El jueves 13 de noviembre se realizarán los alegatos finales en el juicio contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir millonarias coimas cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014). Tras esa audiencia, el caso quedará al voto del tribunal, que podría imponerle hasta 15 años de prisión.
El fiscal superior Rafael Vela declaró que confía en una condena ejemplar, asegurando que las pruebas confirman los pagos de sobornos por parte de las empresas Obrainsa e ICGGSA para adjudicarse los proyectos de irrigación Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, respectivamente.
“Tras los alegatos de la Fiscalía, solamente queda la presentación del propio señor Vizcarra y la decisión del colegiado, que nosotros estimamos no debe pasar las dos semanas”, señaló Vela en Perú21TV.
El coordinador del equipo especial Lava Jato destacó que el fiscal Germán Juárez, encargado de la acusación, ha demostrado mediante testimonios y documentos que el exmandatario recibió S/1 millón de Obrainsa y S/1.3 millones de ICGGSA.
“El fiscal Juárez ha presentado toda la evidencia suficiente como para haber destruido la presunción de inocencia del señor Vizcarra, creemos que esta debe persuadir más allá de cualquier duda razonable a los integrantes del colegiado; el señor Vizcarra deberá merecer una sentencia de condena”, subrayó.
Uno de los colaboradores eficaces en el caso es el exministro y amigo de Vizcarra, Juan Manuel Hernández, quien confesó que el pago de S/1.3 millones se realizó en varias entregas desde marzo de 2014, tras insistentes mensajes del entonces gobernador al gerente de ICGGSA, Rafael Granados, exigiendo el dinero.
Pese a su inhabilitación para ejercer cargos públicos dispuesta por el Congreso, Vizcarra figura en la plancha presidencial de su partido Perú Primero.
Dicha fórmula está encabezada por su hermano Mario Vizcarra, quien evitó presentar sus propuestas durante el CADE Ejecutivo 2025, celebrado esta semana.
Una eventual condena por cohecho agravaría su situación legal y consolidaría su impedimento para postular, dado que la ley prohíbe que personas con sentencia penal accedan a cargos públicos. [Con información de Perú21]
