Un conflicto por la presunta titularidad de un terreno ubicado en el sector Estuquiña derivó en un enfrentamiento entre vecinos y una familia que reclama derechos de propiedad sobre el predio, situación que ha encendido las alertas de las autoridades locales ante el riesgo de nuevos incidentes.
El gerente del centro poblado de Los Ángeles, Alonso Aragón Calcín, informó que la controversia se origina por una discrepancia en uno de los linderos de un terreno que la familia Córdoba asegura tener inscrito a su nombre. Según explicó, el conflicto se centra en el límite oeste del predio, el cual colinda con el área urbana de Estuquiña. Los vecinos sostienen que dicho espacio forma parte del casco urbano y que cualquier intento de ocupación vulneraría sus derechos.
Aragón señaló que el terreno en disputa no habría sido ocupado con anterioridad por los presuntos propietarios, quienes recientemente intentaron tomar posesión, generando la reacción de los moradores.
Ante ello, se solicitó la presencia del fiscal Bernedo Danz para dejar constancia de la situación y evitar una escalada de violencia. Precisó además que, de acuerdo con planos catastrales y de habilitación urbana elaborados por COFOPRI, el área se encuentra dentro de la zona urbana, incluso con posibles superposiciones sobre vías de conexión.
Por su parte, el subgerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Julio Valdez Naventa, expresó el respaldo institucional a los vecinos y confirmó que se presentó una denuncia por presunta invasión ante la Policía de Seguridad del Estado. Indicó que la municipalidad, si bien no es propietaria del terreno, tiene la responsabilidad de cautelar la legalidad y prevenir actos de usurpación, especialmente en áreas consideradas de dominio estatal.
Valdez advirtió que la falta de intervención oportuna podría derivar en enfrentamientos, y aclaró que no existe documentación validada por la municipalidad que respalde la ocupación reclamada. El caso será elevado a la comuna provincial para que el procurador público evalúe las acciones legales correspondientes, mientras se espera una solución dentro del marco del estado de derecho.
