En el 2025 se produjeron 458 ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre ellos, cuatro asesinatos de periodistas, lo que hace de este año el más letal para el ejercicio del periodismo en el presente siglo. El informe anual de la Oficina de los Derechos Humanos (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) revela un escenario persistente de violencia, intimidación y restricciones al derecho a informar y a estar informados.
Los datos muestran que las amenazas y actos de hostigamiento (127) y las agresiones físicas y verbales (114 casos) concentraron la mayor parte de los ataques. A ello se suma el uso recurrente de mecanismos legales y administrativos como forma de presión: se contabilizaron 46 casos de intimidación judicial y 4 sanciones o presiones administrativas, una tendencia que evidencia el empleo del aparato estatal para desalentar investigaciones periodísticas.
EL PROMEDIO ES DE 38 ATAQUES MENSUALES, MÁS DE UN ATAQUE POR DÍA.
El balance anual es particularmente grave por el impacto letal de la violencia. Cuatro periodistas fueron asesinados en 2025(Gastón Medina, en Ica; Raúl Célis, en Iquitos; Fernando Nuñez en Pacasmayo y Mitzar Castillejos, en Aguaytía) confirmando que el ejercicio de la profesión continúa siendo una actividad de alto riesgo en el país. Estos crímenes ocurrieron en un contexto de impunidad estructural, donde las investigaciones no avanzan con la celeridad ni la diligencia necesarias.
El mes más crítico fue setiembre, con 75 ataques registrados, seguido de octubre (48) y julio (47), lo que revela picos de conflictividad asociados a coyunturas políticas y sociales de alta tensión.
FUNCIONARIOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD, PRINCIPALES AGRESORES
El análisis por tipo de agresor muestra que los funcionarios públicos encabezaron la lista, con 217 ataques, seguidos por agentes de seguridad (121). En conjunto, estos actores estatales concentran más del 70 % de las agresiones registradas, un dato que enciende las alertas sobre el rol del Estado no solo como garante, sino como protagonista de las vulneraciones a la libertad de prensa.
También se registraron ataques perpetrados por civiles (71) y sujetos no identificados (45), así como casos atribuibles a empleadores, reflejando la precariedad laboral y la falta de protección interna en algunos espacios de trabajo.
PERIODISMO DIGITAL, EL MÁS ATACADO
Por tipo de medio, el periodismo digital fue el más afectado, con 219 ataques, muy por encima de la prensa televisiva (108), escrita (66) y radial (65). La cifra confirma que el espacio digital —clave para la investigación y la fiscalización— se ha convertido en uno de los principales blancos de agresiones, discursos estigmatizantes y amenazas.
En cuanto al impacto por género, los hombres concentraron 231 ataques, mientras que las mujeres periodistas enfrentaron 93 agresiones, muchas de ellas atravesadas por componentes de violencia simbólica, acoso y descrédito.
CASOS LOCALES
En Moquegua se registraron reiteradas restricciones a la labor periodística durante 2025. El 31 de julio, periodistas que cubrían una reunión en el Gobierno Regional sobre la problemática del río Coralaque denunciaron que solo un medio recibió declaraciones exclusivas, mientras el resto fue retirado sin explicación, configurándose una traba a la cobertura y al acceso equitativo a la información
El 12 de setiembre, reporteros de distintos medios fueron impedidos de ingresar a una reunión entre el presidente del Consejo de Ministros, el gobernador regional y alcaldes, realizada en un hotel de Moquegua. Posteriormente se les derivó a una conferencia protocolar, lo que motivó un pronunciamiento público de protesta por parte de la prensa local
Además, el informe consigna un caso grave de presión institucional contra el diario Prensa Regional. El 17 de octubre de 2025, la Primera Fiscalía Superior Penal de Mariscal Nieto reabrió una investigación previamente archivada de forma definitiva por presunta falsedad genérica y denuncia calumniosa, tras un recurso de la Procuraduría Pública Regional. La OFIP advierte que esta reapertura, basada en una publicación sustentada en documentos públicos, configura un mecanismo de hostigamiento judicial al periodismo de investigación
En la jurisdicción de Ilo, Moquegua, el informe documenta un caso directo de hostigamiento contra Prensa Regional. El 17 de noviembre de 2025, el medio recibió una carta notarial de exigencia de rectificación remitida por una funcionaria del Hospital II EsSalud Ilo, tras la publicación de una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas.
La OFIP señala que la carta no precisó afirmaciones falsas ni desmintió la documentación presentada, y reconoce que Prensa Regional actuó en el ejercicio legítimo del derecho a informar y fiscalizar la función pública, tipificando el hecho como hostigamiento
En Arequipa, los casos registrados se concentran en la intimidación judicial contra periodistas. El informe da cuenta de querellas penales impulsadas por el gobernador regional contra comunicadores que emitieron comentarios críticos sobre su gestión, solicitando penas de prisión y elevadas reparaciones civiles.
Si bien en uno de los procesos la defensa del gobernador desistió de la demanda durante audiencia, la OFIP advierte que el uso del sistema judicial en estos términos constituye una forma de presión contra la libertad de información y la crítica política.
