La Contraloría General de la República emitió tres informes de control simultáneos que exponen graves deficiencias en las acciones de fiscalización ambiental del OEFA en Moquegua.
Los documentos revelan que, pese a múltiples supervisiones y sanciones entre 2020 y 2025, persiste la contaminación severa en los ríos Titire y Coralaque, así como fallas en la vigilancia de la calidad del aire y demoras en los procesos sancionadores. Estas observaciones evidencian un riesgo ambiental sostenido que no ha sido corregido por la autoridad competente.
EL CASO
La Contraloría General advirtió que las intervenciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no han logrado asegurar el cierre de la unidad minera ubicada en el distrito de Carumas, ocasionando la persistencia de una grave afectación ambiental en la región. Pese a que entre 2020 y 2025 la entidad ejecutó 112 acciones de supervisión y 52 de fiscalización, no se garantizó el cumplimiento de la normativa, manteniéndose en riesgo los ecosistemas de los ríos Titire y Coralaque.
De acuerdo con el Informe de Visita de Control N.º 044-2025-OCI/5684-SVC, durante el operativo multisectorial realizado en noviembre pasado se constató visualmente una “coloración amarilla intensa” en el río Titire y en su confluencia con el río Aruntaya.
Los análisis de laboratorio de marzo de 2025 confirmaron condiciones de acidez extrema y concentraciones de metales pesados —como arsénico, aluminio, cadmio y hierro— que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA), repitiendo un escenario crítico vigente desde 2020 sin que las medidas adoptadas hayan revertido el daño.
Asimismo, mediante el Informe de Orientación de Oficio N.º 037-2025-OCI/5684-SOO, se alertó la falta de celeridad en la capacidad sancionadora del OEFA. En febrero de 2025 se detectaron descargas de agua ácida (pH 2.18) desde depósitos de desmonte hacia la quebrada Margaritani. Aunque se ordenó el tratamiento inmediato de los efluentes, la empresa incumplió la medida.
Si bien en mayo se impuso una multa de 100 UIT (S/ 535 000), la contaminación continuó. La Contraloría advirtió que, tras notificarse la reincidencia en septiembre, transcurrieron 52 días sin que la autoridad tramitara la nueva multa coercitiva, lo que impidió frenar el daño ambiental. Luego de que el informe de control fuera comunicado a la entidad, el 17 de noviembre de 2025 el OEFA aplicó una nueva multa de 100 UIT a la empresa responsable.
Finalmente, el Informe de Visita de Control N.º 041-2025-OCI/5684-SVC reveló serios vacíos en la vigilancia de la calidad del aire por parte del OEFA. En la provincia de Ilo, dos estaciones de monitoreo dejaron de registrar niveles de gases tóxicos por periodos superiores a un mes, limitando la supervisión en zonas de influencia minera y pesquera.
En Alto Tala (Torata), el portal oficial no publicó datos meteorológicos durante más de dos meses. A esto se suma el hallazgo de ineficiencias en la gestión de recursos: equipos de alta tecnología —como muestreadores de partículas y analizadores de mercurio— fueron encontrados apagados, embalados (sin uso) o no localizados físicamente en sus estaciones asignadas, además de carencias de protección ante tormentas eléctricas.
Los tres informes de control simultáneo fueron notificados al presidente del Consejo Directivo del OEFA para que adopte las acciones correctivas inmediatas. Además, se encuentran publicados en el Buscador de Informes de Control.
DATO:
De acuerdo con los informes de control, la unidad minera señalada como fuente de contaminación en Moquegua inició sus operaciones el 4 de marzo de 2005 mediante la explotación de un yacimiento aurífero a tajo abierto para producir barras metálicas tipo doré (aleación de oro y plata). Para ello desarrolló actividades de perforación, voladura y lixiviación.
Actualmente se encuentra en etapa de postcierre, periodo programado entre enero de 2020 y diciembre de 2024; sin embargo, ya en 2019, la Dirección General de Minería había declarado el incumplimiento de la ejecución de su plan de cierre de minas.
