POR: ABOG. LUIS MIGUEL CAYA SALAZAR
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha tomado una decisión que marcará negativamente este proceso electoral: permitir que Mario Vizcarra, condenado por peculado, continúe en carrera presidencial.
No se trata de una discusión política. Se trata de legalidad, ética pública y respeto a la Constitución.
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 había hecho lo correcto. Aplicó la Ley Orgánica de Elecciones y declaró fundadas las tachas contra la candidatura de Mario Vizcarra. ¿La razón? Una condena firme por peculado, delito de corrupción de funcionarios.
La ley es clara. Clarísima. El artículo 107, literal j), de la Ley Orgánica de Elecciones prohíbe postular a la Presidencia y Vicepresidencias a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción, aun cuando estén rehabilitados.
No hay letra chica. No hay excepciones. No hay interpretaciones creativas.
Sin embargo, el Pleno del JNE decidió abrir la puerta que la ley había cerrado. Lo hizo amparándose en argumentos forzados sobre la rehabilitación penal y en sentencias de amparo que no tienen efectos generales.
El amparo no deroga leyes. La rehabilitación no borra la corrupción. Y cumplir una condena no convierte a nadie en ejemplo moral.
Gobernar el país exige idoneidad, probidad y confianza pública. No basta con haber salido del juzgado. Se necesita haber salido limpio.
Pero hay algo aún más grave. La defensa de Mario Vizcarra presentó como prueba una supuesta “rehabilitación” contenida en la Resolución 77, emitida por un juzgado de Moquegua. Esa resolución no está firme ni consentida. Fue impugnada por la Procuraduría por no haberse pagado la reparación civil.
Una resolución no firme puede ser revocada, modificada o anulada. No produce efectos jurídicos definitivos. No puede servir de base para habilitar una candidatura presidencial. Aun así, el JNE prefirió mirar al costado.
Mientras los tachantes esperábamos notificación oficial, los vizcarristas ya celebraban en redes sociales con un “borrador” de resolución. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Normal? De ninguna manera.
La justicia electoral no se filtra. Se notifica. Se fundamenta. Se respeta.
Hoy, el mensaje que se envía al país es peligroso: que una condena por corrupción no es obstáculo para aspirar a gobernar el Perú. Que basta con esperar el paso del tiempo para volver al poder.
El Perú no puede normalizar la corrupción. No puede premiarla con candidaturas. No puede reciclar a los mismos de siempre.
La democracia no se defiende con discursos, se defiende aplicando la ley. Y cuando la ley se ignora, lo que se debilita no es solo una elección, sino la confianza de todo un país.
El JNE tenía la oportunidad de marcar un precedente histórico. Prefirió abrir la puerta a los corruptos.
