Los efectivos policiales Renato Joel Prado Escalante y Javier Maldonado Colque Ccama fueron internados en el penal de Samegua, luego de que el Poder Judicial declarara fundado el pedido de nueve meses de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua. La medida fue dictada durante la audiencia realizada hasta la noche del miércoles 15 de julio, en el marco de la investigación seguida por el Cuarto Despacho de la citada fiscalía especializada.
Los policías permanecían con detención preliminar como parte de una investigación que incluyó órdenes de allanamiento domiciliario e incautaciones, ejecutadas con apoyo de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR).
Según se detalló en audiencia, en abril de 2026, los efectivos, a bordo de un vehículo policial, intervinieron a un varón en inmediaciones de la calle Piura, en el cercado de Moquegua, a quien acusaron de manejar en estado de ebriedad. De acuerdo con la tesis fiscal, bajo ese pretexto lo condujeron a un lugar desolado, donde Renato Prado le habría solicitado dinero a cambio de no intervenirlo. Al advertir que el agraviado lo estaba grabando con su celular, habría procedido a agredirlo.
PAGO EN EFECTIVO Y POR YAPE
La víctima, según la investigación, llamó finalmente a su pareja. Luego se dirigieron a su domicilio y entregaron S/ 300 en efectivo y otros S/ 300 mediante el aplicativo Yape, al número de una tercera persona implicada.
Para esta tercera involucrada, el Ministerio Público solicitó comparecencia con restricciones. Por estos hechos, el juzgado declaró fundado el requerimiento sustentado por la fiscal provincial Miriam Velasco Valencia, plazo durante el cual deberán culminarse las investigaciones correspondientes.
La medida coercitiva fue solicitada por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, coacción y omisión de denuncia, según la participación atribuida a cada uno de los investigados.
Los actos de investigación y diligencias fueron realizados por el equipo de trabajo del Cuarto Despacho, integrado por la fiscal provincial Miriam Velasco Valencia y el fiscal adjunto Wilson Arhuata, además del personal administrativo.
La participación de la Dirección Contra la Corrupción fue fundamental para la identificación de los investigados. Dicha dependencia policial también coadyuva en el cumplimiento de las diferentes diligencias del caso.
