POR: ARQ GUSTAVO PUMA CÁCERES
A pocas horas de cerrar el primer cuarto del siglo, y con esta mi última columna del 2025, el Perú exhibe una paradójica dualidad: una macroeconomía estable y envidiable que contrasta con una realidad social y políticamente frágil. Un balance que revela aciertos técnicos, pero desaciertos políticos cuyas consecuencias afectarán directamente a las nuevas generaciones.
Al cierre del año, el país se presenta ante la región como una economía de profundos contrastes. Mientras los indicadores del Banco Central de Reserva (BCR) muestran una moneda sólida frente a los embates externos, la percepción ciudadana en las calles de Arequipa, Lima, Trujillo y todo el país es la de un estancamiento palpable. El Perú parece operar en una especie de «piloto automático económico»: las variables técnicas funcionan, pero el motor del bienestar social permanece apagado. En este escenario, los logros en los números chocan frontalmente con los fracasos en la gestión política y la seguridad. El país no ha superado la turbulencia política, pero queda atrapado en lo que muchos analistas denominan una «normalidad de baja calidad». El sistema funciona, pero no avanza a la velocidad que su potencial y las urgentes necesidades de su población demandan.
I. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA VS. CRECIMIENTO INERCIAL
El mayor activo del Perú sigue siendo su disciplina monetaria. Con una inflación que se mantiene dentro del rango meta (1% a 3%), el país ha evitado la volatilidad que sufren sus vecinos. Sin embargo, este éxito técnico no se traduce en dinamismo.
El crecimiento proyectado del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026 ronda el 3% (BCR, MEF). Según especialistas, esta cifra es meramente «inercial». Para la generación Z, que hoy ingresa masivamente al mercado laboral, este número es una trampa: es suficiente para que la economía no colapse, pero insuficiente para absorber a los 300 000 jóvenes que buscan empleo cada año.
La Dra. Elena Montoya, economista jefe del Instituto Peruano de Economía, lo explica así: «Tenemos la casa en orden macroeconómico, lo cual es un bien público invaluable. Pero esa casa tiene un motor pequeño para la cantidad de pasajeros. Un 3% de crecimiento es insuficiente para absorber los más de 200 000 jóvenes que se incorporan anualmente al mercado laboral, y es marginal para reducir una pobreza que se ha estancado alrededor del 27%. Es como conducir un auto en punto muerto en una subida pronunciada: no nos caemos, pero no avanzamos lo necesario».
Este crecimiento anémico perpetúa la desigualdad y alimenta la desesperanza entre los jóvenes profesionales, quienes no ven cómo el éxito macroeconómico se traduce en oportunidades concretas para ellos.
II. DESAFÍO DE LA INVERSIÓN Y EL MURO DE LAS BRECHAS SOCIALES
El puerto de Chancay y la cartera de proyectos mineros por más de USD 50 000 millones clave en el corredor sur representan un acierto estratégico que posiciona al Perú como un hub logístico en el Pacífico, pero en el tema minero el Perú es solo un como exportador de materias primas sin valor agregado.
Pero el desacierto es abismal. La brecha de infraestructura básica persiste. Según el Plan Nacional de Infraestructura, el déficit en agua y saneamiento, salud y educación supera los USD 100 000 millones. La ejecución del gasto público en gobiernos regionales, clave para cerrar estas brechas, ronda un magro 65% en promedio. La riqueza generada en los andes mineros no se queda en las localidades aledañas.
El gran desacierto es la incapacidad del Estado para convertir la recaudación en servicios básicos. A pesar de contar con recursos, la ejecución del gasto público en los gobiernos regionales y locales sigue siendo ineficaz e ineficiente. En zonas de influencia minera, la brecha en infraestructura de agua, saneamiento y salud persiste. La riqueza se queda en la superficie, mientras el subsuelo sigue financiando un aparato estatal que no llega al ciudadano.
«El reto no es atraer la inversión, que ya llega por nuestra riqueza natural, sino lograr que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y las regiones articulen para que ese dinero se convierta en hospitales equipados y escuelas modernas», afirma un representante de una autoridad vinculada a la promoción de inversiones.
III. CORRUPCIÓN, CRISIS DE INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA
Aquí no hay paradoja, solo un desacierto profundo y transversal. Este problema es el más crítico y el que contamina a todos los demás. La fragmentación política es extrema: un Congreso con más de diez bancadas y un Ejecutivo con una aprobación que, según Ipsos, no supera el 10%, reflejan una crisis de representatividad sin precedentes. Las instituciones, desde el Poder Judicial hasta los organismos de control, son percibidas con desconfianza ciudadana masiva.
La corrupción, sistémica y descentralizada, actúa como un impuesto a la competitividad y un cáncer para la ética pública. Esta «descomposición política», como la define el sociólogo Alberto Gago, genera una total imprevisibilidad. Un inversionista no puede proyectar a 20 años si las reglas de hoy serán las mismas mañanas. Un ciudadano no cree que el Estado resolverá sus problemas con eficiencia y honestidad. La gobernabilidad se reduce a la gestión de crisis diarias, sin espacio para una visión estratégica del país.
IV. DELINCUENCIA, SEGURIDAD CIUDADANA E INFORMALIDAD: LA ASFIXIA COTIDIANA
El cuarto es el que más afecta el día a día del peruano. En 2025, la criminalidad organizada y la extorsión han dejado de ser problemas aislados para convertirse en una «tasa» invisible que asfixia a las micro y pequeñas empresas (mypes).
Aunque el Estado ha avanzado en la digitalización de trámites, ha fracasado en la formalización de la economía, que aún se mantiene cerca del 75%. La informalidad no es solo una falta de registro; es la desprotección total del trabajador. Sin seguridad ciudadana, los pequeños negocios en Arequipa o los emprendimientos de jóvenes en Lima cierran sus puertas ante las amenazas, lo que genera un círculo vicioso de pobreza y violencia.
EL CAMINO HACIA LA VERDADERA REVOLUCIÓN
El balance del Perú en 2025 es, por tanto, el de una nación a dos velocidades. Por un lado, la velocidad de los indicadores macroeconómicos y los grandes capitales, que avanzan con relativa firmeza; por otro, la velocidad de las instituciones, la seguridad y el bienestar social, que patinan en el barro de la crisis política y la ineficacia. Los aciertos técnicos en estabilidad e inversión son significativos, pero se ven sistemáticamente saboteados por los desaciertos en gobernanza y seguridad.
El futuro inmediato no depende de un nuevo proyecto minero o un tratado de libre comercio, sino de la capacidad –hoy por hoy ausente– de reconstruir un contrato social mínimo. Un pacto donde la política recupere su vocación de servicio, donde las instituciones impartan justicia y predictibilidad, y donde la riqueza nacional se traduzca en calles seguras, agua potable y oportunidades formales para los jóvenes; de lo contrario, el Perú arriesga condenarse a ser un país estable en sus cifras, pero ingobernable en la vida diaria de sus ciudadanos.
