Un grupo de ciudadanos protagonizó una contundente protesta en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, en rechazo al incremento de las tarifas del transporte público, que pasaron de S/1.00 a S/1.50.
Los manifestantes denunciaron una presunta concertación entre empresas para elevar los precios y cuestionaron la falta de respuestas por parte del municipio. Asimismo, exigieron la intervención de Indecopi, Osinergmin y el Ministerio Público para investigar el alza del combustible y su impacto en el costo del servicio.
Durante la movilización, los ciudadanos solicitaron al alcalde John Larry Coayla la adopción de medidas inmediatas para regular el transporte urbano, renovar el parque automotor y fiscalizar el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de las empresas. También alertaron sobre presuntos abusos cometidos por algunos conductores.
Ante ello, la autoridad municipal acordó sostener una nueva reunión el próximo 4 de abril, en la que se evaluarán las demandas planteadas por la población. Asimismo, se informó que se cursará invitación a los regidores para participar en el diálogo y buscar una solución al conflicto.
CONVOCAN A PARO GENERAL
Paralelamente, dirigentes sociales anunciaron la convocatoria a un paro general para el próximo 31 de marzo, con el fin de exigir la reducción de las tarifas y una intervención efectiva de la comuna provincial. El presidente del Frente Anticorrupción, Jesús Paredes, advirtió que la paralización se ejecutará si no se atienden las demandas planteadas.
REUNIÓN CON ALCALDE DE MARISCAL NIETO
En respuesta, el alcalde provincial informó que este viernes, a las 4:00 p.m., se desarrollará una reunión con dirigentes de diversas asociaciones para evaluar acciones frente al incremento del pasaje y del combustible.
En ese encuentro también se revisará el pedido de destitución del subgerente de Transportes, Antonio Linares Flor, acusado de favorecer a ciertas empresas, aunque el funcionario aseguró haber sostenido reuniones tanto con transportistas como con representantes de la sociedad civil.
OTRAS DEMANDAS
Entre las demandas adicionales figura la salida de circulación de unidades antiguas y su reemplazo por buses y minivanes, así como sanciones más severas para empresas infractoras. En este último punto, los dirigentes solicitaron la suspensión por seis meses de la empresa de la ruta 21, luego de que uno de sus trabajadores agrediera a un adulto mayor, caso por el cual el responsable fue suspendido.
