POR: RONY FLOR COAYLA
La mañana del miércoles publicamos imágenes de aguas sucias y pestilentes que bajaban por la doble vía a Montaldo, a la altura de Casa Andina y el Colegio Técnico Agropecuario. De inmediato, SUNASS se dio una vuelta por el lugar y, efectivamente, se confirmó la situación.
Horas después se informó que, en el marco de las acciones de supervisión vinculadas al cumplimiento de los Valores Máximos Admisibles (VMA), la EPS Moquegua solicitó al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la realización de una inspección a un camal de pollos clandestino.
En la intervención se verificó que el establecimiento no cuenta con autorización para utilizar una conexión de desagüe. Sin embargo, se evidenció el bombeo de aguas residuales hacia una tubería ubicada en los alrededores del local. El problema no solo es porque en el ingreso a la ciudad huele feo, sino que las aguas sucias pasan frente a un colegio y al hotel más “ficho” de Moquegua, aunque sobre eso no dicen nada los ambientalistas.
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Gran minería va a necesitar gente
Para el 2030 deben estar operando, o listos para hacerlo en el sur del Perú, por lo menos media docena de proyectos mineros con una inversión de más de US$ 5 mil millones de dólares. Con Zafranal, Pampa de Pongo, Cerro Verde, Lomas, Don Javier y la misma Tía María, se vienen oportunidades de chamba para los jóvenes en distintas ramas del saber humano.
Las universidades tienen que producir profesionales y además capacitarlos en minería. Pero por otro lado, los gobiernos regionales, a través de las direcciones de Energía y Minas, no tienen las herramientas para trabajar el proceso de formalización de la minería ilegal. Por ejemplo, este 2026 sería un año malo para enfrentar la informalidad debido a que habrá cambio de gobierno nacional y eso va en contra.
En resumidas cuentas, por un lado hay quienes suman al desarrollo a través de la gran minería, y por otro los que restan en medio de la ilegalidad. Pero trabajo va a haber.
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La valla y sus consecuencias
Sobre las elecciones generales que están a “tiro de piedra”, dice la norma que una organización política deberá cumplir dos requisitos simultáneos para acceder a la distribución de escaños: alcanzar al menos el 5 % del número legal de miembros (es decir, 7 diputados o 3 senadores) y obtener, además, el 5 % de los votos válidos a nivel nacional en la cámara correspondiente.
Asimismo, la legislación electoral establece que los partidos que no alcancen el porcentaje mínimo exigido pierden su inscripción ante el sistema electoral, lo que implica su desaparición legal como organización política. Al perder la inscripción, el partido queda impedido de participar en futuras elecciones, presentar candidatos o recibir financiamiento público.
Se interpreta entonces que el partido que no pase la valla electoral no podría inscribir candidatos para las elecciones siguientes, es decir, las regionales y municipales.
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