La decisión del Ministerio Público de archivar diversas denuncias vinculadas a contaminación ambiental en el litoral de Ilo ha generado cuestionamientos e indignación entre vecinos y defensores ambientales, quienes denuncian una aparente falta de acción frente a hechos que afectarían gravemente la salud pública y el ecosistema marino.
El monitor ambiental Jorge Álvarez Apaza expresó su malestar por el archivamiento reiterado de investigaciones relacionadas con impactos negativos ocasionados por aguas residuales e hidrocarburos en la provincia de Ilo. Señaló que existen múltiples casos en los que la población ha evidenciado afectaciones al mar y al medio ambiente; sin embargo, las denuncias terminan siendo archivadas sin una solución concreta.
“Podríamos suponer que en la Fiscalía de Prevención del Delito no hay peritos ni especialistas en temas de vertimientos y contaminación del litoral, por lo que, por cierto facilismo, lo archivan”, manifestó.
Álvarez consideró preocupante que, pese a las evidencias de deterioro ambiental, no se identifiquen responsabilidades ni se configure delito alguno dentro de las investigaciones fiscales. Asimismo, planteó la posibilidad de acudir a la Fiscalía Anticorrupción para presentar denuncias o apelaciones por el presunto mal accionar de algunos funcionarios.
También cuestionó el rol de entidades como DICAPI, OEFA y la Defensoría del Pueblo, al considerar que no estarían protegiendo adecuadamente a la población frente a los impactos de la contaminación en el litoral ileño.
La molestia ciudadana se intensificó luego de que la Fiscalía de Prevención del Delito, a cargo del Dr. Alfredo Rojas Bedregal, archivara la investigación sobre el vertimiento de aguas residuales en la playa ubicada frente a la urbanización Villa del Mar.
Por su parte, Luis Ñaupas Aza, vecino del sector y denunciante del caso, lamentó que no se haya impuesto ninguna sanción contra la Entidad Prestadora de Servicios (EPS), a la que responsabilizó de arrojar desagües al mar durante aproximadamente tres meses.
“¿Quién cuida?, ¿quién protege y quién vigila que no haya contaminación en las playas con aguas residuales? Hasta ahora la DICAPI no ha puesto sanción, el Ministerio de Salud tampoco se pronuncia, lo mismo sucede con la SUNASS; es decir, la EPS no tiene sanción”, declaró.
Ñaupas cuestionó que, pese al constante vertimiento de aguas residuales, las autoridades no hayan considerado el hecho como un delito ambiental. A su juicio, esta decisión genera un peligroso precedente, ya que podría interpretarse como una autorización implícita para contaminar sin consecuencias legales.
Asimismo, sostuvo que la EPS debió ser sancionada por reincidir constantemente en este tipo de hechos. El archivo de la denuncia, añadió, ha provocado un rechazo generalizado entre la población de Ilo, que exige medidas firmes y sanciones efectivas para proteger sus playas y el medio ambiente.
