Yhenifferd Bustamante, la exinspectora de Migraciones implicada en la fuga del exmagistrado César Hinostroza, confesó que aceptó un soborno en este caso y que no actuó sola, según su abogado Julio Castañeda.

Ha confesado que llegaron personas, le pidieron que las ayuden a salir y le ofrecieron el dinero, y que ella por el dinero aceptó realizar el acto. […] Confesó que hubo participación de personas extrañas a Migraciones, pero también personas vinculadas a Migraciones”, aseveró entrevista con RRP.

in embargo, evitó precisar quiénes eran estas personas, debido a que la investigación todavía está en curso y podría afectar su desarrollo.

El abogado detalló que Bustamante no se encuentra en calidad de colaboradora eficaz, sino de imputada confesante. Ello debido a que su disposición de colaborar con la Fiscalía se produjo cuando ya tenía condición de imputada.

Entre las acciones con las que está colaborando, “ha facilitado la autorización para que la empresa telefónica remita sus llamadas entrantes y salientes, ha puesto a disposición del Ministerio Público su celular, ha dado nombres y está predispuesta a seguir colaborando”.

CAMBIA LA ACUSACIÓN

Castañeda también explicó que el Ministerio Público ha cambiado el presunto delito por el que se acusa a Bustamante: de encubrimiento personal a cohecho pasivo.

La acusación por cohecho pasivo “significa que para el Ministerio Público el fin no fue provocar o facilitar la fuga de ese señor [Hinostroza], sino que el fin fue obtener un beneficio económico. Entonces la figura cambia”, detalló.

El abogado señaló que el delito de cohecho pasivo tiene penas entre los 5 y 8 años de cárcel. Sin embargo, la pena puede reducirse si el acusado realiza una confesión.

Según lo contemplado en el Código Procesal Penal, el derecho premial señala que “en casos de personas que confiesan hechos realizados, la pena puede ser hasta 3 veces menor. Si es de 5 a 8 años, la prognosis de la pena sería de 3 años y medio”.

Por ello, dijo Castañeda, la prisión preventiva en contra de su defendida “en un primer momento sí se justificaba, pero ya no”, pues la pena sería menor a los 4 años de prisión efectiva.

“Esa actitud de confesar, en derecho penal se contempla en términos de indulgencia. Eso lo ha evaluado la Sala de Apelaciones y ha concluido que, bajo el nuevo contexto, la pena no va a superar los 4 años, entonces no podría tener prisión preventiva”.