POR: DRA. FANNY REAÑO BAYONA
El próximo 27 de julio de 2026, el Perú cerrará un ciclo de tres décadas de unicameralidad para inaugurar una nueva etapa legislativa. Este retorno al sistema de dos cámaras no es un experimento improvisado; representa el reencuentro con nuestra más larga tradición constitucional, que se inauguró formalmente en el siglo XIX con la Constitución de 1828 y que rigió la vida política del país a través de casi todas nuestras cartas magnas hasta la ruptura institucional de 1993.
Sin embargo, con 60 senadores y 130 diputados listos para asumir funciones, la atmósfera ciudadana actual no es de celebración ni de optimismo histórico; es de una profunda y legítima desconfianza. La pregunta que flota en el aire de cara a este rediseño institucional es tan pragmática como dolorosa: ¿serán estas dos cámaras el motor de cambio, madurez normativa y contrapeso que el país exige a gritos, o asistiremos, una vez más, al penoso espectáculo de parlamentarios limitados a “calentar sus curules” mientras la realidad nacional nos desborda?
PRESUPUESTOS E INFANCIA: LA SALUD NO ES UN BOTÍN POLÍTICO
Desde mi experiencia en las aulas del derecho, la ciencia política y, sobre todo, desde la primera línea de la salud pública y la obstetricia, sostengo que la gestión del bienestar nacional no admite colores partidarios ni ideologías dogmáticas. El verdadero problema de nuestro sistema de salud no es solo de gestión, sino de asignación presupuestaria. Los proyectos de ley nacen muertos si el Parlamento no fiscaliza activamente que el presupuesto público se ejecute con eficiencia técnica y descentralizada. Cuando una madre gestante llega a un centro de salud desabastecido o cuando la violencia obstétrica se camufla en la eterna “falta de presupuesto”, el dolor no tiene filiación política.
Esta miopía presupuestaria golpea con crueldad clínica a la población más vulnerable: la infancia. El desarrollo infantil temprano, la desnutrición crónica y la anemia son crisis silenciosas que comprometen el futuro del país, pero que siguen siendo tratadas con indiferencia estructural. La defensa de la salud materna, neonatal y de la niñez requiere un marco legal y presupuestal rígido que proteja su dignidad, algo que históricamente ha sido postergado por debates estériles. Por ello, es imperativo que las comisiones legislativas —y de manera urgente las de Salud y Presupuesto— abandonen de una vez por todas la lógica de la “negociación de bancada” y el canje de favores que suele paralizar las reformas sociales más urgentes. El paciente y el niño no distinguen siglas partidarias cuando requieren soluciones que salven sus vidas.
EL AHOGO A LAS EMPRESAS: LA VERDADERA RAÍZ DE LA INFORMALIDAD
El diagnóstico socioeconómico del Perú actual es crítico: con una tasa de desempleo que roza el 5.1 %, según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y una informalidad laboral que asfixia a más del 69 % de la población económicamente activa a nivel nacional, el país sobrevive bajo una estructura precaria. Pero la estadística se vuelve trágica cuando miramos a nuestras nuevas generaciones: el 84.8 % de nuestros jóvenes trabaja en la informalidad, cifra reportada por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Sin embargo, la informalidad no es una decisión voluntaria del ciudadano; es la consecuencia directa de un Estado que ahoga y persigue a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en lugar de promoverlas.
Las empresas en el Perú enfrentan una sobrerregulación burocrática fiscal insostenible y carecen de incentivos reales para el crecimiento. A este panorama desolador se suma el flagelo de la inseguridad ciudadana y las extorsiones, que golpean directamente el bolsillo del microemprendedor peruano, obligándolo muchas veces a cerrar su negocio o a operar en la clandestinidad para salvaguardar su vida. ¿Qué esperan nuestros flamantes legisladores para legislar con verdadera visión de Estado? El país ya no resiste más parches ni populismo legislativo; urge un marco normativo integral que reduzca las barreras para las empresas, facilitando una formalización atractiva, progresiva y protegida de la criminalidad. Desde la óptica del derecho constitucional, la inacción legislativa para crear un entorno empresarial seguro y viable es una forma activa de vulneración de derechos. Al privar al tejido empresarial y al ciudadano de oportunidades reales de desarrollo, el Estado abdica de su función primordial de promover el bienestar general.
EL JUICIO DE LA HISTORIA FRENTE A LA INDOLENCIA INSTITUCIONAL
El retorno a la bicameralidad se nos vendió políticamente como la panacea para elevar la calidad de las leyes y dotar de un filtro de alta reflexión al Congreso, apelando a la misma madurez que la República buscó desde el siglo XIX. Sin embargo, la estructura por sí sola no cambia la conducta; si los senadores y diputados electos pretenden mantener las mismas taras de confrontación estéril, blindajes corporativos y canjes éticos, el nuevo sistema colapsará por legitimidad antes de que concluya su primera legislatura. Como profesionales de las leyes, la ciencia política y la salud, no podemos ser espectadores pasivos de este riesgo; la tolerancia social frente a la inoperancia del Estado ha llegado a su límite y la representación política no puede seguir operando como un oasis de privilegios e inmunidades mientras el país real se desangra en la precariedad.
Frente a este escenario de profunda crisis estructural y descomposición institucional, es imperativo confrontar directamente la responsabilidad ética y legal de quienes asumirán el mandato. Por ello, formulo tres interrogantes urgentes a cada uno de los parlamentarios que ingresarán al hemiciclo: ¿priorizarán el bienestar constitucional del pueblo por encima de las directivas de sus cúpulas partidarias? ¿Son capaces de entender que la salud, la protección de la infancia y la viabilidad de las empresas son derechos y motores fundamentales que no pueden esperar a que se pongan de acuerdo sus intereses particulares? ¿Están ustedes en el Parlamento para trabajar por un Perú que se desangra ante la crisis, o simplemente para disfrutar del poder que les otorga una curul?
El país está saturado de retórica parlamentaria y de promesas de tribuna que se evaporan al cruzar las puertas del Palacio Legislativo. Este viraje histórico no será juzgado por la elocuencia de los discursos ni por la sofisticación del nuevo debate bicameral, sino por la eficiencia técnica, la viabilidad presupuestaria y el impacto humano de sus decisiones. La encrucijada para los nuevos legisladores es absoluta y definitiva: o asumen con madurez y rigor la defensa irrestricta de la dignidad humana, o la historia y la ciudadanía los sepultarán bajo el rótulo de la complicidad y la indolencia frente a un Perú que ya no puede esperar más.
(*) Doctora en salud pública, doctora en derecho y ciencias políticas, y obstetra.
