POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
Libertad Popular es una de las 34 organizaciones que participarán en las venideras elecciones generales de abril. Lleva como candidato a la presidencia a Rafael Belaunde y como primer vice a Pedro Cateriano, eterno odiador del fujimorismo y aprismo. Asimismo, lleva en sus filas para el Senado a Raúl Canelo, opositor del gobierno de la entonces mandataria Dina Boluarte y del hoy jefe de Estado José Jerí.
Pero resulta que este personaje público es, a la sazón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), cuyo mandato vence en dos meses, y según los Estatutos de la Orden es una institución de derecho público interno, autónomo e independiente que agremia a los letrados en el ejercicio profesional.
Entonces, llega la interrogante: ¿puede ser autónomo e independiente y, a la vez, pertenecer a una agrupación tentando una curul para el próximo Parlamento? Cierto es que el puesto que ocupa no es a dedicación exclusiva; es decir, puede seguir siendo notario (como fue el caso del predecesor), aunque debe mantener distancia prudente no solo del poder de turno (que de hecho es así, toda vez que —a guisa de ejemplo— a inicios de noviembre pasado calificó de infructuosa la labor de Jerí Oré en materia de seguridad ciudadana), sino con toda la clase política.
Su posición mediática (reconozcamos que es el colegio profesional de mayor trascendencia en el país, que maneja ingentes recursos económicos con cerca de 100 mil asociados) hace de su voz una caja de resonancia.
De esto último, en clara muestra de afinidad política, hace poco menos de una semana el Consejo de Ética del CAL suspendió del ejercicio profesional (vía cautelar) a Patricia Benavides, argumentando que, previo a la asunción como fiscal de la Nación, prometió no interferir en el caso de su hermana Emma (jueza superior repuesta a la fecha por la Junta Nacional de Justicia); sin embargo, en el cargo, separó a la fiscal que la investigaba. Esto es, por decirlo de manera bondadosa, inverosímil.
Benavides Vargas actuó de esa forma (removiendo a una magistrada provisional) al ser su potestad constitucional y legal; ergo, en el cabal cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Por lo tanto, el pronunciamiento de ética es absurdo, pues el accionar jurisdiccional no interfirió con el comportamiento profesional de la abogacía.
No obstante, Canelo insiste en que la denunciará penalmente por ejercicio ilegal de la profesión si no acata la suspensión impuesta. ¿Canelo o canero?
Y, si no fuera suficiente, mostró en reiteradas ocasiones su beneplácito a Delia Espinoza. Cuestionó groseramente las prerrogativas del Congreso (que la inhabilitó por 10 años para el ejercicio de la función pública) y de la JNJ (que la destituyó). Más aún, en febrero de 2025 el mismo Consejo de Ética abrió procedimiento disciplinario contra los integrantes de la Junta. Canelo, fiel a su estilo del “tirar la piedra y esconder la mano”, emitió un comunicado enfatizando en la “autonomía” de dicho órgano del CAL.
Por la tranquilidad emocional de todos los colegas, sería recomendable que Canelo dé un paso al costado como titular de la Orden (o pida licencia, que da lo mismo) y se enfoque íntegramente en su campaña al Legislativo, garantizando con ello la transparencia que debe siempre gozar el ilustre colegio en el quehacer político cotidiano. Pero, sabedores de que no lo hará, resta contar los días (dos meses) para que cumpla su mandato y se retire, con harta pena y ninguna gloria.
