El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, enfrenta un nuevo frente judicial en plena escena política nacional. Según informó RPP Noticias, la Fiscalía solicitó una pena de 5 años y 4 meses de prisión en su contra por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, vinculados a informes financieros presentados por su agrupación política en los años 2020 y 2021.
El requerimiento fiscal no solo plantea una pena privativa de libertad, sino también la inhabilitación de Sánchez como presidente de Juntos por el Perú. La acusación está relacionada con la información económica presentada por el partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad encargada de supervisar los reportes financieros de las organizaciones políticas.
Carlos García Asenjo, abogado de Roberto Sánchez, cuestionó la imputación fiscal y sostuvo que los dos delitos atribuidos responden, en realidad, a un mismo hecho: la presentación de informes financieros partidarios. Según explicó la defensa, lo referido al año 2020 fue calificado como falsa declaración en procedimiento administrativo, mientras que lo correspondiente al 2021 fue considerado como falseamiento de información sobre aportaciones, debido a que este último tipo penal fue incorporado ese año.
El abogado sostuvo que Sánchez no sería responsable de la elaboración del contenido económico de los informes, pues esa función recaería en el tesorero del partido. Según su versión, el candidato únicamente habría remitido la documentación ante la ONPE en su condición de presidente de la agrupación política.
García Asenjo afirmó que el Ministerio Público estaría atribuyendo responsabilidad a quien solo canalizó formalmente la información, cuando —según la defensa— el encargado de preparar y reportar las cuentas partidarias era el tesorero.
De acuerdo con lo difundido por el programa Cuarto Poder, la Fiscalía también atribuye a Sánchez el presunto desvío de hasta S/ 280 mil (doscientos ochenta mil soles) de su partido hacia cuentas personales, tanto suyas como de su hermano. La defensa indicó que por ese extremo también se le imputó el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, pero que dicha imputación fue archivada.
El próximo 27 de mayo se realizará una audiencia judicial en la que un juez evaluará si Roberto Sánchez irá o no a juicio oral por esta acusación. En esa eventual etapa se determinará, conforme al proceso, si existe responsabilidad penal o si corresponde absolverlo de los cargos formulados.
