POR: MG. ADM. DAVID DIEGO OVIEDO TURPO
Detrás de cada proyecto de inversión pública hay algo más que expedientes técnicos y cifras de ejecución presupuestal: hay una comunidad que observa, espera y, con el tiempo, construye una opinión sobre lo que el Estado le entrega. Esa es la premisa que sostiene un trabajo de investigación que realicé como sustento de una tesis de maestría titulada “Inversión pública en proyectos regionales y percepción de las políticas de descentralización gubernamental en Arequipa Metropolitana, 2025”. A partir de ese estudio, resulta pertinente mirar con detenimiento lo que ocurre en Islay durante este 2026.
Islay no es una provincia ajena a la inversión pública. Existen proyectos en cartera, obras en ejecución y anuncios recurrentes de nuevas intervenciones en infraestructura, saneamiento y desarrollo urbano. Sin embargo, la evidencia recogida en campo muestra una brecha persistente entre la existencia formal de estos proyectos y la percepción real que tiene la ciudadanía sobre ellos. No se trata de desconocimiento: los vecinos saben que hay obras. Lo que ha ido erosionándose es la confianza en que esas obras se traduzcan en bienestar concreto y oportuno.
Esa desconfianza no nace de la nada. Se construye cuando un proyecto se anuncia con fanfarria y luego se estanca sin explicación clara; cuando los plazos se extienden sin rendición de cuentas visible; cuando la comunidad no es consultada en el diseño de una obra que, se supone, es para ella. La descentralización, entendida como el acercamiento de las decisiones al territorio, pierde sentido si el ciudadano de Islay siente que las decisiones se siguen tomando lejos de su realidad cotidiana.
Lo que sostiene esta investigación, a partir de la evidencia recogida, es que la percepción ciudadana no es un dato accesorio ni un termómetro de opinión pasajero. Es, en realidad, un indicador de gestión. Cuando la población desconfía sistemáticamente de los proyectos de inversión pública, no está simplemente quejándose: está señalando fallas concretas en la planificación, en la comunicación del Estado y en los mecanismos de participación ciudadana. Ignorar esa señal es repetir el círculo de proyectos que se inauguran en papel, pero que nunca terminan de habitar la vida real de las personas.
Islay, en 2026, tiene la oportunidad de romper ese círculo. No basta con ejecutar presupuesto; hace falta ejecutar con la comunidad, no solo para ella. Eso significa información oportuna, plazos realistas y espacios genuinos de participación antes, durante y después de cada obra. Esta columna no pretende emitir un juicio contra ninguna gestión en particular, sino invitar a mirar de frente algo que suele incomodar: que la inversión pública sin percepción ciudadana favorable es una inversión incompleta.
El proceso de investigación que respalda estas líneas partió de la necesidad de sustentar una tesis, pero terminó revelando algo más amplio: que detrás de cada proyecto de inversión hay una expectativa ciudadana esperando ser tomada en serio. Islay, como provincia, merece esa seriedad.
