El proyecto de puesta en valor del Sitio Arqueológico Cerro Baúl, una de las obras culturales más representativas de Moquegua, vuelve al centro de la polémica tras la decisión de la Contraloría General de la República de abrir un procedimiento múltiple de investigación administrativa, disciplinaria y de control regional.
La medida se dio a conocer mediante la Carta N.° 000022-2025-CG/AI, firmada digitalmente el 26 de marzo de 2025 y dirigida al arqueólogo Moisés Salvador Ríos Canales, quien desde 2019 sostiene denuncias documentadas sobre presuntas irregularidades en la ejecución y supervisión del proyecto.
La respuesta administrativa de la Contraloría, basada en el Expediente N.° 0820240758095, constituye el primer reconocimiento oficial de que los hechos expuestos requieren investigación especializada. La institución recalca que los procedimientos se activan sin prejuzgar responsabilidad alguna y que las actuaciones derivan únicamente del marco legal que regula su competencia.
El Diario La Prensa Regional recogió de manera directa la denuncia, la documentación y los testimonios del arqueólogo Moisés Salvador Ríos Canales, quien desde 2019 sostiene que el proyecto Cerro Baúl fue ejecutado bajo un sistema persistente de irregularidades administrativas, técnicas y presupuestarias.
El profesional ha entregado informes, registros de campo, comunicaciones oficiales y resoluciones que forman parte del expediente en evaluación, enfatizando que todas sus afirmaciones se sustentan en documentos emitidos por el Ministerio de Cultura, la Municipalidad Distrital de Torata y la propia Contraloría General de la República. La información aquí desarrollada responde únicamente a esos documentos y al marco normativo vigente, respetando plenamente la presunción de inocencia de todos los funcionarios mencionados.
UN PROYECTO EMBLEMÁTICO ENVUELTO EN CUESTIONAMIENTOS
El Sitio Arqueológico Cerro Baúl —considerado un enclave sagrado para las culturas Wari, Tiwanaku e Inca— fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2000. Su puesta en valor, largamente esperada, se formalizó en 2017 con la aprobación del expediente técnico del proyecto “Mejoramiento y Creación de Servicios Turísticos Públicos en el Ámbito del Sitio Arqueológico Cerro Baúl”, con un presupuesto inicial de S/ 23,4 millones.
Durante 2018, en plena ejecución de campo, el MINCETUR transfirió S/ 2,6 millones adicionales a la Municipalidad Distrital de Torata, bajo cuyo cargo se encontraba la obra. Según la denuncia presentada por el arqueólogo Ríos Canales, dicha transferencia se habría realizado sin supervisión técnica efectiva del Ministerio de Cultura, generando vacíos administrativos que se arrastran hasta hoy.
Entre 2018 y 2019, Moisés Ríos trabajó como arqueólogo residente y conservador del proyecto, etapa en la que empezó a documentar lo que califica como un conjunto de anomalías administrativas, técnicas y presupuestales. Su testimonio y documentación forman la base de la denuncia evaluada actualmente por la Contraloría.
SEIS AÑOS DE ALERTAS, DESORDEN Y FALTA DE CONTROL
Los documentos aportados por Ríos Canales describen un escenario donde, desde la primera temporada de trabajo, se presentaron problemas que incluyen improvisación técnica, falta de control de obra, inconsistencias presupuestarias y decisiones administrativas que, según el denunciante, vulneraron la normativa vigente.
Uno de los puntos centrales del caso se relaciona con el informe final de la temporada 2018–2019, presentado ante el Ministerio de Cultura con el nombre y datos profesionales del arqueólogo, pese a que —según su declaración— no participó en su elaboración. Este informe, señalado como irregular, habría servido para justificar la continuidad del proyecto y tramitar nuevas etapas.
A pesar de que el informe quedó con observaciones sin levantar, el Ministerio de Cultura autorizó la siguiente temporada mediante la Resolución Directoral N.° 267-2019-DGPA/VMPCIC/MC, lo que, según la denuncia, comprometería la validez administrativa del proceso iniciado en 2018.
Otro punto crítico es el presunto abandono del material arqueológico excavado, que no habría sido entregado ni registrado formalmente, situación que afecta la custodia adecuada del patrimonio cultural.
DENUNCIAS DESDE 2019 Y DESISTIMIENTOS INTERNOS
Entre 2019 y 2022, Ríos presentó denuncias ante el Ministerio de Cultura, ante el Órgano de Control Institucional del MINCUL y directamente ante la Contraloría. La mayoría fue desestimada bajo el argumento de que se trataban de hechos de “interés particular”, pese a comprometer inversiones superiores a S/ 8,8 millones solo en su primera etapa.
El panorama cambió en noviembre de 2024, cuando el arqueólogo presentó nuevos medios de prueba que, según la documentación evaluada por el Órgano de Auditoría Interna de la Contraloría, justificaron la reactivación del caso. Esos nuevos elementos incluyen registros administrativos, comunicaciones internas, evidencias de supervisión insuficiente y documentación referida a la aprobación de etapas del proyecto sin sustento técnico.
CARTA N.° 000022-2025-CG/AI: EL ANTES Y DESPUÉS
El documento de la Contraloría establece tres decisiones concretas:
Proceso administrativo disciplinario: Los cuestionamientos dirigidos contra exjefes y personal del OCI del Ministerio de Cultura, así como de otras áreas del Sistema Nacional de Control, fueron derivados a la Gerencia de Capital Humano. La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios deberá evaluar hechos y responsabilidades funcionales según normativa vigente.
Evaluación por presunta red de corrupción: Las afirmaciones que vinculan a servidores de la Contraloría y del Ministerio de Cultura con un posible esquema de corrupción interna fueron remitidas a la Oficina de Integridad Institucional, encargada de recibir denuncias sobre actos de corrupción del personal. Su función será analizar los hechos, revisar la documentación y derivar lo que corresponda.
Investigación de control en Moquegua: Las presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto —bajo responsabilidad directa de la Municipalidad Distrital de Torata— fueron enviadas a la Gerencia Regional de Control de Moquegua, que deberá evaluar y procesar los hechos dentro de su ámbito territorial.
La carta señala expresamente que ninguno de los extremos fue archivado, activando así procedimientos internos que podrían desembocar en auditorías, procesos disciplinarios y, eventualmente, derivaciones fiscales si se identifican indicios relevantes.
FUNCIONARIOS MENCIONADOS EN LA DOCUMENTACIÓN DEL CASO
Las denuncias mencionan a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Torata, del Ministerio de Cultura (incluyendo su Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble), del Órgano de Control Institucional del MINCUL y de unidades de la Contraloría, tanto en sede central como en la Gerencia Regional de Moquegua. Todos ellos mantienen intacta su presunción de inocencia.
Las actuaciones y nombres consignados corresponden a cargos que, según la denuncia, habrían tenido injerencia técnica, administrativa, presupuestaria o de supervisión durante el desarrollo del proyecto entre 2018 y 2022.
En el ámbito municipal, se incluye al ingeniero Edgar Choque Gómez, quien fue residente de obra en 2018 y, en 2019, responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones como gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano, Rural y Ambiental, así como a la ingeniera Marlene Carcausto Laura, residente de obra durante 2019.
En el Ministerio de Cultura y su DGPAI figuran Lyda Casas y Luis Felipe Mejía en su condición de directores generales, Janie Gómez como directora de calificación de intervenciones del DCIA, la arqueóloga Luisa Hableter, el director de gestión de monumentos Antonio Gamonal y el arqueólogo Aníbal Chávez. También se incluye al director del proyecto arqueológico en la temporada 2018–2019, Luis Gonzales Peñaranda, quien actualmente dirige la Dirección Desconcentrada de Cultura en Moquegua.
En el Órgano de Control Institucional del MINCUL la investigación alcanza a Verónica Rocío Dávila Flores, entonces jefa del OCI, y a la arqueóloga María Almestar Urteaga, ambas señaladas en la denuncia por presunto encubrimiento de irregularidades. A nivel del sistema nacional de control, la carta menciona a Oswaldo Yupanqui, Katia Tirado, Roberto Peralta y Arturo Zea Manrique —este último en su condición de gerente regional de Control de Moquegua— como funcionarios cuyas actuaciones deberán ser evaluadas por las áreas internas competentes.
De manera paralela a estas actuaciones administrativas, el caso también se encuentra bajo conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción de Lima, donde el arqueólogo Moisés Salvador Ríos Canales presentó denuncia desde 2022. Con la incorporación de nuevas pruebas durante 2024, el expediente fiscal avanzó hacia una etapa preliminar que podría derivar en investigación preparatoria.
El caso “Cerro Baúl” se ha convertido en un asunto de alcance nacional, pues involucra inversiones superiores a los S/ 42 millones y expone un conjunto de fallas administrativas y presuntos actos irregulares en los niveles nacional, regional y local.
