Cuatro días después del operativo policial que culminó con la detención de dos efectivos de la División de Inteligencia en la ciudad de Moquegua, el Ministerio Público emitió precisiones oficiales sobre su actuación en el caso. Los hechos ocurrieron la noche del lunes 15 de diciembre y están vinculados a una denuncia según la cual los agentes habrían exigido dinero y un teléfono celular a un menor de edad. Recién este viernes 19, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios detalló los alcances de su intervención y las decisiones adoptadas durante las diligencias preliminares.
El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, integrado por el fiscal provincial Víctor Arturo Muñoz Leyva y los fiscales adjuntos provinciales Isabel Pamela Del Castillo Rojas y Milton José Huanca Ttito, en su condición de despacho de turno, recibió la comunicación de la intervención a dos efectivos policiales aproximadamente a las 21:00 horas del lunes 15 de diciembre de 2025.
Así se consigna en la disposición fiscal emitida por dicho despacho, en la que se precisa que no existió participación de representantes del Ministerio Público en el operativo que derivó en la detención de los efectivos Jefferson Cruz León y Jhuliño Yucra Mamani, descartándose su intervención directa en la diligencia policial.
En comunicado de prensa, la Fiscalía Anticorrupción, señaló que los efectivos fueron puestos a disposición por la AREINCRI de la Región Policial Moquegua, junto con el acta de intervención policial, las actas de lectura de derechos y las actas de incautación y lacrado, por la presunta comisión del delito de concusión. Una vez conocidos los hechos, el despacho fiscal ordenó la realización de diligencias urgentes e inmediatas en el marco de la investigación.
De acuerdo con información de conocimiento público, la detención se produjo tras una denuncia que señalaba que los efectivos habrían solicitado dinero y un teléfono celular a un joven al que interceptaron en la avenida Balta, cuando salía de su centro de trabajo, a cambio de no comunicar un presunto hecho irregular vinculado a la venta ambulatoria de chips.
Luego de efectuadas las diligencias preliminares, el despacho dispuso la libertad de los intervenidos al no reunirse los elementos necesarios para sustentar un requerimiento de prisión preventiva. Entre los criterios evaluados se consideró que la probable pena a imponer, atendiendo a la ausencia de antecedentes penales de los investigados, no superaría los cinco años, requisito indispensable para formular dicho pedido.
La disposición fiscal también señala que no existen fundados elementos de convicción que permitan solicitar la prisión preventiva, precisando que resulta necesario continuar con actos de investigación orientados a recabar mayores elementos vinculados al caso.
Finalmente, el despacho de turno dispuso remitir copias certificadas de los actuados a la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú en Moquegua, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones legales.
Ello, respecto a la actuación de los efectivos del Área de Investigación Criminal, al haberse dispuesto la detención sobre la base de una sola sindicación y sin haberse realizado actas de reconocimiento en rueda. Asimismo, se señala que el operativo debió ser dirigido por la DIRCOCOR PNP y no por la AREINCRI, al tratarse de un hecho de competencia de la Fiscalía Anticorrupción y de la unidad policial especializada.
