POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua formalizó investigación preparatoria contra Lia Salazar Suclle, Sergio Eduardo Rojas Paye, Josué Jhim Arana Fernández, Diana Liseth Flores Ramos y Joice Fiorella Arana Fernández. La decisión está contenida en la Disposición Fiscal N.° 06, del 30 de julio de 2026, de la Carpeta Fiscal N.° 3706015500-2024-210-0.
La hipótesis fiscal señala que los funcionarios de confianza del alcalde Humberto Tapia Garay en la Municipalidad Provincial de Ilo (MPI) habrían intervenido indebidamente en contrataciones de servicios para beneficiar a Diana Flores, esposa de Josué Arana, y a Joice Arana, hermana del mismo funcionario. La Fiscalía examina diez órdenes de servicio emitidas entre agosto de 2023 y marzo de 2024 por S/ 25,689.
¿QUIÉN ES QUIÉN DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD?
Lia Salazar se desempeña como gerente municipal, uno de los cargos de mayor jerarquía administrativa de la comuna. Sergio Rojas era subgerente de Logística, oficina que intervenía directamente en la tramitación de contrataciones menores o iguales a ocho UIT.
Josué Arana Fernandez trabajó en la Subgerencia de Formulación y Estudios de Proyectos de Inversión Pública y ocupó, en distintos periodos, funciones como subgerente, proyectista especializado, encargado de la subgerencia y coordinador técnico. Su posición relevante para la tesis fiscal porque Diana Flores es su esposa y Joice Arana Fernandez, su hermana.
Diana y Joice aparecen en los procedimientos como proveedoras de servicios. La Fiscalía sostiene que el cruce de funciones, parentesco y comunicaciones habría permitido favorecerlas pese a los impedimentos que, según la investigación, se derivaban del vínculo con Josué.
SIETE CONTRATOS PARA DIANA FLORES
Entre agosto de 2023 y febrero de 2024, Diana recibió siete órdenes de servicio por S/ 20,689: S/ 3,166, S/ 3,000, S/ 3,000, S/ 3,000, S/ 2,323, S/ 3,000 y S/ 3,200.
Los servicios estaban vinculados principalmente a asistencia técnica para la Gerencia Municipal y comprendían actividades relacionadas con formulación y seguimiento de información y proyectos.
Según el Ministerio Público, Lia Salazar habría realizado requerimientos con un perfil que podía ser acreditado por Diana y que, pese a conocer —según la imputación— que era esposa de Josué, habría promovido su contratación.
En varios procedimientos, Diana aparece como única postora. Luego de la cotización se elaboraban cuadros comparativos, se emitían las órdenes, se daban las conformidades y se procesaban los pagos.
Un episodio observado con especial atención es la Orden de Servicio N.° 007967-2023. La orden tiene fecha 29 de agosto de 2023, mientras que la disposición señala que el cuadro comparativo se realizó el 31 de agosto. De confirmarse esa secuencia, la orden habría sido emitida antes de concluir el acto utilizado para seleccionar a la proveedora. El Ministerio Público menciona una posterior “regularización” del expediente.
LAS LLAMADAS QUE LA FISCALÍA CONECTA CON LAS CONTRATACIONES
Los registros telefónicos son uno de los principales indicios utilizados en la disposición.
Durante 2023 y 2024 se registraron 294 comunicaciones entrantes y salientes entre Lia Salazar y Josué Arana: 189 en 2023 y 105 en 2024. La Fiscalía resalta llamadas realizadas en fechas próximas a requerimientos, cotizaciones, órdenes o conformidades.
Entre Josué y Sergio Rojas se identificaron otras 71 comunicaciones: 25 en 2023 y 46 en 2024. En determinados procedimientos, la disposición ubica llamadas de Josué al entonces subgerente de Logística antes de la presentación de cotizaciones o de la tramitación de órdenes.
La Fiscalía interpreta esas coincidencias temporales como indicios de coordinación. Sin embargo, la disposición no contiene el contenido de las conversaciones. Las llamadas acreditan comunicación y proximidad temporal con determinados actos administrativos; el propósito que se les atribuye deberá ser corroborado durante la investigación.
TRES ÓRDENES PARA LA HERMANA DE JOSUÉ
El segundo bloque corresponde a Joice Fiorella Arana Fernández. En enero, febrero y marzo de 2024 recibió tres órdenes de servicio por S/ 1,400, S/ 1,800 y S/ 1,800: S/ 5,000 en total.
Los servicios estuvieron vinculados a foliación y archivo de documentación en la Gerencia de Desarrollo Urbano Ambiental.
La Fiscalía atribuye a Sergio Rojas haber intervenido, desde Logística, en la tramitación y emisión de órdenes para ambas familiares. También registra 22 llamadas entre Josue y Joice durante 2024.
Joice declaró, sin embargo, que fue Juan Talavera Zúñiga, funcionario de Desarrollo Urbano Ambiental, quien la contactó porque necesitaba personal para labores de foliación. La Fiscalía dispuso tomar la declaración de Talavera para determinar quién propuso la contratación y cómo surgió el requerimiento.
LAS DECLARACIONES JURADAS SOBRE PARENTESCO
Otro elemento central son las declaraciones juradas exigidas a proveedores de servicios menores o iguales a ocho UIT.
Según la disposición, Diana y Joice consignaron que no mantenían relaciones de parentesco con personal o funcionarios municipales. No obstante, la MPI contaba con una declaración de datos personales presentada por Josué en enero de 2023 en la que reconocía a Diana como su esposa y a Joice como su hermana.
Respecto de Diana, la Fiscalía abrió además investigación por falsa declaración en procedimiento administrativo, delito previsto en el artículo 411 del Código Penal, por las declaraciones presentadas en sus contrataciones. Corresponderá determinar si la información era falsa en cada procedimiento y si fue consignada deliberadamente.
¿QUÉ ATRIBUYE LA FISCALÍA A CADA INVESTIGADO?
Por el primer bloque de hechos, el Ministerio Público formalizó investigación por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal.
La tesis fiscal coloca a Lia Salazar y Sergio Rojas en el centro del circuito administrativo por sus cargos y capacidad de intervención. A Josué Arana se le atribuye haber impulsado el favorecimiento de su esposa y hermana. Diana y Joice son investigadas por el aporte que, según la Fiscalía, habrían realizado para materializar las contrataciones.
La formalización significa que el fiscal considera que existen indicios para continuar con una investigación preparatoria; no constituye una declaración de culpabilidad.
OCHO MESES Y 24 DILIGENCIAS
El fiscal provincial Emilio Ernesto Salas Apaza declaró compleja la investigación y fijó un plazo de ocho meses. También ordenó 24 diligencias.
Entre ellas figuran la recopilación de expedientes y documentos de la MPI, información sobre cargos y funciones, identificación de los mecanismos municipales para detectar impedimentos por parentesco, declaraciones de cotizadores y funcionarios, informes del Órgano de Control Institucional y documentación de la Directiva N.° 005-2017-MPI para contrataciones menores o iguales a ocho UIT.
La Fiscalía también busca establecer quién tenía acceso a la información sobre familiares de La investigación ya cuenta con órdenes de servicio, pagos, vínculos familiares y registros de comunicaciones.
Ahora deberá determinar si esos elementos responden a una actuación deliberada para favorecer a las proveedoras o si las intervenciones de los funcionarios tuvieron una explicación administrativa regular. Los cinco investigados mantienen la presunción de inocencia mientras el caso no sea resuelto judicialmente.
