POR: JULIO FARFÁN VALVERDE [UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN]
Una investigación periodística de La Prensa Regional, publicada el 25 de abril de 2025, ha generado la intervención de la Fiscalía Suprema en Lima, luego de revelar la existencia de un audio que evidenciaría una presunta represalia institucional representada por el fiscal superior en lo penal y actual presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Moquegua, Juan José Machicao Tejada, contra el exadministrador del Ministerio Público de Moquegua, Juan José Quevedo Paz, quien fue condenado en primera instancia en diciembre de 2024 a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible.
Mediante Oficio N.° CF 187-2025(01)/2026-MP-FN-2daFSEDCFP, notificado en marzo de 2026, la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos Rivera, integrante de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, solicitó al director de Prensa Regional, Rogger Baylón Delgado, informar con carácter de muy urgente si cuenta con el denominado “audio revelador” mencionado en dicha publicación, en el marco de la carpeta fiscal N.° 502018602-2025-187-0, por su relevancia para la calificación de la investigación en curso.
ANTECEDENTES: CASO DE LA MORGUE DE CHEN CHEN Y LA SENTENCIA
La sentencia contra Juan José Quevedo Paz se encuentra vinculada al proceso de selección y contratación de un inmueble destinado al funcionamiento de la morgue de Chen Chen, en la provincia de Mariscal Nieto.
En dicho proceso también fueron comprendidos otros servidores de la División Médico Legal de Moquegua, como el médico Erick Valencia Ávalos y otros, siendo todos ellos sentenciados en primera instancia por el delito de negociación incompatible, cuando su tipificación penal era colusión agravada, por lo que la sentencia fue declarada nula en segunda instancia.
Sin embargo, el propio Quevedo Paz ha cuestionado la legalidad e imparcialidad del proceso, señalando que durante el juicio se produjo una variación de la tipificación penal, pasando de colusión a negociación incompatible, lo que —según su versión— habría evitado que se investigue a otros integrantes de la comisión de arrendamiento, entre ellos el fiscal superior Juan José Machicao Tejada, quien habría tenido pleno conocimiento de los hechos.
Asimismo, el exadministrador denunció haber recibido un trato desigual durante el juicio oral, al ser el único procesado obligado a asistir de manera virtual a todas las audiencias, pese a contar con defensa técnica, lo que refuerza sus cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
CUESTIONAMIENTOS A LA IMPARCIALIDAD DEL PROCESO
De acuerdo con la investigación periodística, la sentencia emitida por el juez Luis Antonio Talavera Herrera ha sido puesta en duda debido a la presunta cercanía personal y funcional con el fiscal superior Juan José Machicao Tejada, actual presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Moquegua, ya que la esposa de dicho juez, que sentenció a Quevedo, laboraba como subordinada en el despacho de Machicao.
Según el testimonio de Quevedo Paz, esta relación habría influido en el resultado del proceso, el cual —sostiene— responde a una represalia por hechos ocurridos años atrás.
ANTECEDENTE CLAVE: DENUNCIA PERIODÍSTICA DEL 2018
El origen del conflicto se remonta al 10 de julio de 2018, cuando la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional reveló presuntas irregularidades en la contratación de personal dentro del Ministerio Público de Moquegua, atribuidas a la gestión del fiscal superior Juan José Machicao Tejada.
Entre los hechos más relevantes, se denunció la contratación de una persona con impedimento legal por vínculo familiar, así como el direccionamiento de convocatorias laborales que fueron favorecidas con la intervención de Machicao.
Dicha investigación dio lugar a un proceso disciplinario en la ciudad de Lima que concluyó con un pedido de suspensión de seis meses contra el referido fiscal por falta muy grave; sin embargo, con el tiempo no se establecieron mayores responsabilidades y el caso fue archivado durante la gestión de la fiscal suprema y ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Asimismo, la Unidad de Investigación de Prensa Regional corroboró y evidenció vínculos personales entre funcionarios del Ministerio Público y el Poder Judicial, incluyendo la cercanía entre el juez Talavera Herrera y el entorno del fiscal Machicao, así como la contratación de la pareja del magistrado en una fiscalía superior a cargo de Machicao.
EL AUDIO REVELADOR: PRESUNTA TRAMA DE VENGANZA
Dentro de este contexto, la publicación del 2025 reveló la existencia de un audio en el que se escucharía al fiscal superior Juan José Machicao Tejada referirse al entonces administrador Juan José Quevedo Paz. En dicho registro se evidenciaría la intención de retirarlo del Ministerio Público y vincularlo a un proceso penal relacionado precisamente con el caso de la morgue, situación que posteriormente se habría concretado.
Este elemento fue considerado por el exadministrador como una prueba de la existencia de una posible represalia y venganza de Machicao Tejada, utilizando la institución en su contra. A partir de estos hechos, la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera solicitó el 9 de marzo de este año a Prensa Regional confirmar la existencia del audio y remitirlo, al considerarlo necesario para la evaluación de la investigación en curso.
En respuesta, Prensa Regional informó que la copia del audio solicitado obra en su poder, precisando que forma parte de un total de cuatro (04) audios vinculados a un mismo contexto de presuntos hechos de corrupción dentro del Ministerio Público de Moquegua, los cuales fueron remitidos en su conjunto.
ANTECEDENTE ANTE LA JNJ Y VULNERACIÓN DE RESERVA
Estos audios ya habían sido puestos en conocimiento de la Junta Nacional de Justicia en el año 2023, mediante una denuncia presentada bajo reserva de identidad.
Sin embargo, dicha reserva fue vulnerada, permitiendo la identificación del origen de la información proporcionada por el periodista Julio César Farfán Valverde, responsable de la Unidad de Investigación, quien viajó hasta Lima para entregarlos. Es importante señalar que Prensa Regional tuvo acceso a dichas evidencias por la confianza que inspira en la opinión pública, al salvaguardar la reserva de su fuente de información, la cual es de interés público.
Tras ello, al tener conocimiento de que los integrantes de Prensa Regional tenían en su poder copias de los audios como evidencia de presuntos hechos de corrupción en la región Moquegua, el medio ha sido objeto de acciones posteriores de amedrentamiento y represalias, como la reactivación de denuncias archivadas realizadas por fiscales superiores y provinciales de la Fiscalía de Mariscal Nieto – Moquegua, así como nuevas investigaciones fiscales contra integrantes del medio y sus familiares, principalmente contra el director Rogger Baylón Delgado y el jefe de la Unidad de Investigación, Julio César Farfán Valverde.
ACCIONES LEGALES CONTRA PERIODISTAS Y RETIRO DE DEMANDAS TRAS EXHIBICIÓN DE PRUEBAS
El fiscal superior Juan José Machicao Tejada interpuso una querella por difamación contra los periodistas Rogger Baylon Delgado y Julio César Farfán Valverde, del diario Prensa Regional de Moquegua en marzo del año 2023, a raíz de un informe publicado en noviembre de 2021 que abordaba sus gestiones para otorgar un reconocimiento al entonces fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, posteriormente vinculado al caso “Cuellos Blancos”. La acción legal también incluyó como supuesto hecho difamatorio una comunicación remitida por Farfán en 2022 a la Fiscalía de la Nación sobre un presunto direccionamiento en convocatorias, la cual —según el periodista— respondía a un interés público y a criterios de responsabilidad periodística. El magistrado pedía medio millón de soles de reparación civil a los periodistas.
De manera adicional, Machicao presentó una demanda de habeas data para impedir la difusión de información vinculada a su persona y a un proceso disciplinario previo, en el que fue sancionado con seis (6) meses de suspensión en 2021, decisión que luego fue apelada. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) cuestionaron estas acciones, calificándolas como mecanismos de intimidación y censura contra la labor informativa.
No obstante, el fiscal superior Machicao se desistió tanto de la querella como del habeas data tras una reunión sostenida con los periodistas, previa al inicio del juicio, como lo planteó el juez de la causa, en la que se exhibieron las pruebas que respaldaban las publicaciones realizadas en su contra.
