó su postura de mantener la vigencia del documento:
«SPCC ratificó su posición de continuar con la formulación del expediente técnico (…) el PNSU no puede adoptar una decisión técnica respecto de la continuidad del Proyecto mientras continúe vigente el Convenio n.º 514-2016-VIVIENDA», cita el documento de control.
ESTUDIOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES SE ENCUENTRAN VENCIDOS
La auditoría realizada por la Contraloría precisa que la elaboración del Expediente Técnico se detuvo oficialmente el 1 de diciembre de 2022 por falta de saneamiento físico-legal de los terrenos requeridos y el rechazo de la población local. Como consecuencia, la obra ha perdido su vigencia operativa dentro de las plataformas del Estado:
«De la consulta efectuada al Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas, se advierte que el Proyecto figura actualmente con estado ‘Desactivado Temporal’ y no se encuentra programado en el Programa Multianual de Inversiones», se lee en el informe.
Asimismo, el documento evidencia el vencimiento de los permisos ambientales obtenidos en gestiones anteriores:
«Respecto del instrumento de gestión ambiental, se cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd), aprobado mediante Resolución Directoral N.º 106-2019-VIVIENDA/VMCS-DGAA de fecha 15 de mayo de 2019. No obstante (…) dicho instrumento se encontraría vencido».
INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS PREVISTOS DE OPERACIÓN
De acuerdo con el Formato N.° 08-A de la Fase de Ejecución, las obras debieron culminar hace seis años para atender la demanda de agua potable y alcantarillado en la provincia:
«La fecha prevista para el inicio de operaciones era en enero de 2020 (…) a la fecha, dicha operación no se ha iniciado (…) la situación expuesta evidencia la postergación de la oportunidad prevista para la entrega del servicio a la población beneficiaria», precisa la evaluación.
Esta parálisis administrativa afecta de manera directa a más de 64 000 pobladores de la provincia de Islay, mientras el presupuesto asignado asciende a S/ 681.85 millones.
CONTRALORÍA OTORGA PLAZO DE CINCO DÍAS AL PNSU
Frente a la traba institucional documentada, el Órgano de Control Institucional notificó formalmente el informe al director ejecutivo del PNSU, Johnny Analberto Marchán Peña, otorgándole un plazo estricto de cinco días hábiles para la adopción de medidas inmediatas.
Bajo este escenario, la autoridad competente deberá responder formalmente si logrará rescindir el convenio de 2016 con Southern Perú o qué ruta legal adoptará para viabilizar el proyecto de saneamiento y dar paso a las alternativas de ejecución en Islay.
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