POR: DR. JAIME CALLALLA MAMANI
La función pública demanda inevitablemente un sólido soporte ético, pues como señalan Pimentel, Delgado y Cárdenas (2022) en su revisión teórica, “la ética en la función pública (…) es un pilar fundamental para la buena marcha de las instituciones del Estado y de los funcionarios y servidores públicos”. En el contexto de Moquegua, dicha exigencia cobra especial relevancia ante evidencias de conductas de corrupción que debilitan la confianza ciudadana y el desarrollo institucional.
Una investigación concreta sobre el Gobierno Regional de Moquegua en 2018 halló una correlación inversa significativa entre conducta ética y actos de corrupción, con un coeficiente de Spearman de –0.729 (p < 0.05) en una muestra de 24 funcionarios. (Observar la tabla).
Esto indica que, a menor conducta ética declarada, mayores fueron los actos percibidos de corrupción, lo cual plantea que la ética no es un mero complemento, sino un componente estructural de la integridad institucional. En términos normativos, la región y los gobiernos locales cuentan con su propio “Código de Ética” publicado, donde se recogen principios y deberes del servidor público conforme a la Ley N.º 27815 (“Código de Ética de la Función Pública”).
Sin embargo, la existencia de normas no se traduce automáticamente en un cambio de comportamientos organizacionales. Lara (2021) advierte que “la ética profesional y transparencia en la función pública” requieren no solo normas, sino también mecanismos de control, cultura institucional y rendición de cuentas.
La ética pública, tal como sostiene Coviello (2014), “es inseparable del Estado de Derecho y de la democracia (…) el poder estatal es ante todo moral y benefactor”. Cuando esa moralidad falla, la función pública pierde legitimidad.
Desde una perspectiva funcional, entonces, la región de Moquegua se encuentra en una fase de brecha entre lo normativo y lo real, donde la ética de la función pública debe fortalecerse mediante formación continua, transparencia en la gestión, acceso a la información y supervisión del cumplimiento. Esto no solo mejora resultados organizativos, sino que restituye la confianza ciudadana. Pimentel et al. señalan que “la ética pública es en la actualidad una gran responsabilidad de todos los sectores públicos y de los niveles de gobierno de la nación”.
Moquegua enfrenta un desafío doble: debe institucionalizar la ética como cultura operativa y vincularla con mecanismos de control y rendición de cuentas. Si bien el marco jurídico existe, el comportamiento ético del servidor público y la funcionalidad de la función pública requieren un refuerzo sustancial. Conforme al estudio sobre el Gobierno Regional, la correlación negativa entre ética débil y corrupción elevada alerta sobre la urgencia de transformar la función pública en la región desde su raíz ética. Solo así la función pública podrá cumplir su fin constitucional de “servicio a la Nación” con eficiencia, integridad y legitimidad.
