POR: NICOLÁS VALDEZ CASO
Es una pena que una de las principales comisiones del Congreso, la de Energía y Minas, esté dirigida por un reconocido antiminero, Víctor Cutipa Ccama, quien en estos últimos años se ha mostrado en contra de la minería formal y a favor de los ilegales e informales, quienes no pagan impuestos y solo contaminan el medio ambiente. Él, en varias oportunidades, se ha encargado de azuzar a las poblaciones e impedir que exista la gran minería, usando conceptos del siglo pasado, sin reconocer que la minería ha evolucionado por completo. Hoy está en campaña política y, junto al otro izquierdista Guido Bellido, están comprometidos en apoyar a la minería informal e ilegal, los REINFO y colectivos gremiales de informales y artesanales, como es el CONFEMIN.
UN PREDICTAMEN CON ERRORES DE FONDO
Ellos y su Comisión de Energía y Minas del Congreso han emitido un predictamen muy peligroso, que establece puntos que evidencian desconocimiento del trámite de los temas mineros. Señalan que el territorio peruano está ocupado casi en un 100% por concesiones mineras, lo cual es falso; es solo el 16%, y de ese porcentaje, el 60% corresponde a pequeña minería formal y el 40% a mediana y gran minería.
Por otro lado, inventan términos que no existen legalmente, como “concesiones ociosas”, lo cual no es correcto. Cuando la concesión no se está explotando, es porque los empresarios están realizando estudios geológicos, estudios de aguas subterráneas, planes administrativos, perforaciones, entre otros, para cumplir con la estricta normativa que se les impone. El problema es que la burocracia hace que los trámites duren muchos años y los proyectos se paralicen, porque hay dirigentes, ONG y políticos de izquierda como Víctor Cutipa, Jaime Quito, Sigrid Bazán, Yonhy Lescano, Ronal Atencio, entre otros, quienes con conceptos erróneos azuzan a la población contra las mineras formales que generan trabajo y desarrollo.
REDUCCIÓN DE PLAZOS Y RIESGO PARA INVERSIONES
Lo que es peor, este predictamen de Víctor Cutipa y Guido Bellido propone que las concesiones antes de la explotación se reduzcan de 30 a 15 años. Esto es peligroso e inviable, porque, como se ha señalado, los proyectos mineros tardan años en obtener los permisos correspondientes.
Las grandes mineras, con mucho esfuerzo, recién consiguen sus autorizaciones después de 11 a 15 años, y algunos hasta 25 años, como es el caso de Quellaveco. Con esta medida, si la minera no ha completado todos sus procedimientos luego de 15 años, se le retiraría la concesión. Esto sería determinante y ahuyentaría las inversiones de la pequeña, mediana y, sobre todo, de la gran minería formal.
Todo hace indicar que el objetivo es favorecer a los informales e ilegales, quienes siempre operan de manera irregular en territorios ya concesionados. Al desplazar a la minería formal, quedarían los informales, cumpliéndose el objetivo que persiguen: obtener ganancias sin pagar impuestos, sin estudios ambientales ni respeto por las normas de seguridad.
El Perú caería en el caos y la delincuencia total. A Cutipa y Bellido se les ha puesto en una comisión de alta responsabilidad, donde se requiere conocimiento técnico, pero lamentablemente no valoran que es en la minería formal donde se evidencia el verdadero desarrollo del país. Este predictamen busca destruir ese modelo.
PROPUESTAS DEMAGÓGICAS Y PRESIÓN TRIBUTARIA
Además, pretenden establecer que las ganancias sean repartidas directamente en las comunidades. Esto resulta demagógico, porque la minería ya paga impuestos y no puede soportar una mayor carga tributaria sin perder competitividad frente a otros países. En todo caso, ese punto podría evaluarse en la distribución del canon, pero ese es otro debate.
En este contexto, el presidente Balcázar, que es de izquierda, no contribuye a esclarecer la situación y parece ceder con facilidad. Ha sostenido reuniones con informales e ilegales, y la propuesta preocupante es que se devuelvan las denominadas “concesiones ociosas”, se mantenga el REINFO permanente y se retire a la gran minería para que operen únicamente los informales. Todo ello pone en riesgo la estabilidad jurídica y económica del país.
Mientras tanto, ya existen pronunciamientos. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indicó que “las modificaciones de la Ley General de Minería aprobadas por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República ponen en riesgo a la minería formal”. No les falta razón: aquí se estaría imponiendo una visión ideológica que podría desplomar a la minería formal, especialmente a la gran minería, que representa el 65% de nuestras exportaciones, el 20% del PBI y aporta más de 26 mil millones al Estado en tributos.
El gremio minero energético señaló que el dictamen —aprobado el último martes— “en la práctica quiebra el régimen de concesiones mineras, lo que lamentablemente traerá consigo el colapso de las inversiones y hará inviable la puesta en marcha de la cartera de proyectos mineros por 63,000 millones de dólares prevista para los próximos años”. Esto también resulta consistente: la gran minería proyecta inversiones a largo plazo que podrían cerrar brechas de pobreza en el país, pero este predictamen comprometería ese escenario al favorecer a los informales e ilegales.
Asimismo, indicaron que otra de las disposiciones plantea incrementar el “derecho de vigencia”, es decir, el pago anual por hectárea para mantener la concesión, hasta en un 300%, y la penalidad hasta en un 400%. Esto es inadmisible, considerando que en el Perú ya se paga cuatro veces más que en países competidores como Chile, Canadá, Sudáfrica y México.
El predictamen debe pasar al pleno; sin embargo, en un contexto de campaña política, la minería formal se encuentra vulnerable frente a decisiones marcadas por el populismo. El dictamen promovido por Víctor Cutipa, Guido Bellido y su comisión genera inestabilidad y riesgo para el país. Ese es el problema cuando no se comprende la importancia de la minería y se actúa con conceptos desfasados, priorizando intereses electorales… Estaremos atentos para que este predictamen no prospere.
