Cientos de pobladores del distrito de Ichuña se movilizaron en la ciudad de Moquegua en rechazo a resoluciones judiciales que, según denuncian, afectarían territorio moqueguano en favor de la región Puno, así como para exigir la ejecución de proyectos emblemáticos postergados por años por el Gobierno Regional de Moquegua.
El presidente del Frente de Defensa de Ichuña, Epifanio Mamani Ventura, cuestionó el informe N.° 045 y la Resolución N.° 055 de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, al señalar que la población nunca fue notificada ni consultada durante el proceso limítrofe. Asimismo, responsabilizó al GORE por no haber trabajado oportunamente la demarcación territorial, pese a contar con una oficina especializada en la materia.
El dirigente informó que el gobernador regional se comprometió a contratar un equipo de abogados para interponer un recurso de casación en Lima y respaldar la defensa legal del territorio, además de acompañar la movilización social.
APROVECHARON PARA EXIGIR OBRAS
En paralelo, la población expresó su malestar por la falta de obras de impacto en Ichuña durante la actual gestión regional. Entre las principales demandas figuran la carretera asfaltada Janco Pujo–Ichuña, el hospital distrital, la represa Cuturi y la reactivación de un proyecto alpaquero valorizado en más de 21 millones de soles, actualmente paralizado.
CORTE SUPERIOR: POBLACIÓN NO HABRÍA SIDO ESCUCHADA EN PROCESO ADMINISTRATIVO
Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Jorge Fernández, indicó que el principal reclamo de los pobladores de Ichuña está relacionado con una presunta falta de consulta a las comunidades durante el procedimiento administrativo que dio origen al conflicto limítrofe con la región Puno.
Tras reunirse con autoridades y dirigentes del distrito de Ichuña, el magistrado explicó que, en la etapa administrativa, se debió evaluar no solo la documentación presentada, sino también recoger la opinión y el sentir de la población afectada. “En la vía administrativa se tenía que escuchar a las comunidades, y eso debió realizarse en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), no en el Poder Judicial”, precisó.
El magistrado precisó que los jueces solo resuelven en función del expediente presentado y que el caso aún puede ser elevado al Tribunal Constitucional mediante un recurso de agravio constitucional. Asimismo, rechazó acusaciones de corrupción y exhortó al Gobierno Regional a asumir plenamente su rol en la defensa institucional del territorio.
