POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Lo gravitante de los partidos políticos en la institucionalidad democrática se pone de manifiesto cuando a estos, de manera exclusiva, se les entrega la potestad de designar a sus candidatos a cargos lectivos. Ello se asumía como una particularidad que, con el tiempo, se fue deteriorando, porque los partidos políticos o bien permitieron ciertos caciquismos partidarios con capacidad de imponer verticalmente sus cuadros políticos, o bien los cargos estaban sujetos a prebendas que distorsionaron sus objetivos, generando corruptelas y una subliminal mercantilización de la política.
Esto cambia en 1978, con la convocatoria al proceso de elección de la Asamblea Constituyente, incorporándose un sui generis voto preferencial que, desde entonces, no se ha dejado de aplicar, en particular en las elecciones congresales, excepto en las elecciones generales de 1980, cuando se retomó el sistema de lista cerrada y bloqueada. El voto preferencial implica entregar al elector la elección de su candidato preferido, de modo que, de acuerdo con los votos preferenciales obtenidos, puede reordenarse el listado final de mayor a menor; quienes hayan obtenido más votos ocuparán los primeros lugares.
Un caso singular fue el de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien, precisamente en la lista constituyente aprista de 1978, figuraba en el último lugar y, sin embargo, obtuvo la mayor votación, ubicándose en el primer puesto del listado por ser el más votado, lo que a la postre le otorgó la responsabilidad de presidir la Asamblea Constituyente.
Se trata, pues, de otorgarle al ciudadano elector una facultad decisoria que se sobrepone a la propuesta que la agrupación política originalmente hubiera inscrito, reforzando la soberanía popular y fortaleciendo los vínculos entre la ciudadanía y sus representantes, como lo explica el informe final de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política: “Esto se debe a que son los primeros los que deciden su voto por un candidato específico de la lista presentada. Este tipo de dinámicas también impacta en los candidatos, pues estos, con el fin de atraer votos, se ven obligados a presentar propuestas y políticas visibles. El voto preferencial genera entonces una relación directa entre el votante, que debe elegir a quién dar su voto, y el candidato, que debe esforzarse para recibirlo”.
Inmersos en el avanzado cronograma electoral para las elecciones generales de abril próximo, se mantiene la paridad y alternancia —para la fórmula presidencial se limita a establecer la inclusión de un hombre o una mujer—; para el Congreso, entiéndase senadores y diputados, así como para el Parlamento Andino, se hará uso del voto preferencial, opcional y doble. Y, si de complicarnos la vida se trata, se puede votar para cada elección por listas diferentes, aunque el voto preferencial debe ser por candidatos de la misma lista. Es decir, de acuerdo con los votos que reciba cada partido y sus correspondientes escaños, estos se asignarán conforme al nuevo ordenamiento que adquieren sus candidatos por efecto del voto preferencial.
Si ya estábamos abrumados por el número de partidos y alianzas electorales que participarán —39 en total—, a ello se suman cerca de 10 000 candidaturas. Vamos así al encuentro de las complicaciones que tendrá el elector al momento de ejercer su voto y también los miembros de mesa al cerrar el escrutinio e ingresar al cotejo de votos. No debe pasarse por alto que participarán 27 millones de ciudadanos, de los cuales cerca del 10 % lo hará por primera vez: 2 millones 519 mil 992 jóvenes acudirán a las urnas.
Tal como lo viene promocionando la ONPE, habrá cinco columnas en la cédula de votación: fórmula presidencial, senadores en distrito único, senadores en distrito múltiple, diputados y Parlamento Andino. En cada uno de los últimos cuatro se podrá ejercer el voto preferencial, que no es obligatorio, lo que no resta complejidad al proceso.
Ahora bien, usualmente los partidos o agrupaciones tienen tratos especiales con determinadas candidaturas, otorgándoles un lugar expectante —los primeros puestos—. Con el voto preferencial se resquebraja la autoridad partidaria, porque los electores, de acuerdo con sus criterios personales, estructuran un nuevo orden. Esto último es consecuencia de las campañas electorales que realizan los candidatos no solo hacia afuera, sino también al interior de sus propias organizaciones, convirtiéndose en una contradictoria campaña fratricida, una clara confrontación política dentro de la propia agrupación, lo que la debilita. Como bien lo anota el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, se rompe la unidad y no se coloca ante la opinión pública, ante los electores, un mensaje uniforme y coherente, relegándose la propuesta partidaria.
Cada candidato llevará consigo sus propias propuestas, estrategias de campaña, equipos de asesores y de campo. Y, claro, no puede desligarse de estar acompañado por la publicidad o el mensaje de su agrupación política, porque si esta no logra los votos suficientes, no hay escaños. Ello compromete también un tema muy delicado: el financiamiento, pues no se posibilita una mayor transparencia en los ingresos y gastos de campaña, y las acciones de fiscalización que debieran emprender los órganos electorales se encuentran muy limitadas. Asimismo, el hecho de que el elector tenga la posibilidad de realizar hasta doce marcaciones diferentes, tal como se desprende de la cédula de votación publicitada, genera más dudas en el votante, lo que podría llevarlo al error y, en consecuencia, a la nulidad de su voto.
Consideramos que, en tanto no se democraticen los partidos políticos, dando una oportunidad real a la renovación de cuadros que refresquen su representación, el voto preferencial se constituye en un elemento democratizador. Si bien se han dado avances importantes con la paridad y alternancia, para permitir no solo la participación sino también la elección de un mayor número de mujeres, en respuesta a un contexto de desigualdad, no se ha concretado la esperada gran reforma de los partidos políticos. Las diversas modificaciones introducidas no han permitido constituir un marco electoral coherente e integral que coloque en perspectiva el fortalecimiento de los partidos, el reforzamiento de nuestro sistema electoral y la confianza de los electores en nuestras formas democráticas.
