POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – UDI)
La persistencia del impago por el servicio de limpieza hospitalaria en el Hospital Regional de Moquegua —desde hace cuatro años después de prestado— evidencia la grave crisis administrativa y moral que atraviesa el sector Salud en la región. El Poder Judicial ordenó el pago total a ECO TAMBO PERÚ S.A.C.; sin embargo, el cumplimiento continúa incompleto y solo se ha cubierto una fracción mínima del monto reconocido judicialmente.
La resolución del Poder Judicial, fechada el 24 de diciembre de 2022, estableció que la institución debía pagar S/ 882,666.64 (ochocientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y seis con 64/100 soles), deuda que hoy sigue sin ser honrada en su totalidad, pues apenas se abonó una fracción en 2024 por S/ 146,363.00 (ciento cuarenta y seis mil trescientos sesenta y tres soles), quedando pendiente S/ 736,363.64 (setecientos treinta y seis mil trescientos sesenta y tres con 64/100 soles). No existe apelación, la sentencia adquirió calidad de cosa juzgada y su cumplimiento es obligatorio.
LOS ALERTAS DE 2021 Y LA DECISIÓN DE NO PAGAR
La falta de cumplimiento no es un hecho aislado. En agosto de 2021, Diario Prensa Regional publicó los primeros reportes sobre la falta de pago a ECO TAMBO PERÚ S.R.L., empresa encargada de la limpieza hospitalaria durante el periodo de mayor riesgo biológico.
Su gerente general, Wilbert Cisneros Tejeira, informó entonces que el servicio se había prestado por más de dos años, incluyendo la etapa crítica del Covid-19, manteniendo quirófanos, emergencias, UCI y áreas de desinfección. Sin embargo, el entonces director del Hospital Regional, Dr. Raúl Zea Calcina, optó por desconocer la obligación contractual y restringir el trabajo del personal, situación que derivó incluso en denuncias penales por abuso de autoridad.
Esa línea de gestión no se modificó con el cambio de autoridad. Desde 2023 y hasta 2025, bajo la administración de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, el problema persiste, repitiéndose las decisiones administrativas que postergan el pago ordenado por sentencia judicial firme y pese a que el mandato debe ejecutarse sin condición ni demora conforme a ley no cumplen.
Los médicos de la institución elevaron comunicaciones formales a la gobernación buscando evitar la paralización del servicio. Zenón Cuevas Pare, exgobernador regional, no dispuso solución. Documentos internos muestran que, en lugar de priorizar el pago, se autorizaron transferencias del presupuesto hospitalario hacia la sede central del Gobierno Regional para fines administrativos. La deuda continuó creciendo y el proveedor acudió a la vía judicial.
UNA SENTENCIA FIRME QUE EL HOSPITAL Y GORE MOQUEGUA NO CUMPLE
El Poder Judicial emitió la Sentencia N.º 164-2022 declarando fundada la demanda de ECO TAMBO PERÚ. El fallo es claro: el Hospital Regional debía pagar S/ 882,666.64 (ochocientos ochenta y dos mil seiscientos sesenta y seis con 64/100 soles) por concepto del servicio de limpieza y desinfección.
El hospital no presentó apelación, por lo que la resolución quedó consentida. De acuerdo con la normatividad procesal, ello otorgó carácter definitivo al mandato, que debió ejecutarse sin dilaciones.
Pese a ello, transcurridos tres años desde la sentencia, no existe evidencia de cumplimiento total. Recién en 2024 se efectuó un pago parcial por S/ 146,363.00 (ciento cuarenta y seis mil trescientos sesenta y tres soles), y el saldo continúa pendiente por S/ 736,363.64 (setecientos treinta y seis mil trescientos sesenta y tres con 64/100 soles).
La omisión coloca al hospital y al Gobierno Regional en una posible situación de desobediencia a mandato judicial, materia que podría derivar en responsabilidades administrativas y eventualmente penales.
2023-2025: CONTINUIDAD DE UN PROBLEMA SIN RESOLVER
La llegada de Gilia Gutiérrez Ayala al Gobierno Regional, lejos de revertir la situación, mantuvo el mismo patrón reportado en la gestión anterior. Desde 2023 hasta 2025, la deuda persiste y no se ha ordenado el pago completo. Paralelamente, documentos presupuestales muestran que se realizaron múltiples transferencias desde el Hospital Regional hacia áreas administrativas del GORE.
Registros oficiales identifican solicitudes de transferencia por S/ 1,278,200 (un millón doscientos setenta y ocho mil doscientos soles) – Memorando N.º 547-2025-GRM/GGR – y S/ 2,761,023 (dos millones setecientos sesenta y un mil veintitrés soles) en 2025 – Memorando N.º 294-2025-GRM/GGR –, además de una transferencia aprobada en 2024 por S/ 4,767,408 (cuatro millones setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos ocho soles) y una adicional en el primer trimestre de 2025 por S/ 500,000 (quinientos mil soles).
Los sindicatos del hospital y el cuerpo médico han advertido que tales disposiciones están afectando la continuidad operativa de servicios sensibles como Oncología y Hemodiálisis, restringiendo la contratación de personal CAS y generando retrasos en pagos a proveedores. La deuda judicial impaga forma parte de este escenario.
RESPONSABILIDADES QUE CORRESPONDE ACLARAR
La información consolidada permite afirmar que desde agosto de 2021 hasta 2025 no se ha cumplido con la cancelación total del servicio de limpieza contratado y ejecutado en contexto Covid. Durante la gestión de Zenón Cuevas no se atendieron los requerimientos médicos y se priorizaron gastos administrativos externos al hospital. En la administración de Gilia Gutiérrez, la deuda continúa sin resolverse pese a existir un mandato judicial firme que ordena el pago entero.
La pregunta necesaria recae en la responsabilidad funcional y presupuestal. Un hospital no puede omitir una orden judicial manteniendo pagos parciales como mecanismo de dilación. La sentencia es de cumplimiento inmediato y su inobservancia puede configurar desacato. Corresponde determinar si hubo negligencia, priorización indebida de gasto o eventual aprovechamiento de partidas destinadas a salud. La documentación financiera confirma las transferencias; la deuda del servicio continúa pendiente.
LO QUE MOQUEGUA NECESITA SABER
El caso no se limita a una controversia contractual. Es la fotografía de un sistema que, aun con sentencia firme, no ejecuta lo ordenado. A tres años del fallo judicial, el proveedor espera la cancelación del saldo reconocido, el hospital enfrenta reclamos internos y el presupuesto sanitario ha sido derivado a otros destinos.
La interrogante central se mantiene intacta:
¿Por qué, durante las gestiones de Zenón Cuevas y Gilia Gutiérrez, no se ha cancelado la totalidad del servicio de limpieza hospitalaria prestado en pandemia, pese a existir una sentencia firme que lo ordena?
¿Por qué se realizaron transferencias del presupuesto del hospital hacia la sede central del Gobierno Regional mientras se mantiene una deuda reconocida judicialmente?
El seguimiento documental continúa. Este medio publicará cada avance para conocimiento ciudadano.
