POR: JULIO CESAR FARFÁN VALVERDE
La investigación periodística de la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional continúa revelando nuevos elementos en torno a la polémica contratación de la regidora de la Municipalidad Provincial de Ilo y actual candidata al Congreso por el partido Perú Primero, Yolanda Ccallata Cueva, en el Gobierno Regional de Moquegua.
Lejos de despejar las dudas, las recientes declaraciones de la candidata en redes sociales —en las que denuncia una supuesta “guerra sucia”— y el comunicado institucional difundido por el propio Gobierno Regional han generado aún más cuestionamientos. Ninguno de los pronunciamientos responde de manera directa a las inconsistencias detectadas en los documentos presentados para sustentar su contratación ni explica las circunstancias que rodearon su ingreso a la entidad regional.
La investigación, sustentada en documentación oficial obtenida a través de la labor de fiscalización del consejero regional Ángelo Quilco Flores, revela presuntas irregularidades que van desde certificados laborales con fechas superpuestas hasta un proceso de contratación que podría evidenciar un posible direccionamiento político dentro de la propia administración regional.
CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS QUE EVIDENCIARÍAN INFORMACIÓN FALSA
Uno de los aspectos más delicados detectados en la revisión documental se encuentra en los certificados laborales presentados por Yolanda Ccallata Cueva para acreditar experiencia profesional ante el Gobierno Regional de Moquegua.
Entre los documentos revisados, se ha identificado un certificado emitido por la empresa S&R Company S.A.C., en el que se consigna que la hoy candidata habría trabajado en dicha empresa desde el 02 de febrero hasta el 30 de junio del año 2016. Sin embargo, al contrastar esta información con otra constancia laboral presentada en el mismo expediente, emitida por la empresa International Business, se advierte que en ese documento se indica que la misma persona habría estado trabajando desde el 01 de marzo hasta el 30 de julio del año 2016.
La comparación de ambos certificados revela una evidente superposición de fechas entre marzo y junio del año 2016, lo que implicaría que, según los propios documentos presentados para sustentar su experiencia laboral, Ccallata Cueva habría estado trabajando simultáneamente en dos empresas distintas durante el mismo periodo. Especialistas en derecho laboral y administración pública, consultados por la UDI, manifestaron que este tipo de coincidencias temporales constituye un indicio que amerita verificación. Señalan que resulta relativamente sencillo contrastar este tipo de información mediante los registros laborales de las empresas, ya que acreditar dos experiencias laborales paralelas como sustento para una contratación pública resulta materialmente cuestionable.
CERTIFICADO FIRMADO POR EMPRESA DE SU PROPIO HIJO
Otro documento que genera serios cuestionamientos es el certificado laboral emitido por la empresa de Servicios Generales Bahianddre, en el cual se consigna que Yolanda Ccallata habría desempeñado labores administrativas. El certificado aparece firmado por Diego Tejada Ccallata, quien figura como gerente general de dicha empresa.
Lo que ha llamado particularmente la atención es que la dirección consignada en el certificado laboral coincide con el mismo domicilio que Yolanda Ccallata declara como residencia en el currículum vitae que presentó al Gobierno Regional de Moquegua. El cuestionamiento es razonable sobre la independencia y credibilidad de dicho documento, considerando que la certificación laboral provendría de una empresa vinculada directamente a su entorno familiar.
UNA CONTRATACIÓN QUE NACE DESDE UNA OFICINA CLAVE
La controversia no se limita a los documentos presentados en el currículo. La UDI también revela que la contratación de Yolanda Ccallata no surgió de un proceso abierto o competitivo, sino a partir de un requerimiento interno de la Subgerencia de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Moquegua.
Dicha dependencia, a cargo de la licenciada Dianira Angélica Meza de Mendoza, solicitó formalmente la contratación de una Asistente Técnico I para realizar gestiones vinculadas al funcionamiento de la denominada Casa de la Mujer, programa que depende de esa subgerencia.
El requerimiento fue dirigido a la oficina de Recursos Humanos a través de la gerente regional de Desarrollo Social, licenciada Katherine Raquel Anco Santos, quien además se desempeña como presidenta del Comité de Damas del Gobierno Regional de Moquegua.
Lo que ha generado mayores suspicacias es que la propia candidata Yolanda Ccallata Cueva también forma parte de ese espacio político vinculado al denominado Comité de Damas, integrado por personas cercanas al entorno político de la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala. Incluso, Ccallata figura como una de las representantes de dicho comité en la provincia de Ilo.
INGRESO A PUESTO LABORAL PARA COBRAR SIN TRABAJAR
El caso adquiere mayor controversia cuando se revisa lo ocurrido después de su contratación. Yolanda Ccallata fue contratada el 15 de mayo de 2025 como Asistente Técnico I en la Subgerencia de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Moquegua. Sin embargo, el 11 de junio del mismo año —es decir, a menos de un mes de haber iniciado labores— solicitó acogerse al régimen de licencia laboral de hasta 20 horas semanales con goce de haber, argumentando su condición de regidora de la Municipalidad Provincial de Ilo.
Este hecho abre una interrogante fundamental. Si la Subgerencia de Desarrollo e Inclusión Social solicitó la contratación de personal por necesidad de servicio para las labores vinculadas a la Casa de la Mujer, ¿cómo se justifica que finalmente se contrate a una persona que no podía cumplir una jornada laboral completa debido a sus funciones políticas?
Esta situación podría evidenciar que la contratación no respondió necesariamente a una necesidad real del servicio, sino a la intención de beneficiar a una persona vinculada políticamente.
CINCO ADENDAS QUE PROLONGARON EL CONTRATO
El caso se vuelve aún más polémico al conocerse que el contrato inicial temporal de Ccallata Cueva no solo se mantuvo, sino que fue ampliado mediante cinco adendas sucesivas, prolongando su vínculo laboral con el Gobierno Regional de Moquegua hasta el 31 de diciembre de 2025.
Para diversos profesionales y analistas, este hecho resulta particularmente cuestionable, ya que la administración regional tenía la posibilidad de no renovar el contrato y convocar a un técnico o profesional que pudiera cumplir una jornada completa acorde con las necesidades del servicio.
Sin embargo, se optó por prolongar reiteradamente el vínculo laboral con una persona que, por su condición de autoridad municipal, no podía cumplir plenamente las funciones para las que había sido contratada.
POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO
Especialistas en gestión pública señalan que situaciones como esta podrían configurar un eventual perjuicio económico al Estado, en la medida en que se destinan recursos públicos para pagar remuneraciones por servicios que no se prestarían de manera efectiva o completa.
De confirmarse irregularidades en la documentación presentada o en el proceso de contratación, podrían configurarse delitos como falsedad genérica, uso de documento falso, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otros contemplados en el Código Penal peruano.
EL DESCARGO QUE NO RESPONDE LAS PREGUNTAS
Pese a las observaciones planteadas, la candidata Yolanda Ccallata ha optado por calificar la investigación periodística como una supuesta “guerra sucia”.
Por su parte, el Gobierno Regional de Moquegua se ha limitado a señalar en un comunicado que la contratación se realizó conforme a la normativa vigente y que los documentos presentados gozan de presunción de veracidad.
Sin embargo, ninguno de los pronunciamientos difundidos hasta el momento responde de manera directa a las inconsistencias detectadas en los certificados laborales, a las coincidencias políticas en el proceso de contratación ni a la razón por la cual se prolongó el contrato mediante cinco adendas pese a las evidentes limitaciones para cumplir la jornada laboral completa.
LA INVESTIGACIÓN DEBE CONTINUAR
Tras la publicación de Prensa Regional, diversos sectores han solicitado la intervención de la Contraloría General de la República para verificar el procedimiento administrativo que permitió la contratación.
Asimismo, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción inició diligencias preliminares en el Gobierno Regional de Moquegua y en la Municipalidad Provincial de Ilo con el fin recabar información sobre el proceso que permitió el ingreso de Yolanda Ccallata Cueva a la administración regional.
Cuando se trata de recursos públicos, la transparencia no se defiende con comunicados ni con acusaciones de “guerra sucia”, sino con explicaciones claras y documentos que resistan cualquier proceso de verificación.
Y en este caso, los documentos que originaron la investigación periodística provienen del propio expediente de contratación del Gobierno Regional de Moquegua.
