Las autoridades de los centros poblados de Titire y Aruntaya, en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua), emitieron un pronunciamiento público en el que exigen al Gobierno central cumplir los compromisos asumidos frente a la contaminación del río Coralaque, fuente vital para las comunidades altoandinas.
El documento, firmado el 11 de noviembre de 2025 por autoridades locales y representantes comunales, advierte que, pese a los anuncios oficiales, los proyectos comprometidos —como la recuperación del río Tambo, la dotación de agua potable y alcantarillado, el asfaltado de la vía y la construcción de centros de salud— no se han concretado. Esta situación mantiene a la población en un estado de “desesperanza y abandono”.
“Denunciamos la inacción ante la contaminación del río Tambo, fuente de vida de nuestras comunidades”, señala el pronunciamiento, que recuerda el Decreto Supremo N.º 015-2024-MINAM, mediante el cual el Gobierno se comprometió a ejecutar proyectos de mitigación ambiental en la zona.
PROTESTA Y MARCHA DE SACRIFICIO
Ante la falta de resultados, los dirigentes informaron que iniciarán una marcha de sacrificio hacia Lima, respaldados por el biólogo Carlos Santos, quien emprendió un recorrido de 1,300 kilómetros en bicicleta desde Aruntaya hasta la capital. Este viaje, indicaron, simboliza el sufrimiento y la lucha de las comunidades por un río limpio y un ambiente sano.
“Demandamos una solución urgente y efectiva. Defendemos nuestro derecho a un ambiente sano, en paz y con justicia”, finaliza el documento firmado por la alcaldesa de Titire, Casimira Ramos Mamani, y la alcaldesa de Aruntaya, Sofía Poma Flores, junto a dirigentes comunales.
CRÍTICAS A LAS AUTORIDADES REGIONALES
Las comunidades reiteraron su llamado a los ministerios competentes, en especial al Ministerio del Ambiente (MINAM), para que atiendan con prioridad los compromisos asumidos y garanticen el derecho al agua limpia y a la salud ambiental en la cuenca del río Coralaque.
Por su parte, el presidente de la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua (FACAREMOQ), Lucio Flores Toledo, cuestionó duramente a la gobernadora regional de Moquegua, a quien acusó de no asumir un rol activo en la remediación ambiental.
“Pareciera que las autoridades, incluida la gobernadora, están cumpliendo consignas del Gobierno central. No están protegiendo la salud ni la vida de la población”, declaró.
Flores recordó que la contaminación del Coralaque fue declarada en emergencia ambiental en 2019, pero hasta hoy no se han ejecutado soluciones efectivas. En ese contexto, expresó su respaldo a la protesta de Carlos Santos, a quien calificó como un ejemplo de compromiso cívico. “Ha hecho lo que muchos funcionarios no se han atrevido: protestar con dignidad”, afirmó.
PROPUESTAS DESATENDIDAS
El dirigente mencionó que, cuando Santos se desempeñaba como gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Moquegua, presentó propuestas técnicas para el tratamiento de las aguas ácidas del Coralaque, pero fue destituido tras impulsar medidas que, según señaló, incomodaban a ciertos intereses. “Increíblemente, hasta hoy no se explica por qué lo retiraron, pese a que estaba haciendo bien su trabajo”, sostuvo.
Asimismo, reveló que, en noviembre del año pasado, su federación propuso trasladar aguas subterráneas limpias desde Altarane hacia las plantas de tratamiento de Yunguyo y Chen Chen, con el fin de garantizar agua segura para Moquegua. Sin embargo, lamentó que la gobernadora no haya dado seguimiento a esta alternativa. “Le presentamos pruebas y soluciones, pero no hubo interés. Ha pasado un año y no tenemos respuesta”, enfatizó.
EXIGENCIA DE ACCIONES CONCRETAS
Flores también criticó que la marcha del 14 de agosto, anunciada como una movilización ambientalista, terminara desviándose hacia reclamos presupuestales, desaprovechando la oportunidad de exigir la remediación del río Coralaque. “Se utilizó a la población con otros fines. Esa era la ocasión para hacer sentir nuestra voz, pero se perdió el rumbo”, comentó.
Finalmente, advirtió que las organizaciones civiles y ambientales continuarán exigiendo medidas concretas y que, de persistir la inacción, denunciarán a los funcionarios responsables por omisión y afectación a la salud pública.
