POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
El desconcierto electoral despierta la vieja consigna del voto cruzado, no votar horizontalmente, es decir, desmarcarnos del voto similar para todas las candidaturas que hubiera, darle autonomía a cada decisión que asumamos en la cédula electoral; lo que pasa por alto es la capacidad del arrastre electoral que significa un buen liderazgo político.
Tratándose de elecciones generales, las candidaturas más visibles son las presidenciales, en tanto mayor difusión y publicidad se les brinda, siendo los medios de comunicación social, la capacidad económica y la organización partidaria determinantes para los objetivos, sin descuidar las extrañadas excepciones de liderazgos potentes que, con fluida oratoria, solvente argumentación, capacidad de improvisación e ineludible carisma, pudieran estar motivando masas, seduciendo auditorios, despertando pasiones y allanando el camino hacia el objetivo político.
Si bien tenemos 38 fórmulas presidenciales, ya está escrito que iremos a segunda vuelta electoral, por la incapacidad de cosechar mayores adeptos y recabar una gravitante votación; más aún, no más de ocho (8) agrupaciones superarán la valla electoral del 5 % de votos válidos, que implica no tener representación parlamentaria y la cancelación de la agrupación política en el registro respectivo.
¿Acaso quiere decir esto que el amplio abanico de propuestas, a sabiendas de que no tienen posibilidades, persisten en sus andaduras electorales, generando gastos públicos en el proceso (publicidad estatal, procedimientos y materiales electorales, etc.), confundiendo al elector y distorsionando las verdaderas expectativas de alternancia? Más bien, instrumentalizan el proceso para proponerse como “vientres de alquiler” para quienes no lograron formalizar sus propuestas políticas, pese a la exigencia de activismo partidario a través de la militancia, o quizá pretendiendo que el incauto elector, en un chispazo de suerte, les entregue la confianza ante la carcomida presencia de los candidatos tradicionales.
Entonces, cualquiera que sean las candidaturas legislativas, debieran alinearse con la agrupación y su candidatura presidencial, porque será el nexo necesario para poder llegar a los demás espacios electorales; es el motor político que jala los remolques parlamentarios. En nuestro modelo electoral son inadmisibles las candidaturas aisladas.
Aunque también es cierto que, alentados por la existencia del “voto preferencial”, se construyen verdaderas batallas electorales al interior de los partidos políticos, descuidando de sobremanera la unidad y coherencia partidaria, cuya consecuencia es no sumar los votos necesarios para la agrupación, lo que imposibilitará que sus candidaturas parlamentarias puedan acceder a cargo alguno, así hayan logrado recoger una importante votación.
Aunque también ocurre un fenómeno inverso: candidatos congresales que no tuvieron un trato especial en el voto ciudadano acceden a la representación por la capacidad de arrastre del voto recogido por sus candidaturas presidenciales y bajo las que se ejercitó un voto horizontal, endosando un importante caudal de votación a la agrupación política para luego convocar a sus candidatos postulantes. Esto último se presentó en las elecciones generales del 2021 con los candidatos parlamentarios de Tacna y Moquegua.
Llamar al voto cruzado, en la consideración de que no es conveniente votar por todos los candidatos de determinada agrupación porque en otras se encuentran candidaturas más solventes o de confianza ciudadana, funcionará en tanto y en cuanto se tenga la certeza de que se superará en una u otra la barrera electoral; caso contrario, será un salto al vacío, un voto perdido.
Bajo este mismo contexto, encontramos que, muy a pesar de la insistencia en las leyes electorales de generar activismo partidario, formar cuadros políticos, construir alternancias partidarias, recuperar los idearios y programas partidarios, añadirle a ello la exigencia de que el grueso de candidaturas provenga de militantes debidamente empadronados y que aquellos que tienen representación parlamentaria gocen del privilegio del financiamiento público, poco se avanzó.
Mejor dicho, se neutralizó el sano objetivo de reforzar los partidos políticos, bajo la tozudez de respuestas coyunturales que más responden a intereses subalternos y mezquinos; y por ello vemos, una vez más, a los candidatos de siempre, con sus intereses de siempre y su barata sensibilidad política de siempre.
Y si de liderazgos partidarios se trata, que deben concentrar la atención pública, en esa turbación electoral encontramos singulares candidaturas. López Aliaga reconvirtió Solidaridad Nacional en Renovación Popular y, habiendo asumido el compromiso público de culminar su periodo de alcalde, no fue sorpresa su rectificación; se apropió pronto de un lenguaje roñoso. Keiko Fujimori, adueñada de las decisiones parlamentarias y de la destrucción institucional, con suma soberbia intenta autoproponerse como la esperanza del cambio.
El APRA, con sus líos internos que buen tiempo atrás vienen persiguiéndolo, con una figura nueva tiene como meta máxima no cancelar su inscripción. Acción Popular, desafectada por decisión propia, muestra incapacidad de asumir el legado belaundista. APP, más convertido en marca de comercio político con exitosas utilidades, tiene como mejor expresión a César Acuña, nada que agregar. El PPC, que con mucho esfuerzo levantó Luis Bedoya, va como alianza electoral y, claro está, su futuro es incierto, siendo indulgentes.
Una izquierda fragmentada asume sus pasivos históricos dividida y confrontada. Y ni qué decir de ciertos liderazgos, perfectamente identificados y convertidos en baluartes de partidos políticos, que por razones “personales” hoy transitan por otras agrupaciones: Yonhy Lescano con Cooperación Popular, renegando de Acción Popular; Marisol Pérez, destacada militante del PPC, hoy candidata de “Primero la Gente”. Sin desmerecer sus capacidades políticas, sus andares políticos, como el de muchos, van sembrando dudas y reparos que ahondan la crisis política.
Ese extraño escenario de la política nacional, que no cobra víctimas sino utilitaristas de ella, y si de víctimas se trata, la única víctima es nuestra institución democrática, que desde todos los frentes políticos viene padeciendo su aprovechamiento en demasía, generando una grave consecuencia: el desapego ciudadano.
Es evidente la crisis de los partidos políticos. Nos hemos distraído en la discusión de la reforma política, colocando énfasis en reformas constitucionales, pero obviando a los partidos políticos y su crisis, que desde tiempo atrás nos comprometen. Por voluntad de los propios partidos políticos, pasa como tema secundario, siendo perentorio su tratamiento.
Acudir a la mejora de la institucionalidad partidaria es acudir a la mejora de nuestra vida democrática, porque participan activamente de ella, pudiendo propiciar —como es de esperarse— una mejor representación política. El reproche público de la actual representación parlamentaria no es suficiente; solo es el insumo básico en la urgencia de abordar esta reforma.
