POR: JULIO FARFÁN VALVERDE (UDI – UNIDAD DE INVESTIGACIÓN)
La controversia por la presunta designación ilegal de la gerente municipal de Ilo, Lía Salazar Suclle, tomó un giro decisivo este 17 de noviembre, luego de que el abogado ileño Larry Ormeño Cabrera presentara una denuncia penal contra el alcalde Humberto Tapia Garay, la gerente municipal y el Subgerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Ilo.
Según explicó el abogado, la decisión de interponer la denuncia surge tras conocer la investigación periodística publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de Prensa Regional, la cual reveló que los oficios e informes emitidos por SERVIR y el pronunciamiento institucional de la Contraloría confirmaban irregularidades que no fueron corregidas, pese a conferencia de prensa en las que la gerente municipal Lia Salazar intentó desviar el eje del problema y desacreditar el trabajo periodístico.
LA DENUNCIA PENAL ABARCA LAS DESIGNACIONES DE 2023 Y 2024
Contrariamente a lo sostenido por las autoridades municipales, la denuncia presentada por Ormeño no solo involucra la designación del 2 de enero de 2024 —que motivó la supervisión de SERVIR—, sino también la designación previa mediante Resolución N°011-2023-A-MPI emitida con fecha 5 de enero de 2023.
El abogado explicó que, de acuerdo con los documentos oficiales de SERVIR, al 2 de enero de 2024, Lía Salazar Suclle no cumplía el requisito mínimo de 2 años de experiencia específica en puestos directivos con reporte a Alta Dirección, exigido por la Ley 31419 y su reglamento. SERVIR acreditó que solo tenía 1 año, 5 meses y 7 días de experiencia relevante.
Por ello —razona el abogado—, es evidente que en enero de 2023 aún tenía menos experiencia, hecho que no fue advertido ni informado por la Municipalidad. En consecuencia, ambas designaciones —2023 y 2024— habrían sido emitidas en incumplimiento de los requisitos legales, configurando los presuntos delitos de nombramiento ilegal de cargo y aceptación ilegal de cargo, tipificados en el artículo 381 del Código Penal.
SERVIR Y CONTRALORÍA: ADVERTENCIAS IGNORADAS POR LA MUNICIPALIDAD
El análisis de SERVIR —recogido en los oficios N.º 000088-2025 y 005254-2025— determinó que la funcionaria no cumplía el perfil mínimo al momento de su designación el 02 de enero de 2024 y recomendó evaluar incluso la nulidad de los actos de designación, la continuidad de la funcionaria en el cargo, y el posible inicio de un proceso disciplinario.
Nada de ello fue ejecutado por la Municipalidad.
De igual forma, la Contraloría precisó, en comunicado aclaratorio del 13 de noviembre, que el Órgano de Control Institucional (OCI) recién tomó conocimiento de los oficios de SERVIR en octubre de 2025, pese a que la gerente municipal declaró públicamente lo contrario señalando que el OCI estaba debidamente informado.
INTENTO DE DESACREDITAR A PRENSA REGIONAL
Tras la publicación del informe periodístico, la gerente municipal declaró que Prensa Regional presentaba información “tendenciosa” o “incompleta”. No obstante, no respondió los hechos centrales documentados por SERVIR y Contraloría, omitió explicar por qué fue designada sin cumplir el perfil exigido.
Asimismo, se limitó a comentar un solo documento (Oficio N.º 000088-2025) emitido con fecha 08 de enero de 2025, evitando referirse al Oficio N.º 005254-2025, emitido con fecha 27 de junio de 2025, ni comunicó a los periodistas en la conferencia de prensa sobre la recomendación técnica de evaluar la nulidad del acto administrativo.
El abogado Ormeño sostuvo que estas declaraciones buscan “confundir a la opinión pública” y desviar la atención de los documentos oficiales que acreditan las irregularidades en la designación de la Gerente Municipal.
EL PUNTO CLAVE: CUMPLIR EL PERFIL EN 2025 NO CORRIGE LAS DESIGNACIONES ILEGALES DE 2023 Y 2024
SERVIR dejó claramente establecido en el Oficio N.º 005254-2025 que el eventual cumplimiento del perfil de la gerente municipal a partir de febrero de 2025 no subsana, corrige ni legaliza las designaciones anteriores, pues la verificación de requisitos se evalúa en la fecha del acto administrativo.
Por ello, el hecho de que la servidora cumpla actualmente los requisitos modificados en 2025 no convierte en válidas las designaciones de 2023 y 2024, que —según SERVI la designación del 02 de enero del año 2024 nació viciada de origen.
El abogado agregó que el delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargo se consuma en el instante en que la autoridad designa o el funcionario acepta el cargo sin cumplir los requisitos legales.
Por tanto, la presunta comisión del delito en 2023, y nuevamente en 2024, no se extingue ni se elimina por un cumplimiento sobrevenido del perfil en años posteriores.
Las tres resoluciones de designación, son la R.A. N.º 011-2023-A-MPI – Designación 05 enero 2023; R.A. N.º 076-2024-A-MPI – emitida el 13 de febrero de 2024 con efectos retroactivos al 02 de enero y la R.A. N.º 0061-2025-A-MPI del 03 de febrero del 2025.
Las dos primeras, según la denuncia y los informes de SERVIR, habrían sido emitidas sin cumplir el perfil legal exigido, afectando la validez de los actos posteriores.
ABOGADO RESPALDA LA LABOR PERIODÍSTICA
En comunicación con este medio, Larry Ormeño entregó una copia de la denuncia penal y precisó: “Han pasado más de diez meses desde que el área competente de la Municipalidad debía remitir esta documentación a la Fiscalía. No lo hicieron. Era necesario poner en conocimiento del Ministerio Público estos hechos, porque constituyen delito, con mayor razón si desde enero de 2023 ya se habría cometido la primera designación y aceptación ilegal del cargo”.
UN PROCESO QUE RECIÉN INICIA
La denuncia solicita que el Ministerio Público: admita el trámite de la denuncia, requiera a SERVIR todos los actuados de 2024 y 2025, recabe la documentación de Recursos Humanos correspondiente a 2023, y disponga el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito de nombramiento, designación o aceptación ilegal de cargo.
Con ello, se abriría un proceso formal para determinar responsabilidades penales, tras casi un año en que la Municipalidad evitó remitir la documentación solicitada, pese a las observaciones de diferentes entidades del Estado.
Prensa Regional reafirma su compromiso con una investigación rigurosa, documentada y verificada, pese a intentos de desacreditar la labor periodística desarrollada por este medio.
