Presentan denuncia penal contra alcalde de Ilo tras suspensión acordada por Concejo Municipal

El abogado Miguel Phatti Cauna sostiene que el burgomaestre no debería continuar ejerciendo el cargo mientras se resuelve su situación.

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El abogado Miguel Phatti Cauna presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Prevención del Delito contra el alcalde provincial de Ilo, Humberto Tapia Garay, luego de que el Concejo Municipal aprobara su suspensión durante una sesión extraordinaria.

La medida fue adoptada con base en el numeral 5 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, según indicó el denunciante, quien sostiene que las sentencias condenatorias existentes contra el burgomaestre constituyen causal de suspensión.

Phatti Cauna cuestionó que Tapia Garay continúe ejerciendo funciones pese al acuerdo adoptado por el concejo municipal. Según señaló, el alcalde sostiene que debe esperarse la resolución de los recursos de reconsideración y apelación antes de hacer efectiva la medida.

“Con esa base he presentado la denuncia para que deje el cargo y he solicitado que se realicen dos diligencias: que se acopie el acta de sesión extraordinaria donde lo suspenden al alcalde y que se haga una diligencia para que vayan a la municipalidad y exhorten al alcalde a que deje el cargo, porque estaría usurpando funciones”, declaró.

El abogado considera que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo debería iniciar una investigación para determinar si la permanencia del alcalde en el cargo configura el delito de usurpación de funciones.

TAMBIÉN CUESTIONA TRÁMITE ANTE EL JNE

El denunciante también se refirió al trámite que corresponde realizar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras el acuerdo de suspensión.

Según Phatti Cauna, el presidente de la sesión extraordinaria del concejo debía remitir de manera inmediata el acta de suspensión al organismo electoral para que este evalúe las acciones correspondientes respecto a la credencial de la autoridad y la eventual asunción del teniente alcalde.

Asimismo, sostuvo que, de no cumplirse con la remisión del documento, podría configurarse una presunta omisión de funciones, situación que, según indicó, también debería ser evaluada por las autoridades competentes.

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