POR: DRA. FANNY REAÑO BAYONA
La instauración del sistema bicameral en el Perú —presentada solemnemente como el remedio estructural contra la ineficiencia legislativa— se ha iniciado bajo una profunda sombra de escepticismo. De acuerdo con los documentos oficiales del Congreso de la República, esta reestructuración se fundamenta normativamente en la Ley de Reforma Constitucional que restituye la bicameralidad y en las disposiciones específicas aprobadas para el funcionamiento de ambas cámaras, como el Reglamento del Congreso, el Reglamento del Senado, el Reglamento de la Cámara de Diputados y los acuerdos de distribución de comisiones para el periodo vigente.
En este marco, se transitó de un modelo unicameral que operaba con 24 comisiones ordinarias a un esquema asimétrico: una Cámara de Diputados dotada de 16 comisiones ordinarias legislativas y un Senado reducido a solo 7 instancias legislativas, compuestas por 12 integrantes cada una.
Esta drástica reducción se justificó discursivamente bajo la bandera de la “racionalización técnica”. Sin embargo, un análisis riguroso de la distribución de estas carteras revela que, lejos de una optimización administrativa, estamos ante un reordenamiento del poder donde las bancadas han priorizado el control de espacios estratégicos por encima de la especialización temática que el país demanda.
DERECHA, IZQUIERDA Y EL AJEDREZ POLÍTICO
La reducción de las comisiones desató una disputa descarnada por el control de aquellas que definen la agenda nacional. La correlación de fuerzas entre los bloques parlamentarios se refleja con claridad en la titularidad de los grupos de trabajo y en la proporcionalidad aprobada para el Senado, donde Fuerza Popular cuenta con cuatro representantes por comisión; Juntos por el Perú, con tres; Renovación Popular, con dos; y el Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, con uno cada uno.
El bloque de derecha y centro —Fuerza Popular, Renovación Popular, Obras, Buen Gobierno y Ahora Nación— ha asegurado distintas comisiones neurálgicas. En el Senado, Fuerza Popular preside Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Renovación Popular encabeza Defensa Nacional y Orden Interno, así como Justicia y Derechos Humanos; Obras preside Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo; Ahora Nación conduce Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; y Buen Gobierno está al frente de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital. Se trata de espacios estratégicos para el control de los ejes normativos, económicos, productivos y sociales del Estado.
El bloque de izquierda, representado por Juntos por el Perú, también ha asumido espacios de alto voltaje político e institucional. En la Cámara de Diputados preside Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Energía y Minas; Justicia y Derechos Humanos; y la Comisión de Acusaciones Constitucionales. En el Senado encabeza Gestión del Estado y Contraloría, además de las comisiones de Ética Parlamentaria y Procedimientos Especiales. Esto evidencia cómo las agrupaciones buscan posicionarse en herramientas clave para la fiscalización, las acusaciones constitucionales y la discusión de modificaciones institucionales.
ENTRE LA ASIMETRÍA Y EL FILTRO DEL SENADO
Desde el punto de vista del Derecho Parlamentario y la normativa vigente —específicamente los reglamentos que regulan el nuevo régimen bicameral—, el ciclo normativo opera bajo una marcada asimetría funcional. La Cámara de Diputados asume la fase inicial de debate, dictamen y aprobación de proyectos de ley en sus 16 comisiones especializadas, además del ejercicio del control político directo sobre los ministros de Estado.
Sin embargo, la arquitectura constitucional y las normas internas determinan que, en el procedimiento legislativo ordinario, la última palabra recaiga en el Senado. Con apenas 7 comisiones legislativas en la Cámara Alta —que incluyen carteras agrupadas como Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital, o Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo—, el Senado ejerce una función revisora con la facultad constitucional de aprobar, modificar o rechazar las propuestas provenientes de la Cámara de Diputados. Este diseño genera un inminente cuello de botella político donde las negociaciones de cúpula eclipsan la deliberación técnica.
“La última palabra legislativa recae en la Cámara Alta; un diseño que genera un inminente cuello de botella político donde las negociaciones de cúpula eclipsan la deliberación técnica”.
LA REPRESENTACIÓN REGIONAL Y EL PELIGRO DEL FRACCIONAMIENTO
En este engranaje de poder cupular, la voz de las regiones queda muchas veces diluida. Al examinar la representación de circunscripciones descentralizadas como Moquegua, figuran los diputados Graciela Chipana Condori, de Juntos por el Perú, y Nery Fernández Nina, del Partido del Buen Gobierno, además del senador Víctor Cutipa Ccama, de Juntos por el Perú. La expectativa ciudadana choca con la realidad de un Parlamento atomizado.
Las comisiones asignadas a legisladores de regiones mineras a menudo se convierten en trincheras de intereses gremiales, alejándose de una visión técnica y de verdadera gestión pública para el desarrollo territorial.
Asimismo, la legitimidad institucional se ve gravemente comprometida al observar la conformación de los grupos de disciplina parlamentaria. En las comisiones de Ética, la inclusión de figuras con cuestionamientos o investigaciones abiertas evidencia que los mecanismos de control interno corren el riesgo de ser instrumentalizados para el blindaje mutuo. Desde una perspectiva de gestión y salud pública, resulta alarmante observar cómo temas vitales para el bienestar social continúan supeditados a los intereses partidarios, relegando las verdaderas urgencias sanitarias y sociales de la población.
“La arquitectura institucional plasmada en los nuevos reglamentos es apenas el esqueleto; el cuerpo lo dan las personas, y el Estado sigue marginando el rigor técnico”.
¿RACIONALIZACIÓN DE GASTOS O NUEVO BOTÍN INSTITUCIONAL?
La arquitectura institucional plasmada en los nuevos reglamentos del Congreso es apenas el esqueleto; el cuerpo lo dan las personas. Tras este reordenamiento, quedan preguntas ineludibles para el debate nacional.
¿Será verdaderamente eficiente la drástica reducción de comisiones para contener el gasto fiscal y atender las demandas técnicas de la población, o se convertirá en un mecanismo de contratación de argollas y asesores ajenos al mérito profesional?
¿Es políticamente sostenible un modelo donde la Cámara Alta concentra la última palabra decisoria mientras las bases regionales cargan con el costo de la fragmentación partidaria?
¿Puede considerarse una verdadera optimización técnica aquella que fusiona carteras sensibles como salud, educación y desarrollo social en un puñado reducido de escaños senatoriales sin debilitar el control especializado del Estado?
Mientras el reparto de mesas directivas y comisiones se siga gestionando como una partida de ajedrez para blindar intereses particulares, el país continuará siendo testigo de una reforma fallida que margina el rigor técnico que el Estado urgentemente demanda.
(*) Doctora en Derecho y Ciencia Política por la UNMSM, doctora en Salud Pública, magíster en Administración de Servicios de Salud, abogada y obstetra.
