La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, aseguró que su gestión no permitirá el recorte territorial que afectaría a cuatro distritos, entre ellos Ichuña, y anunció acciones legales para revertir una presunta pérdida de aproximadamente 839 kilómetros cuadrados, lo que —advirtió— comprometería recursos hídricos, mineros y la identidad histórica de la región.
La autoridad informó que el Gobierno Regional ha asumido la defensa política y legal del caso mediante una comisión técnico-legal integrada por asesores del Ejecutivo regional, municipalidades afectadas y representantes del Congreso. Precisó que hasta el 20 del presente mes se presentará la respuesta legal correspondiente, incluido un recurso de agravio constitucional, y confirmó la contratación de un especialista en derecho constitucional para reforzar la estrategia jurídica.
PROBLEMÁTIA TERRITORIAL ES INDEPENDIENTE DE OBRAS
En paralelo, Gutiérrez Ayala sostuvo que la problemática territorial es independiente de las demandas de desarrollo local, aunque ratificó su disposición al diálogo.
En esa línea, el gerente general regional, Abraham Ponce, señaló que el GORE viene impulsando proyectos para Ichuña, como el centro de salud valorizado en más de 40 millones de soles y la carretera Janco Puco–Crucero, con una inversión superior a los 120 millones, actualmente en etapa de maduración técnica y legal.
DIRIGENTE: “SOLO HAY COMPROMISOS”
No obstante, tras la reunión sostenida con las autoridades regionales, el presidente del Frente de Defensa de Ichuña, Epifanio Mamani Ventura, expresó su disconformidad al señalar que no se establecieron montos fijos ni garantías concretas para la ejecución de las obras anunciadas. “Solo hay compromisos”, afirmó, remarcando que en el distrito no existe ninguna obra actualmente en ejecución.
El dirigente cuestionó que los proyectos emblemáticos —como la carretera asfaltada Acopuju–Ichuña, la represa Cuturi y el hospital distrital— sigan limitados a fichas técnicas y anuncios, y advirtió que la población mantiene reservas frente a lo que consideró posibles expresiones demagógicas. Indicó que se ha fijado como plazo el 28 de julio para evaluar si los compromisos asumidos se traducen en acciones concretas.
