POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UNIDAD DE INVESTIGACIÓN – UDI)
La Unidad de Investigación de Prensa Regional (UDI) accedió a documentos e información reservada, la misma que fue corroborada y confirma que el Ministerio Público aperturó una investigación preliminar contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Ilo, Humberto Jesús Tapia Garay, por el presunto delito de peculado en agravio de la propia comuna.
Los documentos oficiales —incluyendo la Disposición Fiscal N.º 01-2025-2°-D/I FPPCI emitida con fecha 22 de septiembre de 2025 y varias conformidades de servicio— revelan serios indicios de un presunto mecanismo de cobro indebido mediante el uso de recibos de honorarios de terceros para justificar pagos municipales por servicios que nunca habrían sido prestados por personas que solo habrían facilitado sus recibos solicitados por su amigo.
Toda esa documentación se encuentra en la Carpeta Fiscal N.º 2126-2025, que ahora investiga el fiscal Milton José Huanca Ttito del 5.º Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.
FISCAL RAÚL SALAZAR LAZO INICIÓ INVESTIGACIÓN ANTE DENUNCIA VERBAL
La denuncia verbal fue presentada por el abogado Flavio César Ninaja Salas, quien trabajó en el Despacho de Alcaldía junto a su compañero de labores Carlos Damián Díaz Reyes desde septiembre de 2023 hasta agosto de 2025, por lo que el denunciante es testigo directo de los hechos.
Ninaja decidió acudir al Ministerio Público de Ilo ante lo que consideró una estructura irregular que se habría ejecutado con conocimiento del propio alcalde Tapia. Ese mecanismo denunciado —cobros con recibos ajenos y “trabajadores fantasma”— se origina, según la denuncia verbal presentada al fiscal Raúl Salazar Lazo de la 2.ª Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ilo, en que el trabajador Carlos Damián Díaz Reyes habría cobrado servicios municipales utilizando recibos de honorarios prestados por al menos dos personas, con el fin de evitar el corte laboral por el tiempo transcurrido y así poder continuar trabajando, ya que no podía emitir sus propios recibos para seguir laborando al lado del alcalde de Ilo.
Las personas que habrían facilitado los recibos de honorarios son Enma Monzerrat Castro Álvarez de Postigo, cuyos recibos corresponden a noviembre y diciembre de 2023. De igual forma, se señala a Miguel Ángel Torres Bracamonte, cuyos recibos corresponden a diciembre de 2024 y enero de 2025.
Ambos figuran como proveedores que habrían brindado servicios a la municipalidad; sin embargo, según el denunciante, nunca asistieron a laborar al Despacho de Alcaldía, nunca prestaron servicio alguno y serían lo que el abogado Flavio César Ninaja Salas denomina “trabajadores fantasmas”.
Pese a ello, la Municipalidad de Ilo y el propio alcalde emitieron, firmaron y sellaron las conformidades de servicio, y una de ellas incluso lleva el sello y la firma del teniente alcalde Carlos Alberto Mamani Téllez en su calidad de alcalde encargado. Todos esos documentos fueron necesarios para autorizar el pago del supuesto servicio de ambas personas, pues daban por cumplidas actividades que, en la práctica, no habrían realizado. En su lugar, habría actuado suplantándolos Carlos Damián Díaz Reyes.
EN DOCUMENTOS EL PERSONAL HABRÍA TRABAJADO EN ALCALDÍA, PERO NADIE LOS VIO
Lo más grave: el denunciante asegura haber visto personalmente cómo Carlos Damián Díaz Reyes llenaba de su puño y letra los documentos administrativos, para luego tramitar el pago a nombre de terceros y cobrar los montos asignados.
Las conformidades de servicio cuestionadas refuerzan la sospecha fiscal. Entre los documentos a los que accedió la UDI de Prensa Regional figuran conformidades emitidas en los años 2023, 2024 y 2025, atribuidas a esas dos personas que habrían facilitado sus recibos de honorarios en meses específicos.
En todos esos documentos se detalla la misma descripción del servicio: una supuesta “coordinación y monitoreo de desarrollo de actividades y audiencias de Alcaldía”.
Según la denuncia, estas labores necesariamente debían ser realizadas de manera presencial en el Despacho de Alcaldía, lo que nunca ocurrió, y sería de pleno conocimiento de todo el personal que labora junto al alcalde Humberto Tapia.
El fiscal Raúl Salazar Lazo, quien labora en la sede del Ministerio Público en Ilo y fue el responsable inicial del caso, emitió la Disposición Fiscal N.º 01-2025-2°-D/I FPPCI con fecha 22 de septiembre de 2025.
En dicho documento dispuso la apertura de investigación preliminar por 30 días por el presunto delito de peculado contra el alcalde Humberto Jesús Tapia Garay, así como varias diligencias urgentes, entre ellas la declaración indagatoria del denunciante Flavio César Ninaja Salas, la solicitud de copias certificadas de recibos y expedientes de contratación, y la recepción de la declaración indagatoria de Carlos Damián Díaz Reyes.
También ordenó obtener copias certificadas de las conformidades de servicio usadas como sustento para los pagos.
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DE MOQUEGUA AHORA INVESTIGA LOS HECHOS
La Fiscalía de Ilo, al recabar y evaluar la denuncia, y tras realizar las diligencias correspondientes, encontró indicios razonables de que los hechos estarían tipificados como un delito de corrupción de funcionarios.
Determinó, por ello, que la competencia para dicha investigación es exclusiva de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua, motivo por el cual remitió —con fecha 4 de noviembre de 2025— la Carpeta Fiscal N.º 2126-2025.
Actualmente, el caso está a cargo y bajo responsabilidad del fiscal Milton José Huanca Ttito.
Los hechos denunciados expresan un esquema o circuito en el que se habría cobrado “a nombre de otras personas para seguir obteniendo ingresos en la municipalidad”. Se señala incluso que los supuestos proveedores “nunca han venido a laborar”, lo que refuerza la necesidad de una pericia grafotécnica, por la denuncia de que los documentos fueron llenados por una persona distinta al supuesto proveedor, asimismo es necesario la visualización de cámaras de seguridad y verificación del registro de ingreso y salida de persona, es necesario e importante la declaración de la abogada Claudia Arias Téllez, encargada de la Secretaria General de Alcaldía quién coordina directamente con el alcalde Humberto Tapia y con los que laboran allí.
SERÍAN GRAVES HECHOS DE CORRUPCIÓN EN EL MISMO DESPACHO DE ALCALDÍA
La gravedad de lo expuesto no solo radica en el presunto perjuicio económico para la Municipalidad Provincial de Ilo, sino también en que el esquema denunciado habría ocurrido en el corazón del Despacho de Alcaldía.
Ese espacio debería garantizar la estricta observancia de los principios de legalidad, probidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
De corroborarse los hechos, comprometería directamente la situación legal del alcalde Humberto Tapia Garay, quien —según la denuncia— habría tenido conocimiento y dado conformidad a las operaciones irregulares.
PRENSA REGIONAL CONTINUARÁ REVELANDO INFORMACIÓN
La UDI de Prensa Regional solo ha hecho referencia a los documentos formales que amparan la denuncia y que se encuentran en el Ministerio Público. Muy aparte, continuará procesando la documentación e información reservada y confidencial a la que ha tenido acceso y estará atenta al desarrollo de las diligencias fiscales.
El caso recién inicia, pero los documentos oficiales revisados hasta ahora revelan un patrón preocupante de un procedimiento administrativo ilegal en la administración de los recursos municipales, amparado —según denuncia— desde los más altos niveles de la gestión edil.
Cabe señalar que Prensa Regional, antes de la publicación, presentó por mesa de partes una solicitud para entrevistar al alcalde Humberto Tapia sobre este y otros temas relacionados a su gestión. Hasta el día de hoy no se ha obtenido respuesta.
ELEMENTOS CLAVE DEL EXPEDIENTE FISCAL
El expediente fiscal revisado por la UDI de Prensa Regional revela puntos centrales que sustentan la investigación por presunto peculado:
- Testigo presencial del despacho.
El denunciante laboró dentro del Despacho de Alcaldía, lo que otorga relevancia a su versión al ser testigo directo de los hechos denunciados.
- Conformidades idénticas y servicios que exigían presencia física.
Todas las conformidades tienen la misma redacción y describen funciones que debían realizarse dentro de la Alcaldía, pese a que los supuestos proveedores nunca acudieron.
- Elaboración de documentos por un tercero.
El presunto operador habría llenado de su puño y letra la documentación firmada a nombre de otras personas.
- Necesidad de pericia grafotécnica.
La Fiscalía debe considerar indispensable verificar la autoría real de los documentos, solicitado por el denunciante.
- Caso derivado a Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía de Ilo determinó indicios de delito funcional y remitió la carpeta a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua.
