POR: JULIO FARFÁN VALVERDE
El Hospital Regional de Moquegua se encuentra bajo una de las observaciones más graves emitidas por la Contraloría General de la República en los últimos tiempos, luego de que un informe de Orientación de Oficio confirmara que personas sin contrato, sin orden de servicio y sin vínculo laboral estuvieron prestando servicios dentro de áreas estratégicas de la institución, con conocimiento y autorización de funcionarios responsables.
El Documento Oficial N.º 001-2026-OCI/0829-SOO, emitido el 9 de enero de 2026 por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Moquegua, describe con precisión un esquema irregular que compromete a los Departamentos de Diagnóstico por Imágenes, Medicina y al Área de Patrimonio de la Unidad de Logística del hospital Regional.
La investigación se realizó entre el 5 y el 8 de enero de 2026 como un servicio de control simultáneo, y lo que se halló, según la propia Contraloría, constituye una “situación adversa” que podría generar contingencias legales, administrativas y penales contra la entidad y los funcionarios que permitieron estos hechos.
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: UNA SECRETARIA “FANTASMA”
Durante la visita de inspección efectuada el 8 de enero de 2026, el personal del Órgano de Control Institucional encontró dentro del Departamento de Diagnóstico por Imágenes a Leila Mircala Garnica Zeballos, realizando labores propias de una secretaria ejecutiva.
La persona se encontraba utilizando computadoras, mobiliario institucional y manipulando documentación oficial del área, pese a que no contaba con contrato, ni orden de servicio, ni vínculo laboral alguno con el hospital.
Lo más delicado del hallazgo no es solo la presencia física de una persona externa en un área médica estratégica, sino la explicación que ella misma brindó a los auditores. Según su declaración, su ingreso al hospital y a ese departamento se produjo por llamado y autorización directa del jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes, José Ramos Supa, quien además le habría proporcionado los accesos necesarios para operar dentro del servicio.
Este hecho no es aislado ni casual. El informe de la Contraloría deja constancia de que, apenas un día antes, el 7 de enero de 2026, el propio José Ramos Supa remitió el Informe N.º 009-2026-DIRESA-HRM/20 al director ejecutivo del Hospital Regional de Moquegua solicitando la contratación de una secretaria ejecutiva bajo la modalidad de locación de servicios. Es decir, primero se permitió que la persona trabaje sin contrato y luego se intentó regularizar su situación, una práctica expresamente prohibida por las normas de contratación pública y por las directivas internas del hospital.
La Contraloría advierte que esta conducta vulnera no solo la legalidad del proceso de contratación, sino también los principios de acceso al empleo público por mérito, transparencia y competencia, establecidos en la Ley Marco del Empleado Público y en la Ley del Servicio Civil.
MEDICINA: OTRO CASO DE INGRESO IRREGULAR CON AVAL FUNCIONAL
La situación detectada en el Departamento de Medicina sigue el mismo patrón. Durante la inspección, los auditores hallaron a Dennise Dayana Sosa Saraza, desempeñando labores de apoyo secretarial, utilizando equipos informáticos del hospital y manipulando documentación administrativa, sin contar con contrato ni orden de servicio vigente.
El informe de Contraloría, señala que, al ser interrogada por el personal de control, la persona indicó que su presencia se debía al llamado y autorización de la jefa del Departamento de Medicina, Mara Berlinda Vera Yanqui, quien habría permitido su ingreso y permanencia en las instalaciones del hospital.
Nuevamente, el informe revela un hecho que refuerza la hipótesis de una práctica sistemática: el 5 de enero de 2026, es decir, tres días antes de la inspección, Mara Berlinda Vera Yanqui había remitido el Informe N.º 004-2026-DIRESA-HRM/11 solicitando la contratación de un personal auxiliar administrativo por locación de servicios para enero de 2026. Al igual que en Diagnóstico por Imágenes, primero se hizo trabajar a la persona y luego se intentó formalizar el vínculo, en abierta contravención a la normativa vigente.
Para la Contraloría, esta conducta constituye una infracción grave al régimen de contratación pública, al sistema de gestión de recursos humanos del Estado y al régimen presupuestal, pues se estaría generando gasto sin certificación de crédito presupuestario ni compromiso legal válido.
PATRIMONIO Y LOGÍSTICA: INVENTARIOS MANIPULADOS POR PERSONAS EXTERNAS
El hallazgo más sensible, por sus implicancias patrimoniales y de control, se produjo en el Área de Patrimonio de la Unidad de Logística. Allí, el 8 de enero de 2026, el OCI detectó la presencia de Marco Antonio Machaca Salluca y Grover Rusbell Mamani Mamani, quienes estaban realizando labores de sinceramiento de base de datos del inventario físico 2025, utilizando equipos informáticos y manipulando documentación patrimonial del hospital, sin tener vínculo laboral ni órdenes de servicio vigentes.
Según las propias declaraciones de estas personas, su presencia fue dispuesta por la Comisión de Inventario 2025, integrada por la jefa de la Oficina de Administración, la jefa de la Unidad de Logística, la jefa de la Unidad de Economía y el jefe del Área de Patrimonio del Hospital Regional de Moquegua. Es decir, la totalidad del núcleo administrativo responsable del control de bienes y activos del hospital habría autorizado que personas externas ingresen y manipulen el inventario institucional.
Para la Contraloría, este hecho no solo viola las normas de contratación, sino también la Directiva de Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales, que establece que los bienes del Estado solo pueden ser asignados en uso a personal debidamente acreditado y responsable.
UNA ORDEN EXPRESA QUE FUE DESOBEDECIDA
Existe un elemento que agrava aún más la situación. Mediante el Memorándum Circular N.º 845-2025-DIRESA-HRM/01, de fecha 5 de diciembre de 2025, el director ejecutivo del Hospital Regional de Moquegua comunicó a todos los jefes de departamentos, oficinas, unidades, asesoría legal y comunicaciones que:
“queda terminantemente prohibido el ingreso y la prestación de servicios del personal que no cuenta con la respectiva orden”.
Pese a esta prohibición expresa, los jefes de Diagnóstico por Imágenes, Medicina, así como la jefa de Administración, la jefa de Logística, la jefa de Economía y el jefe de Patrimonio, permitieron, según la Contraloría, que personas sin vínculo laboral ingresen y trabajen en áreas estratégicas del hospital, utilizando bienes públicos y manejando información institucional.
LAS NORMAS QUE FUERON VULNERADAS
El informe de la Contraloría detalla que estos hechos infringen múltiples normas, entre ellas:
La Ley N.º 28175, Ley Marco del Empleado Público, que establece que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso y que los actos que contravienen este principio son nulos de pleno derecho.
La Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil, que exige procesos de selección basados en mérito, competencia y transparencia.
El Decreto Legislativo N.º 1440, que regula el sistema presupuestal y establece que ningún gasto puede ejecutarse sin certificación, compromiso y devengado, bajo sanción de nulidad y responsabilidad civil, penal y administrativa.
Las directivas internas del Hospital Regional de Moquegua, que prohíben expresamente regularizar servicios ya ejecutados y sancionan a las áreas usuarias que contraten directamente bienes o servicios.
La Contraloría advierte que esta situación genera un alto riesgo de contingencias legales contra la entidad, así como una afectación directa a la legalidad y transparencia de la administración pública.
Entre los riesgos potenciales se encuentran demandas laborales, nulidad de actos administrativos, procesos disciplinarios y eventuales responsabilidades penales para quienes autorizaron o permitieron estos hechos.
Finalmente, el informe ordena que el director ejecutivo del Hospital Regional de Moquegua adopte medidas preventivas y correctivas, y que informe al Órgano de Control Institucional, en un plazo máximo de cinco días hábiles, las acciones ejecutadas o por ejecutar respecto a esta situación adversa, adjuntando la documentación que las sustente.
