La Municipalidad Distrital de Cocachacra enfrenta una situación de vulnerabilidad institucional tras confirmarse que su Procuraduría Pública Municipal opera sin meta presupuestal ni recursos logísticos básicos. Según el Informe de Orientación de Oficio N° 007-2026-OCI/0359-SOO, publicado el jueves 7 de mayo por la Contraloría, tras una evaluación realizada entre el 16 y el 30 de abril de 2026, la entidad no ha garantizado las condiciones mínimas para el funcionamiento de este órgano de defensa.
CARENCIA DE RECURSOS
La revisión técnica evidenció que, a pesar de que la Procuraduría está contemplada en la estructura orgánica del municipio según su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado en mayo de 2025, la oficina carece de un titular designado. En respuesta a requerimientos de la Procuraduría General del Estado, la Gerencia Municipal admitió formalmente la falta de presupuesto para financiar la plaza del procurador, lo que paraliza la operatividad de la defensa jurídica de la comuna.
INCUMPLIMIENTO NORMATIVO
El informe detalla que la falta de asignación presupuestal se extiende a la logística indispensable, como equipos informáticos y mobiliario, incumpliendo el Decreto Legislativo n.º 1326 que obliga a las entidades a asegurar el normal funcionamiento de sus procuradurías. Esta omisión no solo vulnera el marco legal vigente, sino que deja al municipio sin una representación legal especializada ante procesos judiciales o administrativos.
RIESGOS INSTITUCIONALES
La situación identificada por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Islay advierte que la falta de una defensa técnica pone en riesgo directo la protección de los intereses institucionales. Sin un órgano de defensa activo y equipado, la entidad queda expuesta a resultados adversos en litigios que podrían afectar el patrimonio y la estabilidad económica del distrito de Cocachacra.
