POR: ABOG. LUIS MIGUEL CAYA SALAZAR
Que no se confundan los peruanos. Lo que está en juego hoy no es solo la candidatura de Mario Vizcarra Cornejo. Lo que está en juego es si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) va a defender la ley o va a permitir que la corrupción vuelva a sentarse en la mesa del poder.
El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 hizo lo que correspondía: aplicó la Ley Orgánica de Elecciones y declaró fundadas las tachas contra una candidatura presidencial de Mario Vizcarra, sustentadas en una condena firme por peculado. No hubo persecución política. No hubo arbitrariedad. Hubo legalidad.
Pero ahora Perú Primero quiere torcer la norma. Ha presentado una apelación ante el Pleno del JNE para intentar habilitar al corrupto Mario Vizcarra usando una sentencia de amparo del Tribunal Constitucional (TC) como salvavidas político. Una jugada conocida. Una maniobra vieja. Y, sobre todo, una interpretación equivocada.
Las sentencias de amparo no derogan leyes. No cambian la Constitución. No borran antecedentes. Solo protegen a la persona que demandó. Nada más. Pretender que un fallo individual anule una norma vigente es una falta de respeto al Estado de derecho.
LA LEY ES CLARA. CLARÍSIMA.
La Ley N.° 30717 incorporó el literal j) al artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones. Ahí se establece que los condenados por delitos de corrupción, como el peculado, no pueden postular a la Presidencia ni a las Vicepresidencias de la República, aun cuando hayan sido rehabilitados.
Sin vueltas. Sin excusas. Sin interpretaciones creativas. El derecho a la participación política no es un cheque en blanco. La propia Constitución señala que ese derecho se ejerce conforme a las condiciones que fija la ley. Y la ley peruana decidió, con razón, cerrarles la puerta a los corruptos.
Porque gobernar el país no es parte de un proceso de resocialización. Gobernar exige honor. Exige probidad. Exige confianza pública.
El principio de resocialización sirve para que una persona vuelva a la sociedad, trabaje, forme familia y rehaga su vida. Pero no sirve para limpiar el pasado político ni para devolverle el poder a quien atentó contra el patrimonio del Estado.
El Perú ya pagó muy caro por gobiernos manchados por corrupción. Ya vimos lo que pasa cuando el poder se convierte en refugio de sentenciados. No podemos repetir la historia.
Por eso, la decisión del JEE Lima Centro 1 no solo es legal. Es necesaria.
Ahora, la responsabilidad está en manos del Pleno del JNE. Ellos deben decidir si van a respetar la ley o si van a abrir una peligrosa grieta en el sistema electoral.
Confirmar la resolución del JEE significa defender la legalidad, fortalecer la lucha anticorrupción, proteger la confianza ciudadana y cuidar la democracia.
Revocarla, en cambio, significaría relativizar la ley, debilitar la institucionalidad y mandar un mensaje peligroso: que la corrupción puede reciclarse políticamente.
El Perú no necesita más escándalos; necesita reglas firmes. Necesita autoridades que no tiemblen ante la presión política.
La ley no se negocia. La corrupción no se premia. Y el poder no es refugio de corruptos.
El Pleno del JNE tiene hoy una oportunidad histórica: demostrar que la democracia peruana todavía tiene anticuerpos. Que no la desperdicien.
