POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – UDI)
UN DELITO QUE COMENZÓ CON ACCESO A INFORMACIÓN PERSONAL
El vínculo entre el cibercriminal y su víctima se remonta a 2019, cuando Jorge Luis Yáñez Ibárcena adquirió un celular en el establecimiento CELMAR S.R.L. (Celulares Marina) de Ilo, agente autorizado de Claro donde trabajaba Víctor Manuel Arocutipa Nina como vendedor. Ese primer contacto permitió que el imputado accediera al dispositivo para configuraciones y resolución de problemas de servicio. Ese acceso inicial fue la puerta de entrada al delito.
Entre 2021 y 2022, comenzaron a aparecer consumos y facturaciones irregulares. Luego se descubrió que Arocutipa había adquirido un teléfono a crédito suplantando la identidad de la víctima y, con esa información, accedió a los sistemas bancarios del BCP y BBVA, solicitando préstamos y productos financieros a nombre de Yáñez. Los fondos fueron transferidos a sus propias cuentas hasta por un total de S/ 65,000 (sesenta y cinco mil soles), supuestamente para invertir en criptomonedas, sin demostrar nunca tal destino. También realizó compras por internet, adquirió equipos móviles de alta gama y llegó a abrir una cuenta virtual en el BBVA a nombre del agraviado para consumar su fraude.
El perjuicio no fue solo económico: la víctima recibió amenazas de embargo por deudas que jamás contrajo, arrastrando angustia, preocupación y una profunda afectación emocional.
UNA SENTENCIA BENIGNA QUE LO DEJÓ EN LIBERTAD
Tras la denuncia presentada en 2022, el proceso concluyó recién el 13 de marzo de 2024. El Segundo Juzgado Unipersonal del Submódulo Penal de Ilo declaró culpable a Arocutipa por fraude informático y le impuso tres años y cuatro meses de pena privativa de libertad suspendida por dos años y cuatro meses, además de reglas de conducta, una multa de 78 días equivalente a S/ 666.12 y una reparación civil de S/ 45,000 pagadera en ocho cuotas mensuales.
Pese a la gravedad del delito —suplantación reiterada, solicitudes bancarias ilícitas y transferencia de fondos—, la condena no contempló cárcel. Arocutipa salió libre ese mismo día y jamás cumplió ninguna regla de conducta ni realizó pago alguno. El 9 de mayo de 2024, el Primer Juzgado Penal Unipersonal volvió a exhortarlo a cumplir. No hubo ningún avance.
Entre octubre de 2024 y julio de 2025, se emitieron tres amonestaciones judiciales. Ninguna fue acatada. No existe registro de pago alguno, con la reparación civil de S/ 45,000 completamente impaga. Durante todo este periodo, el sentenciado permaneció en libertad.
REVOCA SU LIBERTAD Y ORDENAN PRISIÓN EFECTIVA
La justicia reaccionó más de un año después. Recién el 14 de octubre de 2025, la jueza Jackie Marlene Mariñas Zoto, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sub Sede del Módulo Penal Ilo, emitió la Resolución N.° 21, declarando fundado el requerimiento fiscal y revocando la suspensión de la pena de marzo de 2024.
La magistrada dispuso que Víctor Manuel Arocutipa Nina cumpla tres años y cuatro meses de pena privativa de la libertad efectiva por fraude informático, ordenó girar las órdenes de captura y dispuso su notificación domiciliaria. La resolución señala expresamente que las amonestaciones previas fueron ineficaces y que el sentenciado mostró una conducta renuente, sin justificar su incumplimiento ni realizar pago alguno.
Desde este fallo, queda pendiente su ubicación y captura para el inicio de la ejecución de la pena.
UNA SITUACIÓN QUE GENERA PREOCUPACIÓN E INDIGNACIÓN
El caso expone deficiencias estructurales: una sentencia considerada benigna frente a un fraude grave, la falta de control efectivo del cumplimiento de obligaciones y la lentitud judicial que permitió más de un año de libertad al sentenciado.
La Unidad de Investigación de Prensa Regional advirtió desde su primera publicación que decisiones tan suaves pueden incentivar el fraude informático, incrementando el riesgo para la seguridad digital y la privacidad bancaria de los ciudadanos.
Mientras el sentenciado permaneció libre sin acatar nada de lo ordenado por el Poder Judicial, Jorge Luis Yáñez enfrentó amenazas de embargo, problemas financieros, dos años de trámites y asesoría legal hasta obtener una sentencia que jamás fue cumplida en el aspecto económico. La reparación civil sigue impaga.
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