POR VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Si bien mañana, martes 23, se cierran las inscripciones de los listados de postulantes al Senado y a Diputados, que deberán formalizar los partidos políticos, serán 81 congresistas en ejercicio los que postulan a la reelección, sea a una u otra Cámara, y que pudiera ampliarse vía la “invitación”. Hasta antes de la restitución de la bicameralidad, estaba prohibida la reelección. Una iniciativa del Poder Ejecutivo fue finalmente sometida a consulta ciudadana a través del referéndum de diciembre del 2018, cuya respuesta fue contundente: “¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República?”. El 85,81 % dijo que sí. Y ante esta respuesta ciudadana, el Parlamento consideró inviable el procedimiento del referéndum y forzó, de manera reiterada, para que estas reformas fueran aprobadas en dos legislaturas ordinarias consecutivas, lo que finalmente permitió concretar la reforma constitucional.
Un Parlamento con limitadísima aceptación decidió y se sobrepuso a una decisión legítima de los ciudadanos, y efectivamente para aperturar una puerta de ingreso a su continuidad en el cargo; es decir, bajo el argumento de mejorar la representación y fortalecer nuestra democracia, los mismos que acudieron prestos a su deterioro se intitulan los salvadores y deciden facilitar su propia reelección, agregándose a ello los 60 nuevos integrantes para el Senado.
También se intentó revertir la reforma constitucional que prohibió la reelección inmediata de los gobernadores regionales y alcaldes, lo que no se materializó al no alcanzarse los votos mínimos en una segunda votación, y apegados a los argumentos de que debiera dárseles la oportunidad de terminar sus proyectos y obras, que son de mediano y largo plazo, como si quienes postularan no supieran que sus mandatos son de cuatro años y deben actuar con planificación y responsabilidad política para solventar con oportunidad las propuestas alcanzadas a sus electores.
Una de las primeras correcciones que se hicieron a la actual Constitución fue prohibir la reelección inmediata a los presidentes de la República, consecuencia de los tiempos duros del fujimorismo; por consiguiente, ningún cargo de naturaleza electiva estaba posibilitado a reelección alguna. La Corte Interamericana, en una opinión consultiva —cuyos argumentos nos resultan válidos— a petición de Colombia, señaló respecto a la posibilidad de reelección presidencial indefinida que no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, y que puede conllevar al debilitamiento de los partidos y movimientos políticos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder, afectándose la independencia y la separación de poderes, dadas las capacidades que se puede tener de nombrar a miembros de otros poderes del Estado (veamos nuestro caso: el Congreso designa a los altos funcionarios del Estado, convirtiendo en marionetas al Tribunal Constitucional o a la Defensoría del Pueblo).
Nuestro marco constitucional y nuestras propias necesidades políticas exigen poner énfasis en mecanismos que fortalezcan de manera efectiva nuestra frágil democracia, instituyendo una prolija y renovada participación política, sostenida en criterios de igualdad, proponiendo posibilidades similares a todos los ciudadanos sin intermediación del aparato público, que de por sí otorga concesiones a quienes están en el ejercicio de autoridad. Es indiscutible que aun quien haya mantenido un bajo perfil político en el ejercicio tiene a su disposición los engranajes burocráticos para mostrarse proactivo, mayor facilidad para interrelacionarse con los medios de prensa y algún nivel de apertura con liderazgos locales o agrupaciones sociales, necesarios en toda campaña electoral.
Pero ¿la reelección congresal acaso no es también romper con el caciquismo político, los mismos de siempre, auxiliar a los partidos políticos en su responsabilidad de preparar nuevos cuadros en la perspectiva de la necesaria alternancia? Cuán importante es para la política la renovación de figuras o liderazgos políticos, lo que implica recabar de ellos su responsabilidad, si realmente son partidos que avizoran ser gobierno y no vientres de alquiler, de formar, capacitar, adoctrinar y preparar a sus militantes en lo que respecta a la identidad política, la gestión de la cosa pública y el verdadero sentido de la representación política.
Se aduce con frecuencia que los nuevos parlamentarios son improvisados, propensos a la ingobernabilidad y que con facilidad son seducidos por los tentáculos de la corrupción, y que por ello se hace muy necesario contar con expertos congresistas, los reelectos; sin embargo, la percepción ciudadana no es errónea. Gran parte de ellos se mostraron prestos a los acomodos de poder, siendo renuentes al correcto ejercicio de sus funciones y, más bien, su experiencia fue puesta a disposición de los subrepticios acuerdos políticos. Nuestra realidad, el peor Parlamento de nuestra historia republicana, ¿es consecuencia de la no reelección? Lo que resulta incorrecto, pues es el resultado de una grave crisis de los partidos políticos, que han perdido identidad, sin ideario ni programa político, obedeciendo a lineamientos coyunturales que han dejado en tribuna libre el actuar y las decisiones de sus parlamentarios, y en todos, sin excepciones, las deserciones políticas se muestran como comunes.
Ahora, compartamos los argumentos a favor de la reelección congresal, que recogemos del dictamen de la Comisión de Constitución y que son muy escuetos: permite la formación de carreras políticas, destacando la necesidad de contar con profesionales de la política, imbuidos del quehacer público y con amplitud de criterio político, que faciliten la gobernabilidad y los consensos políticos propios en una democracia que exige diálogo y disposición política; se argumenta que se restringe el derecho constitucional de participación política con la prohibición de la reelección, cuestión que el Tribunal Constitucional ya absolvió, siendo una decisión política más que jurídica; pudiera mejorar la representación política, porque los reelectos tienen pleno conocimiento del quehacer congresal y será un permanente incentivo, motivará al parlamentario en ejercicio a realizar una labor eficiente, oportuna y congraciada con las prioridades que demanda el país. Milagros Campos, reconocida analista y politóloga, señalaba que la reelección incentiva la carrera política, mejora la curva de aprendizaje del oficio, favorece un control político eficaz y permite que los parlamentarios se responsabilicen ante sus electores.
Nuestra democracia y sus instituciones están desfallecientes, lo que pasa inadvertido para nuestra representación política actual, que es la mejor evidencia de lo que no debe ser la gestión de lo público. Los tiempos actuales exigen una renovación de nuestra clase política, darle nuevos y renovados bríos a las decisiones políticas, lo que significa recuperar nuestra democracia, que descansa ineludiblemente en la consonancia con la ciudadanía. Sí, vamos a las urnas este próximo abril, no hay vuelta atrás: está la reelección; pero aceptarla o no depende de nuestro soberano voto.
