Un diploma fechado seis años antes de que su titular obtuviera oficialmente el grado académico puso bajo observación una contratación realizada por la Municipalidad Distrital de Cocachacra. La Contraloría General de la República detectó que Noemi Rosa Coaquira Choque presentó documentación con información adulterada para acreditar el bachillerato en Ingeniería Agronómica exigido para acceder a la plaza de subgerente de Servicios Públicos.
Coaquira Choque participó en el proceso CAS N.° 01-2024/MDC y fue declarada ganadora el 2 de febrero de 2024. Tres días después suscribió el Contrato Administrativo de Servicios de Necesidad Transitoria N.° 033-2024 para ejercer la subgerencia, con vigencia prevista hasta el 30 de abril de ese año.
El problema apareció al revisar el documento con el que acreditó su formación profesional. El diploma presentado ante la municipalidad consignaba como fecha de obtención del grado de bachiller en Ingeniería Agronómica el 2 de julio de 2018. Sin embargo, la información académica contrastada por el órgano de control mostró una historia distinta.
LAS FECHAS QUE NO COINCIDEN
Según los registros revisados por Contraloría, Coaquira Choque alcanzó la condición de egresada recién el 31 de julio de 2024, casi seis meses después de haber ganado la convocatoria y firmado contrato con la comuna de Cocachacra.
La Universidad José Carlos Mariátegui confirmó posteriormente que el grado de bachiller fue aprobado por su Consejo Universitario el 10 de octubre de 2024 y que el diploma correspondiente se expidió el 14 de octubre de ese año. A partir de esa verificación, Contraloría determinó que el documento utilizado durante el proceso contenía “información adulterada”.
La diferencia no es menor. Las bases de la convocatoria establecían como requisito mínimo para ocupar la Subgerencia de Servicios Públicos contar con el grado de bachiller en Ingeniería Agronómica. De acuerdo con las fechas verificadas, la postulante aún no tenía ese grado cuando concursó, obtuvo la plaza y fue contratada.
El Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 11445-2026-CG/GRAR-AOP, emitido el 28 de agosto, calificó lo sucedido como “un hecho con indicio de irregularidad”. El órgano de control advirtió que la situación afectó el correcto funcionamiento de la administración pública, así como la legalidad, probidad y presunción de veracidad que deben regir el acceso al servicio público.
MUNICIPIO TIENE 20 DÍAS PARA INFORMAR MEDIDAS
Frente al hallazgo, Contraloría recomendó al titular de la Municipalidad Distrital de Cocachacra adoptar las acciones necesarias para atender o superar la irregularidad advertida y, de corresponder, disponer el deslinde de responsabilidades.
El documento fue remitido al alcalde Abel Gregorio Suarez Ramos y recibido por la municipalidad el 31 de agosto del presente año. A partir de la notificación, la comuna tiene un plazo máximo de 20 días hábiles para remitir al Órgano de Control Institucional correspondiente el Plan de Acción con las medidas que adoptará frente a lo señalado por Contraloría.
