POR: JULIO FARFÁN VALVERDE [UNIDAD DE INVESTIGACIÓN (UDI)]
Lo que la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional denunció como un caso novedoso y de sumo cuidado ante el accionar alarmante de la ciberdelincuencia en Ilo hoy ha escalado a una investigación nacional por lavado de activos. El protagonista es Víctor Manuel Arocutipa Nina, condenado inicialmente con una sentencia suspendida por fraude informático y que, mientras permaneció libre sin cumplir ninguna obligación judicial, habría continuado sumando víctimas en diversas ciudades del país, como ocurrió con el ciudadano Jorge Luis Yáñez Ibárcena, a quien hasta la fecha no paga la reparación civil ni purgó condena en prisión.
La reciente Providencia N.° 02, de fecha 23 de enero de 2026, emitida por la Fiscalía Provincial Contra la Criminalidad Organizada de Piura, confirma que el caso dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una investigación de alcance nacional por presuntos delitos de lavado de activos en agravio del Estado peruano y otros ilícitos cometidos en agravio de 12 ciudadanos hasta ahora registrados.
EL FRAUDE QUE COMENZÓ CON UN CELULAR
El primer caso conocido ocurrió cuando el ciudadano Jorge Luis Yáñez Ibárcena adquirió un equipo celular en una tienda autorizada de telefonía en Ilo, donde trabajaba el ahora investigado. El acceso inicial al dispositivo permitió la obtención de información personal que luego habría sido utilizada para ejecutar operaciones fraudulentas.
Entre 2021 y 2022, el imputado suplantó la identidad de la víctima para solicitar créditos, abrir productos financieros y acceder a sus cuentas bancarias del BCP y BBVA, transfiriendo aproximadamente S/ 65,000, realizando compras virtuales y creando cuentas digitales a nombre del agraviado.
El daño fue devastador: amenazas de embargo, deudas inexistentes, perjuicio económico y una afectación emocional profunda para la víctima.
SENTENCIA LO DEJÓ LIBRE
El 13 de marzo de 2024, el Segundo Juzgado Unipersonal del Submódulo Penal de Ilo lo condenó por fraude informático a tres años y cuatro meses de prisión suspendida, pese a la gravedad del delito.
El sentenciado salió libre ese mismo día.
Nunca cumplió reglas de conducta ni pagó la reparación civil de S/ 45,000. Durante más de un año desobedeció exhortaciones judiciales y amonestaciones sin consecuencia inmediata.
Recién el 14 de octubre de 2025, tras múltiples incumplimientos, la justicia revocó la suspensión de la pena y ordenó su captura para cumplir prisión efectiva. Sin embargo, continúa libre, mientras los hechos inicialmente denunciados ya se habían expandido con más víctimas.
INVESTIGACIÓN NACIONAL Y MÚLTIPLES AGRAVIADOS
La investigación fiscal en Piura revela un panorama mucho más grave de lo que inicialmente se conocía. El Ministerio Público dispuso recabar declaraciones de numerosos agraviados identificados en diversas denuncias y procesos registrados a nivel nacional, a fin de establecer el patrón delictivo del investigado.
Asimismo, se han enviado oficios a fiscalías y autoridades policiales de distintas ciudades para remitir sentencias, disposiciones fiscales y documentación que permita identificar a más víctimas y precisar el estado actual de las investigaciones existentes.
Las diligencias incluyen la reprogramación de declaraciones testimoniales y la citación del propio investigado, bajo apercibimiento de conducción compulsiva en caso de inasistencia.
UNA ADVERTENCIA IGNORADA
Desde la primera denuncia pública, Jorge Luis Yáñez Ibárcena cuestionó que el responsable no haya sido encarcelado desde la sentencia inicial. Su advertencia fue clara: una pena leve frente a delitos informáticos complejos podía permitir la continuidad del fraude, y el tiempo le dio la razón.
Prensa Regional también alertó que las sentencias benignas frente a ciberdelincuentes representan un riesgo creciente para la seguridad bancaria y digital de los ciudadanos, así como la facilidad para cometer este tipo de delitos que ya se han vuelto recurrentes.
Hoy, con una investigación por lavado de activos y múltiples víctimas por diferentes delitos que van apareciendo en diversas regiones del país, esas advertencias parecen haberse materializado.
CUANDO LA JUSTICIA LLEGA TARDE
El caso evidencia una brecha preocupante entre la evolución de la criminalidad digital y la capacidad de respuesta del sistema de justicia. Mientras los delincuentes informáticos pueden vaciar cuentas bancarias en minutos, decisiones judiciales lentas o indulgentes pueden permitir que continúen operando durante años.
El fraude informático ya no es un delito menor ni aislado. Es una amenaza nacional que exige respuestas firmes, oportunas y ejemplares.
La historia de Víctor Manuel Arocutipa Nina demuestra que una sentencia benigna puede convertirse en la puerta abierta para nuevas víctimas.
