POR: ABOG. JESÚS MACEDO GONZALES
Se ha publicado la XII Encuesta Nacional de Percepción de Corrupción 2025, elaborada por Ipsos por encargo de Proética, una reconocida ONG que desde hace varios años indaga qué entienden los ciudadanos por corrupción. Este estudio, realizado a 1 300 personas a nivel nacional, ofrece datos relevantes que merecen nuestra atención y análisis.
Uno de los hallazgos más importantes señala que el principal problema percibido en el país es la delincuencia y la falta de seguridad (68 %), seguido muy de cerca por la corrupción (67 %). Otros problemas mencionados son la crisis política, la falta de democracia y la ausencia de liderazgo.
Respecto a las instituciones consideradas más corruptas, el Congreso ocupa el primer lugar con un 85 %, seguido por la Fiscalía de la Nación (Ministerio Público) con 35 % y el Gobierno de Dina Boluarte con 33 %.
Un aspecto interesante del estudio es el denominado “cuadrante de la corrupción”, que revela cómo los ciudadanos evalúan ciertas prácticas. Por ejemplo: “pedir a un conocido en un hospital que consiga una cama o una cita para un familiar gravemente enfermo”: el 62 % lo considera aceptable y no corrupción; el 19 % lo ve aceptable, pero reconoce que sí es corrupción. “Solicitar a un conocido en el Estado que agilice un trámite”: el 28 % lo considera aceptable y no corrupción; el 31 % lo acepta, pero reconoce que sí lo es; y el 32 % lo considera inaceptable y corrupción.
Estos datos sugieren que, aunque la ciudadanía identifica qué conductas son corruptas, muchas veces las acepta e incluso las practica. En otras palabras, se normaliza el uso de bienes públicos para intereses personales mediante influencias. Esto genera inequidad, pues los recursos del Estado son para todos, y cualquier preferencia implica injusticia. Lo preocupante es que esta corrupción no proviene únicamente de autoridades, sino también del ciudadano común.
Otros ejemplos de la Encuesta de Proética 2025 incluyen expresiones como: dar una propina a un policía para evitar una multa: el 28 % lo considera aceptable, aunque reconoce que es corrupción. Pagar a un inspector para evitar el cierre de un negocio: el 27 % lo acepta, pero sabe que es corrupción. Ofrecer dinero a un funcionario para agilizar un trámite urgente: el 31 % lo considera aceptable, pero corrupto.
La tendencia es alarmante: en 2022, solo el 12 % de peruanos admitía haber entregado coimas; hoy, la cifra asciende al 31 %. Además, el 45 % afirma que “sin coima las cosas no funcionan” y el 28 % cree que “todos lo hacen”, lo que refuerza la idea de que se trata de una costumbre. Sin embargo, normalizar esta práctica es peligroso: aceptar que “todos lo hacen” significa resignarse a vivir en un sistema corrupto.
Otro dato relevante es la relación entre corrupción y economías ilícitas: el 41 % considera que estas son la única forma de conseguir empleo en su región, y el 94 % vincula la corrupción con actividades ilegales como la tala y la minería ilegal. La encuesta también señala que el Estado no está haciendo lo suficiente para enfrentar estos problemas.
Finalmente, solemos culpar a los políticos, pero la corrupción no nace cuando alguien accede al poder: ya existía en las prácticas cotidianas de ciudadanos que la normalizan. Es momento de dejar de mirar “la paja en el ojo ajeno” y reconocer “la viga en el propio”, cuestionando nuestras acciones para no perpetuar esta cultura, la cultura de la corrupción ciudadana de la cual casi nadie habla.
