Por: Jorge Lira Torres
A pocas semanas de haberse iniciado las obras de rehabilitación del Castillo Forga, la Contraloría General de la República ha detectado diversas irregularidades que tienen como origen los inesperados cambios dispuestos por el Gobierno Central en esta que es la etapa final y decisiva para alcanzar el anhelado proceso de ver totalmente rehabilitado este monumento histórico de Mollendo.
Después de lograrse el difícil proceso de expropiación de estos predios y concretarse el pago del justiprecio en los plazos fijados por la ley, el mayor reto del Patronato fue buscar entre algunas alternativas una que permitiera rehabilitar dicho monumento histórico. Finalmente, se arribó a acuerdos con el Plan Copesco, autoridad autónoma del Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo), cumpliendo previamente los requisitos establecidos.
Una vez obtenida la aprobación de dichos requisitos técnicos y legales, el organismo citado incluyó como obra prioritaria la rehabilitación del Castillo, comprometiéndose a asumir todo el proceso de preinversión. Para la elaboración del expediente técnico de la rehabilitación (no reconstrucción) del monumento histórico se contrató los servicios de la empresa Volcan S.A.
El informe final de dicho estudio fue sometido a la opinión de diversas entidades, incluyéndose una exposición en la Estación Cultural de Mollendo, lo que permitió levantar todas las observaciones y realizar los ajustes necesarios, para que, mediante una Resolución Directoral del Plan Copesco, se diera por aprobado el estudio.
En el mes de julio del presente año, este organismo licitó varias veces la ejecución de las obras de rehabilitación, otorgando finalmente la buena pro a la empresa Aro Constructora y Mineros E.I.R.L., y seguidamente lanzó la licitación pública para seleccionar al supervisor de las obras.
En esta instancia, el Mincetur decidió la liquidación del Plan Copesco (ahora Uicet), asumiendo directamente todas sus acciones, incluida la licitación en marcha del supervisor de las obras del Castillo. Así, el hace unas semanas se suscribió el contrato de obras con la empresa constructora, dejando en suspenso la contratación del respectivo supervisor.
Como se trata de una obra pública, la Contraloría tendrá que pedir las explicaciones de sus observaciones al Estado, representado en este caso por el Mincetur.
