POR: NICOLÁS VALDEZ CASO
Es necesario recaudar más recursos para aumentar los fondos en la Caja Fiscal, lo que permitirá distribuirlos en mejores obras de infraestructura y mejorar los salarios de los servidores públicos y pensionistas. La minería es la principal fuerza económica del país y es fundamental que esta comisión no quede en manos de personas inexpertas en el tema, sin experiencia y, lo que es peor, con actitudes ideologizadas tanto de la presidenta como de sus asesores. Presidir la Comisión de Energía y Minas es vital para el país.
¿POR QUÉ ES PELIGROSA SU PRESENCIA?
No solo se trata de desconocimiento, sino también de ideología. Cuando hablamos de ideología, nos referimos a una postura en contra de la inversión privada y a la difusión de conceptos desfasados sobre la minería, tales como: “que saquea”, “que no deja nada al Estado”, “que contamina”, “que impone sin licencia social”, “que debe ser nacionalizada”, entre otros.
Esto es peligroso porque parte de la premisa errónea de que la gran minería es mala por naturaleza, una idea inculcada por sus mentores políticos como Roberto Sánchez, Pedro Castillo y, posiblemente, Antauro Humala. Sin embargo, todos estos son solo relatos populistas y falsos.
ROBERTO SÁNCHEZ Y VÍCTOR CUTIPA PODRÍAN INFLUIR EN SUS DECISIONES
Es conocido el posicionamiento antiminero que tradicionalmente han tenido estas figuras. Siempre han estado en contra de la gran minería formal, que es el pilar de la economía peruana, mientras han respaldado abiertamente demandas de sectores de la minería informal.
Durante la campaña sostuvieron reuniones con representantes vinculados al proceso de formalización minera y con colectivos gremiales informales y artesanales, como la Confemin, muchos de cuyos integrantes generan importantes ingresos sin haber culminado su formalización y representan, además, un sector electoral significativo.
Roberto Sánchez presentó un proyecto de ley destinado a modificar el régimen de las denominadas “concesiones ociosas”, iniciativa que posteriormente fue incorporada, junto con otras propuestas, en un dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas cuando esta era presidida por Víctor Cutipa.
El dictamen proponía reducir de 30 a 15 años el plazo máximo antes de que una concesión pueda ser declarada caduca si su titular no acredita la producción o inversión mínima exigida. Esto resulta cuestionable en el Perú debido a los largos procesos que demanda el desarrollo de un proyecto minero formal y que pueden extenderse durante décadas.
Sánchez y Cutipa nunca comprendieron que las mal llamadas “concesiones ociosas” en realidad corresponden, muchas veces, a etapas indispensables como estudios geológicos, de aguas subterráneas, perforaciones, planes administrativos, procesos de socialización y evaluaciones ambientales y arqueológicas. Desplazar a la gran minería formal para poner en esas concesiones territoriales a informales e ilegales sería el peor desastre para el país.
Es casi seguro que algún representante de Juntos por el Perú vuelva a proponer este proyecto perjudicial para los intereses nacionales y que la actual presidenta de la Comisión de Energía y Minas, Yenifer Paredes, facilite su avance. Esto generaría nuevamente incertidumbre en la gran minería y podría detener importantes proyectos mineros.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ya manifestó su rechazo y alerta frente a este tipo de modificaciones al régimen de concesiones, al considerar que podrían desincentivar la inversión minera formal y favorecer la expansión de actividades informales e ilegales.
ENERGÍA Y MINAS BUSCA DESTRABAR INVERSIONES MINERAS POR US$ 40 MIL MILLONES
El objetivo del nuevo gobierno es impulsar el destrabe de alrededor de US$ 40 mil millones en inversiones mineras para favorecer el desarrollo del país. Sin embargo, contar con una presidenta de la Comisión de Energía y Minas que no esté preparada, con ideas de revanchismo de épocas pasadas y que favorezca solo a la minería informal, no contribuye en absoluto a este propósito.
La minería es la principal fuerza económica del país y un sector crítico que requiere de personas especializadas. El riesgo es que Yenifer Paredes sea influenciada por Roberto Sánchez, Pedro Castillo, Víctor Cutipa, ONG antimineras y actores vinculados a la minería informal e ilegal, lo que representa un verdadero peligro para el sector y todo el país.
Pensionistas, profesores, médicos y policías necesitan mejoras salariales, y las inversiones mineras formales son la vía para satisfacer esas demandas sociales y laborales. La minería formal aporta miles de millones a la Caja Fiscal, recursos que luego se redistribuyen para cubrir estas necesidades.
Estaremos atentos al desarrollo y desempeño de esta importante comisión.
