La Comisión Permanente aprobó, en segunda votación y por mayoría, el dictamen que agrupa los Proyectos de Ley 11871/2024-CR, 11885/2024-CR, 12727/2025-CR, 12871/2025-CR y 12973/2025-CR, orientado a modificar el Decreto Legislativo 1293 —norma que declara de interés nacional la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal— con el objetivo de extender la vigencia del proceso de formalización minera integral.
El resultado de la votación fue de 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
Durante la sustentación, el congresista Víctor Cutipa Ccama (JPP–VP–BM), presidente de la Comisión de Energía y Minas, señaló que la propuesta no demandará recursos públicos adicionales ni partidas presupuestales extraordinarias, ya que su ejecución se financiará con los presupuestos institucionales actualmente asignados a las entidades competentes.
Añadió que la iniciativa sí implica costos administrativos, principalmente vinculados a la ampliación del plazo de formalización y al fortalecimiento de capacidades en los gobiernos regionales y otras instancias responsables, lo que requiere personal técnico especializado, sistemas de información adecuados y acciones de supervisión ambiental y laboral.
No obstante, sostuvo que los beneficios superan ampliamente dichos costos, pues la norma permitirá proteger el derecho al trabajo de miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad minera, avanzar en la culminación de los procesos de formalización, ampliar la base tributaria y mejorar la recaudación fiscal por impuestos, regalías y canon. Además, contribuirá a reducir la conflictividad social, fortalecer la trazabilidad de la producción minera artesanal y de pequeña escala, y reforzar la lucha contra el comercio ilegal y otras actividades ilícitas conexas.
El artículo único del dispositivo establece que “el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero”.
DEBATE
Durante el debate, la congresista Gladys Echaíz (HyD) cuestionó la ampliación del régimen al considerar que se estaría legislando en favor de un grupo reducido en detrimento del interés general. Indicó que esta situación se arrastra desde 2012 sin una evaluación integral de sus impactos y advirtió que mantener tratamientos especiales podría contravenir compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
En contraste, el congresista Guido Bellido Ugarte (PP) afirmó que no se trata de un grupo minoritario, sino de cerca de medio millón de peruanos, y aproximadamente cuatro millones de personas vinculadas directa o indirectamente a la cadena productiva minera. Remarcó la necesidad de diferenciar entre minería informal y minería ilegal, y recordó que más de 31 mil registros del REINFO se encuentran actualmente en procedimientos administrativos vigentes.
Por su parte, la congresista Ruth Luque Ibarra (BDP) sostuvo que la norma consolida un marco favorable a la economía ilegal, cuestionó la exención de responsabilidad penal por daños ambientales para quienes están en proceso de formalización y denunció la exclusión de las poblaciones indígenas del debate legislativo.
Desde Avanza País, la congresista Diana Gonzales Delgado afirmó que la ampliación otorga oxígeno a la minería ilegal y debilita la autoridad del Estado de derecho. Precisó que el Pleno rechazó el retorno de más de 50 mil mineros cuyo proceso de formalización venció en junio, así como disposiciones que habrían impedido nuevas exclusiones del régimen.
A su turno, el congresista Eduardo Salhuana Cavides (APP) advirtió que no aprobar la ampliación habría generado un grave conflicto social, al dejar a más de 30 mil personas en situación de ilegalidad automática a partir del próximo año. Reconoció que, en los últimos años, ni el Congreso ni los distintos gobiernos han logrado aprobar una ley integral que ordene la pequeña minería en el país.
En la misma línea, la congresista Patricia Juárez Gallegos (FP) destacó la complejidad del tema y señaló que su bancada impulsó reducir el plazo inicialmente propuesto, logrando que la ampliación sea finalmente por un año, como medida transitoria frente al problema social existente. Subrayó la necesidad de trabajar una ley integral que recoja la diversidad de realidades de la pequeña minería y la minería artesanal a nivel nacional.
Finalmente, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López Ureña (AP), expresó su rechazo a la ampliación del REINFO al considerar que se promueve la permanencia en la informalidad. Sostuvo que este es un problema estructural del país que debe afrontarse con soluciones de fondo y no mediante extensiones reiteradas del proceso.
