POR DR. ROBERTO TITO CONDORI PÉREZ
En Moquegua, el “sillón municipal”, junto a funcionarios, se vuelve, en la mayoría de casos “detectados”, una caja fuerte con llave pública, medida a través del presupuesto, la logística (compras), las contrataciones y el personal. Se observa que cuando una autoridad llega a la alcaldía o al gobierno regional sin controles internos reales, con redes de confianza mal entendidas y con una cultura de “hacerlo a mi modo”, el municipio deja de ser gobierno local y se transforma en “botín”. Todo indica que es así, en tanto los expedientes, sentencias e investigaciones circulan por las redes sociales.
Lo que muestran estas fuentes no es un “accidente” aislado; se puede decir que es un patrón de captura del aparato municipal, y ello se deduce de la contratación pública manipulada (colusión), el uso del patrimonio municipal como bien privado (peculado) y la colonización de la administración mediante nombramientos ilegales o indebidos. El municipio se vuelve atractivo para los candidatos (“potenciales delincuentes”) porque logran concentrar gasto discrecional, baja fiscalización ex ante y controles internos frágiles —se niegan a otorgar recursos para la fiscalización, como se observa en el gobierno regional, al decir de los consejeros regionales—, especialmente en las oficinas de logística, abastecimiento, inversiones y asesoría legal. Aquí una narrativa de casos con modo, lugar y realidades.
SAN CRISTÓBAL CALACOA
El miércoles 8 de enero de 2025 (La Prensa Regional) se informó la sentencia de cinco (5) años por colusión contra el exalcalde Alfredo Nina Calizaya, exfuncionarios y proveedores, en una dinámica de reparto de roles para beneficiar a privados. La colusión no requiere discursos: requiere firmas, comités dóciles y expedientes “arreglados”. La noticia circula en publicaciones y cobertura local (Radio Uno y el post de Prensa Regional). El mismo contenido aparece republicado con fecha jueves 5 de febrero de 2026.
YUNGA
El sábado 7 de febrero de 2026 (La Prensa Regional) se publicó que el alcalde Pedro Pablo Manuel Manuel y seis exfuncionarios fueron sentenciados a seis (6) años por colusión agravada, por una adquisición irregular de terreno fuera de su jurisdicción, con presunta sobrevaloración y uso de canon y regalías. Cuando el dinero público compra “proyectos” que nunca se materializan, el daño es doble: pérdida económica y burla institucional.
La condena también alcanza a Ricardo Guillermo Sánchez Pachamama, exgerente municipal; Manuel Roberto Salas Aparicio, exjefe de Logística y Abastecimiento; Aureliano Edgar Flores Alcos, exjefe de Contabilidad y Presupuesto; así como a los exsubgerentes Alba Verónica Aroni Espetia (Promoción Social), Germán Félix Cruz Mamani (Servicios Públicos) y Enrique Iturry Espezua (Inversiones). Asimismo, Jhon Leo Caira Yucra fue sentenciado como cómplice primario por su participación funcional en la ejecución del proyecto y la elaboración del expediente técnico.
CUCHUMBAYA
El lunes 3 de febrero de 2026 (La Prensa Regional) se reportó condena contra el exalcalde Armando Froilán Romero Torres por peculado (uso de vehículos oficiales y apropiación de combustible), con pena de once (11) años e inhabilitación. Aquí el peculado se vuelve cotidiano: lo municipal se usa como propiedad privada. Reporte periodístico también de Radio Uno.
EL ALGARROBAL
El lunes 10 de noviembre de 2025 (La Prensa Regional) se dio cuenta de un fallo por nombramiento ilegal y aceptación ilegal de cargo público, al acreditarse la designación irregular del abogado de confianza del alcalde Florentino Nina Fernández. Este delito muestra otra puerta de entrada: capturar la administración con personal “leal” antes que idóneo.
SAMEGUA, ILO Y SÁNCHEZ CERRO
En Samegua, el lunes 15 de diciembre de 2025 (La Prensa Regional) se informó de una investigación fiscal contra alcalde y regidores por presunto otorgamiento ilegítimo de derechos y uso indebido de recursos.
En Ilo, el jueves 8 de enero de 2026 (La Prensa Regional) se reseñó una sentencia en primera instancia por usurpación de funciones, con impacto político y social.
Pascual Baylón Coaquira (Sánchez Cerro, Moquegua), exalcalde (gestión 2011–2014), registra, según Convoca, condena por fraccionamiento indebido de una obra de riego.
Sin lugar a dudas, muchos de los alcaldes tienen ese objetivo: apropiarse de los bienes y recursos del Estado. Una mirada a cada uno de los jefes de pliego permite encontrar un potencial y, en muchos casos como los narrados, confirmar que buscan vivir del Estado cometiendo delito.
