POR: FERNANDO VALDIVIA CORREA
El próximo 14 de diciembre, Chile elegirá en segunda vuelta electoral al sucesor(a) de Gabriel Boric. El favorito, según diversas encuestas mapuches, es el candidato conservador José Antonio Kast, quien recientemente volvió a elevar el tono de su discurso en contra de la migración irregular, responsabilizándola del incremento de la inseguridad en dicha nación. Así, afirmó que, llegado al gobierno, expulsará a los más de 330 mil indocumentados (la mayoría venezolanos). Esta declaración provocó que el último viernes cientos de extranjeros (entendiéndose como ilegales en el vecino país) huyeran con destino a Tacna.
De inmediato, el canciller Hugo de Zela afirmó que «no tenemos las condiciones ni las capacidades para tener más migrantes». En paralelo, el mandatario José Jerí anunció el redoble de la seguridad en la frontera con Arica, precisando que declarará el Estado de Emergencia en la zona, el mismo que fue publicado el mismo día en edición extraordinaria en El Peruano.
Excelente reacción del Ejecutivo, a diferencia de las temerarias decisiones que tomó Pedro Pablo Kuczynski cuando, a inicios de marzo de 2018, invitó públicamente a los venezolanos a vivir en nuestro territorio, ofertándoles que “les pagaremos los sueldos de ley”, poniendo como ejemplo ridículo que “en los años 70, cuando aquí había una dictadura, muchos peruanos se fueron a Venezuela”.
Doce meses atrás, el mismo PPK les había otorgado el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), beneficiando a quienes arribaron antes de diciembre de 2016, permitiéndoseles residir legalmente un año; es decir, un soñado premio que podría traducirse como “chamo, solo dime tu nombre y bienvenido”. Por ello, sin control migratorio alguno gracias a la “gestión” del hoy procesado por lavado de activos, pasamos de tener 48 mil a 1.66 millones de residentes llaneros en el Perú (datos de ACNUR), varios de manera ilegal.
Hoy, Kuczynski Godard reconoce haber facilitado la masiva llegada de venezolanos, aunque marca su distancia con los delitos imputados a algunos de ellos, culpando de la crisis de inseguridad al desorden judicial y a la falta de control en las cárceles. Entendible posición en un vago intento de pretender levantar su alicaída imagen de cara a las justas electorales de abril de 2026, donde postulará como senador, cuando en realidad lo que hizo el octogenario expresidente fue literalmente abrir las puertas de par en par para que estos extranjeros ingresen, sin haber verificado mínimamente si contaban con antecedentes delictivos.
