POR: NICOLÁS VALDEZ CASO
Algunos políticos tratan de desinformar argumentando que, para que se dé un proyecto minero, debe cumplirse la llamada Ley de Licencia Social y que las comunidades tienen que dar permiso y autorización para que se establezca dicho proyecto. Esto es totalmente falso.
No existe ninguna ley de licencia social, tampoco hay algún tipo de norma o procedimiento. Lo que existe en la práctica es un diálogo social y consiste en que la empresa minera converse sistemáticamente con las comunidades para explicar las bondades y potencialidad del proyecto, sin perjudicar el medio ambiente y creando un clima de sostenibilidad con el agro y las poblaciones aledañas. El diálogo nunca debe ser forzado, pero es importante que haya predisposición para ello, sin intervención de terceros como ONG y grupos políticos que solo buscan intereses personales e ingentes cantidades de dinero del extranjero, promoviendo trabas, problemas y pobreza.
NO CONFUNDIR LICENCIA SOCIAL CON CONSULTA PREVIA
Algunos confunden licencia social con consulta previa y tratan de forzar conceptos. Se debe recalcar que la consulta previa es únicamente para pueblos originarios indígenas ancestrales y está facultada por el art. 169 de la OIT y la Ley 29785. En el caso del Perú, se trata de etnias ancestrales precolombinas que mantienen sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, existentes antes de la estructura social actual. Se reconocen 51 pueblos amazónicos y 4 andinos, tales como: shipibo, konibo, boras, uros, aimaras, quechuas, etc. Ninguna comunidad originaria ancestral se encuentra en la costa.
EL CASO DE TÍA MARÍA
El Proyecto Tía María, que está generando mucha expectativa en la región sur, especialmente en la zona de Islay, mantiene un constante diálogo social con las comunidades y este se dará en todo momento del proceso, desde la etapa de exploración y explotación hasta el cierre de la mina. Esto significa que deben respetarse todos los lineamientos medioambientales, compromisos y responsabilidad social, sin que exista una reglamentación específica más allá del acuerdo entre las partes, lo cual se consigue mediante el diálogo.
Se observa que la empresa minera viene cumpliendo con estos lineamientos. Ha presentado un estudio de impacto ambiental, no usará agua del cauce del río Tambo y apuesta por agua desalinizada (tal como lo hace con sus dos plantas en Ilo desde hace años). Utilizará tecnología de alto nivel en todo su proceso productivo e incluso existe el compromiso de construir una represa de 50 mill. de m³ para asegurar el recurso hídrico del valle.
Como parte de su responsabilidad social, promueve un agro tecnificado, uso de drones para fumigación, máquinas cosechadoras, proyectos educativos y de salud, así como trabajos de descolmatación de ríos y canales. El diálogo entre empresa y comunidad es constante e importante, más allá de los beneficios por regalías y canon que se generarán cuando se inicie la etapa de explotación. Se trata de millones de soles que servirán para el desarrollo de los pueblos aledaños en infraestructura educativa, hospitalaria, vial y agrícola.
Está claro que la licencia social no existe como norma ni está regulada. Lo que existe es un diálogo permanente que debe fortalecerse para consolidar vínculos de confianza, siempre por el camino de la verdad y el respeto. El Perú necesita generar empleo y cerrar brechas económicas y sociales, y la minería tecnificada y digital está llamada a ser soporte del desarrollo de los pueblos, muchas veces donde el Estado no llega.
