El presidente de la República, José Jerí, informó que a más tardar el sábado 17 de enero se publicará el reglamento de la Ley 32490, norma que dispone medidas excepcionales para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato que afectan al transporte público y de mercancías.
El anuncio fue realizado durante una reunión con representantes del sector transportes, llevada a cabo en las instalaciones de la empresa Santa Catalina, en el distrito de San Juan de Lurigancho.
“Otro tema que está pendiente es de la Ley 32490, (…) esa ley ya debería estar reglamentada y es otro jalón de orejas que lo he conversado con las autoridades competentes. Por eso, máximo el día sábado tienen que estar los reglamentos de la ley”, señaló el mandatario.
Jerí recordó que la ley fue promulgada en noviembre del año pasado y admitió que, frente al contexto de inseguridad, la respuesta del Ejecutivo debió ser más oportuna.
“No podemos actuar bajo un estado normal, tenemos que actuar de forma excepcional y la excepcionalidad también se plasma por la rapidez de la respuesta. Tenemos el compromiso de corregir la demora que como Gobierno hemos tenido”, sostuvo.
En otro momento, reconoció ante los transportistas que existió un descuido en los recientes cambios realizados dentro de la Policía Nacional del Perú.
“No debimos habernos descuidado en el tema de los cambios y no lo había visto en esa perspectiva y entiendo que fuerzas operativas se dieron cuenta sobre la marcha y que lo importante es no flaquear ante la delincuencia, en una guerra no podemos flaquear un solo día”, expresó.
Asimismo, remarcó la necesidad de fortalecer la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, al tratarse de una lucha que requiere esfuerzos conjuntos.
“Respetamos las autonomías, pero tenemos que seguir mejorando nuestros niveles de coordinación y resultados conjuntos, de nada sirve tener un buen resultado de trabajo policial, pero sabemos que el tema de la inseguridad no es un tema normativo, es multicausal y que se fue degradando en los últimos años”, indicó.
De otro lado, el jefe de Estado se comprometió a mantener un diálogo permanente con las empresas de transporte y a intensificar las acciones de protección para sus trabajadores.
“Cada 15 o 20 días me comprometo a conversar con ustedes, para ver cómo vamos avanzando en el tema de resultados que es importante ofrecer al sector y al país”, afirmó.
De igual forma, informó que en los últimos días se ejecutaron operativos para recuperar armas y municiones utilizadas por organizaciones criminales, las cuales habrían ingresado ilegalmente por las fronteras.
Sobre un reportaje periodístico difundido el último domingo, en el que se le observa ingresando a un restaurante, Jerí aclaró que acudió al local para comer y dialogar con su propietario, Zhihua Yang, sobre una actividad por el Día de la Amistad Peruano-China, programada para el 1 de febrero.
“Entiendo que hay una sombra del pasado, pero lo quiero descartar. No hay nada que relacionar con el pasado, estoy concentrado y descarto cualquier tipo de irregularidad”, puntualizó.
Posteriormente, el mandatario realizó una inspección a la sede del Escuadrón de Emergencia de San Juan de Lurigancho, acompañado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola.
GREMIOS DE TRANSPORTISTAS PIDIERON ACCIONES CONCRETAS
Durante el encuentro, Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, solicitó al presidente que se reglamente sin más dilaciones la ley aprobada en noviembre, la cual contempla medidas extraordinarias contra la extorsión y el sicariato en el sector.
Por su parte, Julio Bretoneche, dirigente de Lima Este, reconoció el trabajo de la Policía Nacional, en especial del jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo. No obstante, advirtió que aún se requiere mayor eficiencia en labores de inteligencia y prevención para frenar los ataques contra transportistas.
Entre las propuestas planteadas por los gremios destacó la sustitución de policías en labores administrativas por personal civil, a fin de reforzar el patrullaje en las calles. Asimismo, pidieron al Ministerio Público no permitir la liberación de detenidos en flagrancia con antecedentes penales.
“Son muchos los choferes que han sido asesinados y otros que están heridos en hospitales. Ya no se puede más, señor presidente. Solicitamos la intervención también del Ministerio Público y del Poder Judicial que están fallando”, expresó con visible emoción Polo Sánchez, representante de la empresa de transportes Loreto.
