POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
Una intervención policial dirigida al conductor de una camioneta oficial del Gobierno Regional de Moquegua terminó convertida en un nuevo escándalo político e institucional.
Según evidencias, declaraciones y documentos obtenidos por la Unidad de Investigación de Prensa Regional, se evidenciaría un grave hecho que comprometería la autonomía de la Policía Nacional del Perú y pondría en tela de juicio el respeto al principio de autoridad.
La diligencia ocurrida la noche del 8 de mayo de 2026 no tuvo como objetivo en ningún momento a la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala, sino a su chofer quien habría desobedecido la orden de detenerse en un retén policial instalado en la avenida Los Chirimoyos.
Sin embargo, tras el procedimiento, la gobernadora se presentó públicamente como víctima de una intervención policial “desproporcionada” durante una conferencia de prensa, pese a que el acta policial y los videos sin editar apuntarían a que la intervención estuvo dirigida al conductor de la unidad oficial.
El caso toma mayor gravedad cuando, luego de una presunta llamada de Gutiérrez Ayala al jefe de la Región Policial Moquegua, general PNP Jorge Ramos Micalay, el teniente PNP Douglas Cárdenas Chumbe, entonces comisario de Los Ángeles y jefe del operativo, terminó reasignado bajo el argumento de “necesidad del servicio”, lo que evidencia una posible presión política y una represalia funcional contra un efectivo que cumplía labores de control.
LOS HECHOS: VEHÍCULO DEL GORE EVADIÓ RETÉN POLICIAL
De acuerdo con el Acta Policial de Intervención, aproximadamente a las 21:40 horas del 8 de mayo de 2026, personal de la Comisaría de Los Ángeles, junto con efectivos del Escuadrón de Emergencia y de la Policía de Tránsito, ejecutaba un operativo programado en la avenida Los Chirimoyos, a la altura de la discoteca Noa Noa.
Durante el operativo, un vehículo oscuro, con lunas polarizadas y carga visible, fue advertido por los efectivos policiales. Según el documento policial, la unidad no acató las señales manuales, auditivas y visuales realizadas por los agentes para que detuviera su marcha. Por el contrario, habría continuado su desplazamiento, lo que motivó una persecución inmediata al considerarse una conducta sospechosa dentro de una intervención de control.
La unidad intervenida fue identificada con la placa EAF-715 Toyota Fortuner y pertenece al Gobierno Regional de Moquegua. Tras no detenerse en el punto de control, el vehículo llegó hasta la puerta de la cochera del GORE Moquegua e intentó ingresar a la sede institucional, situación que obligó a los efectivos a actuar preventivamente.
Según la versión policial contenida en el acta, la intervención no se inició contra la gobernadora regional, sino contra el conductor de la camioneta oficial, quien habría desobedecido la orden policial de detenerse durante el operativo.
FUERON TRES POLICÍAS INTERVINIENTES
Uno de los puntos centrales del caso es que, contrariamente a la versión pública difundida por la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, la intervención no habría sido ejecutada por un solo efectivo policial. El acta y los videos sin editar existentes evidencian que participaron cuatro efectivos, quienes actuaron como intervinientes y testigos presenciales del procedimiento.
Entre ellos figuran el teniente PNP Douglas Cárdenas Chumbe, como jefe operativo; el S3 PNP Yuri Octavio Aguilar Vilca, de Tránsito y el ST3 PNP Edson Mamani Pacheco.
Todos participaron en el operativo y suscribieron el acta oficial. Este detalle resulta relevante porque desmontaría cualquier intento de concentrar la responsabilidad únicamente en el teniente Cárdenas, quien posteriormente terminó siendo reasignado.
LA INTERVENCIÓN ERA AL CHOFER, NO A LA GOBERNADORA
El conductor intervenido fue identificado como Anastacio Cutipa Choque, chofer de confianza de la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala. Según el acta, fue él quien no habría obedecido la orden policial de detenerse, lo que motivó la persecución y posterior intervención vehicular.
Durante la diligencia, los efectivos solicitaron al conductor la documentación respectiva. Una vez identificado y cumplida la verificación documental, recién descendió del vehículo la gobernadora regional, quien, según los efectivos policiales, se acercó al personal interviniente, se identificó como autoridad regional y comenzó a cuestionar el procedimiento.
De acuerdo con la versión policial, Gutiérrez Ayala habría señalado que se estaba maltratando a su chofer y habría intentado interferir en la intervención.
¿POR QUÉ SE OCULTA LA IDENTIDAD DEL CHOFER ANASTACIO CUTIPA CHOQUE?
Una interrogante relevante surge a partir de la conferencia de prensa ofrecida por la gobernadora: ¿por qué no se mostró ni se mencionó inicialmente al conductor intervenido, Anastacio Cutipa Choque?
No se trataría de cualquier chofer. Cutipa Choque habría sido anteriormente conductor de extrema confianza de Luis Yonathan Sanca Umiyauri, personaje vinculado al denominado caso Corrupción 4×4, investigación que involucra como imputados a la propia gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, a su hermana Katherine Gutiérrez Ayala y a Luis Yonathan Sanca Umiyauri, pareja de esta última y señalado como operador de empresas arequipeñas que se habrían beneficiado con presuntas contrataciones irregulares de camionetas alquiladas al Gobierno Regional de Moquegua.
Según información periodística previa, Anastacio Cutipa Choque habría suscrito documentación técnica cuestionada para hacer aparecer vehículos operados por Sanca Umiyauri en Moquegua y en la Sub Región Ilo al mismo tiempo, generando el cobro de dos servicios en un mismo momento con una sola unidad. Estos hechos forman parte de investigaciones fiscales en trámite.
Pese a esos antecedentes, Cutipa Choque continúa como chofer de confianza de la gobernadora regional, sin que hasta el momento se hayan brindado mayores explicaciones públicas sobre su permanencia en ese puesto ni sobre su actuación durante la intervención policial del 8 de mayo.
LA LLAMADA AL GENERAL Y LA PRESUNTA PRESIÓN POLÍTICA
Según fuentes policiales, durante la intervención la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala habría utilizado su teléfono celular para comunicarse directamente con el general PNP Jorge Ramos Micalay, jefe de la Región Policial Moquegua.
Minutos después, aproximadamente a las 23:30 horas, el propio general acudió personalmente a la sede del Gobierno Regional de Moquegua. Posteriormente también llegó el coronel Robert Paucar Amado. El hecho resulta inusual por el horario, por la naturaleza de la intervención y por el trato preferencial que se habría dispensado a una autoridad política regional.
De acuerdo con testimonios recogidos, luego se comunicaron vía celular con el teniente PNP Douglas Cárdenas Chumbe para que se aproximara nuevamente al GORE Moquegua. En ese contexto, se habría intentado que el oficial ofreciera disculpas a la gobernadora regional.
El teniente Cárdenas se habría negado a hacerlo, señalando que la intervención se realizó conforme a las formalidades de ley, de manera regular y dirigida exclusivamente al conductor de la camioneta oficial, no a la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala.
LA REPRESALIA: CAMBIO INMEDIATO DEL COMISARIO
Días después del incidente, mediante Memorándum N.° 016-2026, se dispuso la reasignación del teniente PNP Douglas Cárdenas Chumbe bajo el argumento de “necesidad del servicio”.
Para varios efectivos dentro de la institución, esta decisión constituiría una represalia funcional. La medida se habría ejecutado sin procedimiento administrativo previo, sin derecho de defensa y sin una investigación formal que determine si efectivamente existió una falta en el procedimiento policial.
Todo apuntaría a que el general PNP Jorge Ramos Micalay, jefe de la Región Policial Moquegua, habría dispuesto la medida para satisfacer una exigencia política: primero ocurre la intervención al vehículo oficial del GORE Moquegua; luego la gobernadora se comunica presuntamente con el jefe policial regional; después se intenta que el oficial se disculpe; y finalmente el comisario es reasignado.
POSIBLES FIGURAS DELICTIVAS BAJO ANÁLISIS
Desde una lectura jurídica preliminar, los hechos podrían ser evaluados bajo distintas figuras, siempre que las investigaciones correspondientes acrediten los elementos objetivos y subjetivos exigidos por la ley.
Una de ellas sería el presunto tráfico de influencias, previsto en el artículo 400 del Código Penal, si se demostrara que una autoridad utilizó su investidura o capacidad de influencia para incidir en decisiones internas de la Policía Nacional del Perú.
También podría analizarse un posible abuso de autoridad, previsto en el artículo 376 del Código Penal, si se ordenó o ejecutó una sanción encubierta contra un efectivo policial sin procedimiento legal, sin investigación previa y sin respeto al debido proceso.
Asimismo, dentro del ámbito castrense-policial, podría examinarse un eventual exceso en el ejercicio del mando, si se comprobara que existió una orden verbal indebida para afectar funcionalmente a un subordinado por haber participado en una intervención policial regular.
En todo caso, corresponderá a los órganos competentes determinar si hubo infracción administrativa, responsabilidad penal o vulneración del principio de autonomía funcional de la Policía Nacional.
LA CONFERENCIA: VICTIMIZACIÓN Y CONTRADICCIONES
Durante una conferencia de prensa ofrecida el 13 de mayo, días después del incidente, la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala negó categóricamente haber cometido abuso de poder o tráfico de influencias. Sostuvo que fue víctima de una intervención policial “desproporcionada”.
La autoridad regional afirmó que aquella noche se dirigía hacia Omate para cumplir actividades oficiales por el Día de la Madre. Según su versión, al llegar a la sede del Gobierno Regional de Moquegua, el entonces comisario de Los Ángeles habría descendido del patrullero “con arma en mano”, situación que —según dijo— generó temor tanto en ella como en su personal de seguridad.
“Quiero que hoy me miren como una ciudadana común que fue parte de una intervención policial y que fue amedrentada con un arma de fuego”, declaró públicamente.
Asimismo, calificó la difusión del caso como información “editada, tendenciosa, mentirosa y calumniosa”, rechazando que el vehículo oficial hubiera intentado evadir el control policial.
Sin embargo, una de las mayores contradicciones surgió cuando, pese a cuestionar duramente el accionar del teniente PNP Douglas Cárdenas Chumbe, la propia gobernadora anunció que no presentará ninguna denuncia formal contra el oficial.
“No voy a denunciar al efectivo policial. Sé que es un ser humano. Esto quedará como un mal momento”, manifestó.
No obstante, los videos en poder de la UDI de Prensa Regional no mostrarían agresión alguna contra la gobernadora, sino una intervención dirigida al conductor que evadió el control policial.
LAS PREGUNTAS QUE LA GOBERNADORA Y SU ENTORNO AÚN NO RESPONDEN
Si, como sostiene la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, el teniente PNP Douglas Cárdenas Chumbe incurrió en un presunto “abuso de autoridad” o realizó una intervención irregular, existen preguntas jurídicas y de sentido común que hasta ahora no han sido aclaradas:
¿Por qué no se presentó una queja formal inmediata ante la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú?
Si realmente existió una falta funcional o administrativa del oficial interviniente, el camino regular era denunciarlo ante la propia institución policial, no llamar directamente al jefe policial de la región.
¿Por qué no se formuló una denuncia penal ante el Ministerio Público?
Si los hechos configuraban una amenaza, abuso de autoridad u otro delito, correspondía poner el caso en conocimiento del Ministerio Público para una investigación objetiva e independiente.
¿Por qué el conductor intervenido, Anastacio Cutipa Choque, no denunció al policía?
Si él fue la persona directamente intervenida y presuntamente agraviada, resulta razonable preguntar por qué no ha formulado denuncia alguna, por qué no aparece públicamente y por qué no ha brindado su versión a la prensa.
¿Por qué se ocultó inicialmente la identidad del verdadero intervenido?
En la conferencia se centró la atención en la gobernadora regional, cuando el acta policial identifica como conductor intervenido a Anastacio Cutipa Choque.
¿Por qué, en lugar de activar los mecanismos legales, se produjo un cambio inmediato del oficial?
La rapidez con la que se dispuso la reasignación del teniente Cárdenas genera la percepción de una represalia funcional antes que de una investigación objetiva.
¿QUIÉN FUE REALMENTE LA VÍCTIMA DEL ABUSO?
A la luz de los hechos conocidos, la pregunta central cambia de dirección. ¿Fue la gobernadora regional víctima de abuso policial? ¿O fue el teniente PNP Douglas Cárdenas Chumbe víctima de una presunta utilización del poder político para castigarlo por cumplir su deber?
Hasta ahora, lo verificable es que hubo una intervención policial a una camioneta oficial del Gobierno Regional de Moquegua; que el conductor Anastacio Cutipa Choque habría evadido un retén policial, según el acta; que participaron tres efectivos en el procedimiento; que la gobernadora cuestionó la intervención; que el jefe policial regional acudió esa noche al GORE Moquegua; que se habría intentado que el oficial ofreciera disculpas; y que, días después, el comisario fue reasignado bajo el argumento de “necesidad del servicio”.
Si no hubo denuncia administrativa, no hubo denuncia penal, no hubo investigación previa y sí hubo cambio inmediato del oficial, entonces la hipótesis más preocupante es otra: el verdadero abuso de poder habría sido ejercido contra los efectivos policiales, especialmente contra el teniente que encabezó la intervención.
El caso no solo afecta a un policía. Compromete el principio de autoridad, golpea la autonomía funcional de la Policía Nacional del Perú y envía un mensaje peligroso a los efectivos que cumplen labores de control: intervenir a ciertos funcionarios públicos podría traer consecuencias no por la ley, sino por el peso del poder.
